Ley de Salud Mental: el gobierno impulsa una modificación regresiva
“El objetivo de este proyecto no es mejorar la atención en salud mental, es garantizar el desarrollo de un sector privado de clínicas y sanatorios psiquiátricos”, explica Alicia Stolkiner, psicóloga e investigadora especializada en políticas de salud mental.
El Poder Ejecutivo envió durante abril un proyecto al Congreso Nacional para modificar la Ley 26.657 de Salud Mental. El texto elimina la sustitución progresiva del modelo manicomial, disuelve la obligación de construir una red comunitaria de atención y remueve la centralidad del trabajo interdisciplinario.
Para Mónica Macha, senadora de la provincia de Buenos Aires, la reforma implica un retroceso para los derechos de las personas con padecimientos mentales. “Es el regreso a un modelo de exclusión donde se encierra, se aísla y se dopa. Un modelo, por otra parte, que ha demostrado su ineficacia y su altísimo valor presupuestario a través de la historia”.
Vigilar y castigar: De vuelta al manicomio
La Ley 26.657 fue pionera en la región. Se sancionó en 2010 en línea con un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental a nivel internacional. Una de sus premisas fundamentales era terminar con el odelo manicomial para pasar a otro basado en la atención comunitaria, la integración de la salud mental en los servicios generales y el reconocimiento de las personas usuarias como sujetos de derecho.
A través del cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos y la prohibición de crear nuevas instituciones de este tipo, se lograría establecer un modelo de atención que respetara los derechos humanos. El proceso de sustitución nunca se completó de forma definitiva, pero el proyecto que impulsa el gobierno nacional va en la dirección opuesta: entre otras medidas, reinstala los hospitales psiquiátricos, flexibiliza los criterios de internación involuntaria y elimina los dispositivos de atención comunitaria.
“Con el modelo manicomial se pierde de vista al sujeto, queda reducido a un objeto de estudio, diagnóstico, etiquetación y aislamiento”, dice Mónica Macha. En un contexto donde los lazos sociales están deteriorados, ¿qué puede ser peor que volver a un sistema que profundiza el desmantelamiento de lo comunitario?
En un análisis técnico sobre el proyecto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presenta argumentos sólidos a favor de la integración de la salud mental en los servicios generales por oposición a los especializados, como busca el Ejecutivo. “Los dispositivos de primer nivel y los hospitales generales están mejor distribuidos territorialmente y son, en consecuencia, más cercanos a las personas, por lo que favorecen la prevención y el abordaje oportuno de situaciones que luego podrían devenir en crisis”, sostienen.
En el artículo 11 de la Ley vigente, además, se enumeran a modo de ejemplo algunos dispositivos de atención comunitaria que el Ministerio de Salud debería promover en todo el país para fortalecer el enfoque de salud comunitaria. Algunos de ellos son las consultas ambulatorias, casas de convivencia, hospitales de día, cooperativas de trabajo, servicios de inclusión social y laboral, servicios para la promoción y prevención en salud mental, entre otros. La lista, que se incluye a modo de orientación, fue eliminada del proyecto de reforma y reemplazada por “dispositivos comunitarios y socio-laborales”. Un cambio que abre la puerta a la discrecionalidad.
Stolkiner aporta una mirada económica: “Eliminar los dispositivos comunitarios es también una manera de favorecer la inversión en clínicas y sanatorios privados, que es uno de los objetivos de la reforma”. Porque si no hay inversión en salud mental desde el Estado nacional, ¿quién se va a hacer cargo de la demanda? Y aún más importante, ¿qué pasa con quienes no puedan pagar estos servicios?
Sin presupuesto no hay ley que aguante
A fines del 2024 el gobierno nacional comenzó a atacar al Hospital Laura Bonaparte, el único hospital general del país especializado en salud mental y adicciones, donde los profesionales de la salud se forman para trabajar en equipos interdisciplinarios. Hubo despidos masivos, cerraron la guardia y el servicio de internaciones.
“En enero del 2025 fueron despedidos 200 trabajadores de todas las disciplinas que atienden la salud mental y en abril del 2025 también se cerraron los cupos de la residencia interdisciplinaria”, recuerda Julieta Chevallier, trabajadora social del Bonaparte.
Luego de un largo proceso de lucha por parte de toda la comunidad, se reabrieron los servicios y se reincorporó a una pequeña parte del personal despedido. Sin embargo, hoy el Bonaparte tiene menos recursos humanos para responder ante la demanda que recibe, sobre todo en los equipos dedicados al abordaje territorial y comunitario. “Dejamos de ir a algunos barrios porque echaron a los profesionales del servicio y no quedó quien sostenga las postas de salud”, cuenta Mariana Bourdette, residente de musicoterapia.
En el mismo movimiento en que desfinancia el único hospital dedicado a salud mental y adicciones en el país, el gobierno presenta una ley que dice mejorar las condiciones de este sistema. ¿Cómo se explica esta contradicción?
Para Alicia Stolkiner la reforma está lejos de perseguir ese objetivo: “El presidente ha dicho que sueña con una sociedad de seguros, con el modelo norteamericano de salud que es el más ineficiente del mundo. El más caro y con peores resultados, pero que es puro mercado”.
Se refiere a la intervención de Javier Milei en el Latam Economic Forum del 2026 cuando dijo: “Nosotros vemos que el Estado se comporta como un prestador de servicios. A la vejez, en el caso de la jubilación. A la enfermedad, en el caso de la salud pública. Si desarrollamos un mercado privado de seguros que sea competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga en esas áreas desaparece por sí sola”. Llamó a esta idea “la revolución de los seguros” y anunció que la van a presentar en el futuro próximo con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El afán por achicar el Estado y privatizar son parte central de la política del gobierno libertario, eso no es ninguna novedad. Pero tanto la experiencia del Bonaparte como el testimonio de Milei dejan en evidencia que los objetivos nobles que dice perseguir la reforma de la Ley de Salud Mental no son más que una pantomima.
Si el gobierno buscara realmente mejorar la atención podría elegir primero, por ejemplo, respetar el artículo 32 de la Ley 26.657 que obliga al Ejecutivo a destinar el 10 por ciento del gasto total en salud a salud mental. Desde el 2010, esa cláusula nunca se cumplió. Si bien en los últimos diez años el porcentaje no superó el 2,66 por ciento, la inversión prevista para 2026 representa tan solo el 1,42 por ciento. El problema no es la Ley actual, sino la falta de financiamiento.
“Si la Ley se reforma, se va a profundizar el recorte, se va a tender a la mercantilización. Las personas sin un padecimiento de salud mental grave van a quedar por fuera del sistema de salud. Se va a expulsar a cada vez más población”, predice la trabajadora social del Hospital Bonaparte.
Mónica Macha aclara que la actual ley de salud mental genera menos gastos para el Estado que el modelo de internaciones. “Hay que fortalecer a los equipos de salud mental, invertir en dispositivos de integración, como casas de convivencia, espacios colectivos y programas que ayuden al trabajo y al estudio para ser parte de una comunidad”.
Las internaciones involuntarias, el otro caballo de batalla
Si bien durante la redacción del proyecto no se hizo parte a actores sociales clave, como las organizaciones de personas con discapacidad o a los Colegios de Profesionales, sí hubo casos que se hicieron visibles para defender la reforma.
El que más resonó fue el de la mamá de Chano, el cantante de Tan Biónica, que reclamaba una flexibilización en las internaciones involuntarias. A raíz de su experiencia, contaba que los mecanismos vigentes en la ley hacían muy difícil poder intervenir en situaciones límite.
Mónica Macha explica que hoy más del 90 por ciento de las internaciones son involuntarias. Es decir, no se trata de un procedimiento inaccesible, sino que la Ley vigente garantiza mecanismos que buscan asegurar el respeto por los derechos humanos de la persona internada.
“Se confunde la internación involuntaria por criterios clínicos, con la internación compulsiva”, dice Julieta Chevallier. Según ella, muchas familias se encuentran desbordadas porque no encuentran acompañamiento, no cuentan con una atención destinada a la promoción de la salud y el acceso a los tratamientos es tortuoso. Entonces, se depositan todas las esperanzas en un procedimiento que no necesariamente va a solucionar el problema de base.
La reforma modifica los criterios para realizar intervenciones de este tipo. Por ejemplo, se podrá internar de manera involuntaria cuando la persona se encuentre en una situación de “riesgo grave, cierto o inminente”. En este caso se añade la dimensión de “riesgo grave” y se define como “aquellas contingencias que puedan desencadenar un daño que amenace o cause un perjuicio a la vida o integridad física de la persona o de terceros”.
El cambio, que puede parecer superficial, habilita que las personas sean internadas sin consentimiento en base a conductas pasadas o situaciones hipotéticas. Es decir, una cláusula pensada para habilitar intervenciones en casos de riesgo verdadero y presente, termina quedando librada a la interpretación. Además, todo aquel que haya atravesado alguna situación de salud mental pasa a estar en una posición de vulnerabilidad permanente frente al sistema.
“Estamos bastante más cerca de la idea anterior de peligrosidad, un riesgo posible que necesariamente tiene que ser diagnosticado para la internación involuntaria por un médico”, sostiene Stolkiner.
Todo esto se ve acompañado por un debilitamiento del enfoque interdisciplinario y una preeminencia del rol de los médicos psiquiatras en la propuesta de reforma. La ley vigente apuesta por el cruce de disciplinas como una forma de brindar respuestas complejas frente a problemáticas que no podrían resolverse desde una sola disciplina.
“Deben participar distintos actores de la toma de decisiones sobre una internación, no puede depender de la decisión de una sola variable. Eso garantiza que no se interne por internar, como una modalidad de sacarse de encima a alguien”, defiende Macha.
Más allá de los abordajes, la dependencia a los médicos y médicas psiquiatras traería problemas adicionales, porque no todas las provincias y jurisdicciones cuentan con estos profesionales para garantizar las internaciones. Desde ACIJ escriben: “Al menos en el corto plazo, la brecha de atención podría agudizarse, al negarle a las personas el acceso a un tratamiento oportuno por la falta de profesionales de la psiquiatría”
Las discusiones en torno a la salud mental están a la orden del día. Fenómenos que antes podían explicarse por otras variables, hoy son leídos en clave de padecimientos psíquicos. Y mientras la demanda por respuestas aumenta, el Estado decide retirarse aún más y abandonar los caminos que buscan reconstruir los lazos comunitarios.
"Hoy tenemos una ley buena, una ley democrática, una ley ampliamente construida", sintetiza Macha. "Una ley que le falta presupuesto y que no es momento de abrir para su revisión". La pregunta que queda es a quién le conviene que la sociedad empiece a discutirla.