La meritocracia de la víctima y las barreras de cristal del aparato judicial

Cecilia es abogada, hizo posgrados en derecho del Estado y se especializó en políticas públicas. También es sobreviviente de abuso sexual cometido por un superior jerárquico en su propio lugar de trabajo. Consiguió una condena que el 84% de las víctimas en Argentina nunca alcanza. En este texto analiza por qué el sistema judicial promete acceso a la justicia y entrega, en cambio, una carrera de obstáculos diseñada para el agotamiento. Lo llama "la meritocracia de la víctima" y lo escribe desde su propia vivencia.

Me llamo Cecilia y soy abogada; tuve la posibilidad de estudiar, hacer posgrados en derecho del Estado y especializarme en políticas públicas. Pero hoy, ante los ojos de una ola reaccionaria que pretende hacernos retroceder casilleros enteros de derechos, soy, por sobre todas las cosas, una sobreviviente que cometió la osadía de denunciar, transitar el calvario institucional y conseguir una condena.

Esta sentencia representa lo que las estadísticas oficiales y los informes de Derechos Humanos catalogan como una anomalía absoluta: en la Argentina, donde la impunidad en delitos de violencia sexual supera el 84%, se conquistó una condena de tres años de prisión de ejecución condicional y una indemnización civil por daños contra Carlos Alberto Debiaggi —ex Director de Asuntos Jurídicos del INAES—. Él cometió el abuso en mi propio espacio de trabajo, valiéndose de su poder, de su intocable jerarquía de 44 años en el Estado y de una estructura institucional que, lejos de ser pasiva, operó activamente de manera corporativa para garantizar el amparo de un funcionario jerárquico, dilatando los resortes administrativos y pretendiendo sepultar mi reclamo bajo la alfombra de la burocracia estatal.

Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8 haya dictado esta sentencia condenatoria no es el fin de la historia. Si bien este paso es una victoria fundamental para todas, la falta de una sentencia firme amenaza con transformarse en otra barrera de cristal a futuro. Los jueces dictaron un fallo con un riguroso sustento probatorio, aplicando, además, perspectiva de género. Sin embargo, en los alegatos previos al fallo, la defensa del abusador intentó construir la teoría de que la ausencia de una pericia psicológica sobre la víctima significaba una falta de corroboración periférica, llegando a sostener que el caso quedaba en un estado de orfandad probatoria absoluta. Todo indicaría que este planteo, que pretende reducir un hecho de violencia sexual a una discusión puramente técnica, sería la columna vertebral de una más que probable apelación para intentar instalar que, sin una certificación de esa naturaleza, la palabra de una víctima no alcanza, aún cuando haya sido juzgada bajo los estándares de la sana crítica y la perspectiva de género.

Pero la pretensión de someter a una sobreviviente a un escrutinio de esa naturaleza —exigiendo una pericia forense en paralelo al tratamiento psicológico que continúo sosteniendo para mi recuperación— implicaría la exposición en sede judicial de aspectos íntimos del proceso terapéutico, afectando de manera directa e irreversible su confidencialidad. Los magistrados fueron contundentes frente a esto al determinar que la falta de una pericia de oficio no invalida el caso, rechazando la postura de la defensa de pretender subordinar la credibilidad de la víctima a una verificación pericial obligatoria. Pretender lo contrario, o permitir que se exija en instancias superiores una prueba de esa naturaleza no prevista en la ley, significa consagrar otra barrera de cristal corporativa orientada únicamente a desgastar y disciplinar a las denunciantes.

Al escuchar los argumentos de la defensa, al ver lo que se discute en los medios y en el Congreso, no puedo evitar sentirme profundamente identificada con los relatos de tantas compañeras. Sentí en carne propia lo que Thelma Fardin describió con tanta lucidez tras la condena a su agresor: los procesos judiciales por violencia sexual operan como una carrera de obstáculos diseñada para que las sobrevivientes abandonen por puro agotamiento. Nos exigen ser la "víctima perfecta": si estamos deprimidas, carecemos de estabilidad para testificar; si somos fuertes y seguimos adelante, entonces el hecho "no fue tan grave".

Al analizar las exigencias del proceso judicial y el juicio social que nos rodea, observo lo que podríamos denominar una verdadera "meritocracia de la víctima": la exigencia sistémica de demostrar méritos excepcionales para que nuestra palabra no sea cuestionada permanentemente. ¿Está garantizado el acceso a la justicia y la tutela efectiva para todas? ¿O acaso es necesario romper miles de barreras de cristal previamente para siquiera ser escuchada?

Soy consciente de mis privilegios y de la red de contención que me ha acompañado a lo largo de los años en busca de justicia, junto con el debido acompañamiento de mi querella. Pero, aun así, tuve que apelar a mis propios conocimientos para no desmoronarme, para decodificar ese laberinto y sostenerme de pie, para seguir reclamando justicia, para expresar las dificultades y para criticar las barreras de cristal que se presentan en el proceso. Si bien este primer paso es fundamental, el horizonte sigue siendo incierto; la sentencia aún no está firme y el camino, lejos de suavizarse, se presenta como una travesía constante que impone a la víctima estándares probatorios ajenos a otros delitos, obligándola a sostener una defensa permanente de su honorabilidad y su psiquis frente a un sistema que la cuestiona por defecto.

Hay condena, sí: pero a un costo personal y profesional muy alto. Mi caso no es la regla, es la excepción. ¿Qué pasa con las miles de mujeres que no tienen estas herramientas ni respaldo? ¿Qué pasa con ese 84.5% de casos que se caen en el camino porque las víctimas no logran cumplir con los estándares de esa meritocracia cruel?

En cuanto al abusador, la ausencia de condenas previas en el registro de reincidentes no habla de la inocencia histórica del imputado; habla, en todo caso, de cuánto les cuesta a las mujeres denunciar cuando quien comete los abusos ocupa una posición de autoridad tan consolidada y jerárquica. Ese historial "limpio" es la prueba viva del pacto de silencio que imperó durante décadas en los pasillos estatales.

Esta violencia no es un hecho aislado, sino una manifestación de poder, soberanía y control. Y cuando la estructura institucional opera para dilatar el proceso y congelar la carrera de la denunciante, el Estado se convierte en el principal ejecutor de ese mensaje disciplinador: “Miren lo que le pasa a la que habla; miren el calvario que le espera si se atreve a romper el pacto”.

Este escenario se vuelve aún más peligroso con la agenda legislativa de la actualidad, donde el proyecto de ley sobre las llamadas "denuncias falsas" pretende criminalizar a las víctimas si el sistema penal —el mismo que condena a cuentagotas— no logra probar el delito. Tal como se expuso en el reciente debate en comisión en el Congreso, el verdadero interés detrás de estas iniciativas no es proteger la verdad, sino generar un efecto disuasivo y de castigo regresivo. Las consecuencias serán gravísimas: se profundizará el silencio de las víctimas por el miedo real a enfrentar represalias penales del propio Estado por el solo hecho de denunciar, desmantelando los resortes de protección institucionales existentes y condenando a las sobrevivientes al desamparo.

Carlos Alberto Debiaggi aún no apeló la sentencia, pero quedan escasos días para que se venza el plazo legal y es de prever que utilizará ese recurso. Con 78 años de edad, la estrategia de dilatar el tiempo judicial suele jugar a favor de la impunidad, apostando al desgaste biológico y procesal del caso. Muy por el contrario a él, a mí, a pesar de todo lo padecido y de la incertidumbre de esta espera, lo que me mueve es la esperanza de un futuro más justo para todas. Cuando la apelación finalmente llegue a la instancia revisora, en mi cabeza resonarán estas preguntas: ¿se actuará conforme a la Constitución Nacional, al derecho internacional, al Pacto de Belém do Pará y a la rigurosa plataforma probatoria que determinó este fallo, o se permitirá que la dilación y los discursos regresivos consagren la impunidad?

Por eso escribo esto, porque la condena al abusador aún no está firme, el riesgo sigue latente. El sistema seguirá buscando la forma de hacernos pagar por nuestra audacia, imponiendo barreras y más barreras para fracturar.

Mi nombre es Cecilia, logré una condena fundamentada, pero mi victoria será incompleta hasta que la justicia deje de ser un privilegio de quienes pueden romper, una a una, las barreras de cristal. La meritocracia de la víctima es la trampa que sostiene la impunidad; desmantelarla no depende de nuestro esfuerzo individual, sino de una estructura estatal que, por fin, deje de disciplinarnos y comience a protegernos. Solo entonces, cuando el acceso a la verdad no exija un heroísmo extraordinario, podremos decir que la justicia es, verdaderamente, para todas.