UNFPA reunió en Panamá a especialistas de la región para exigir el fin de los matrimonios en la infancia
Según datos de UNICEF citados durante el evento, cada año doce millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 en el mundo, lo que equivale a 23 niñas por minuto. América Latina y el Caribe es la única región del planeta donde esta práctica no bajó en las últimas dos décadas: una de cada cuatro mujeres jóvenes se unió o casó antes de esa edad.
El fenómeno está directamente ligado al embarazo adolescente: un tercio de esos embarazos preceden a una unión temprana, y casi la mitad de las adolescentes embarazadas ya estaban unidas antes de quedar en esa situación.
En materia legislativa, la región muestra avances desiguales. República Dominicana, Cuba, Perú, Colombia y Bolivia reformaron sus leyes entre 2021 y 2025 para prohibir el matrimonio antes de los 18 años sin excepciones. Argentina, en cambio, todavía permite casarse desde los 16 con autorización de representantes legales, e incluso antes con dispensa judicial; las provincias con mayor prevalencia son Misiones, Chaco y Formosa.
Ejes de discusión
Uno de los reclamos centrales llegó de boca de las propias adolescentes. Milagros, integrante de la red colombiana "Lideramos el Cambio", pidió que las respuestas estatales prioricen la prevención y la educación sexual integral por sobre las leyes que solo prohíben, y reclamó espacios de participación real en la toma de decisiones que las afectan.
La discusión sobre el alcance real de las leyes también ocupó gran parte del debate. Yamila González, del Comité CEDAW, planteó que la normativa por sí sola no resuelve el problema, porque cuando se prohíbe el matrimonio formal, la práctica tiende a correrse hacia uniones informales. Esa lectura coincide con lo que documenta el manual: en la región, la mayoría de los casos de MUITF son justamente uniones no registradas, lo que complica cualquier intento de medir la magnitud real del fenómeno y diseñar políticas efectivas.
En la misma línea, José Roberto Luna, de UNFPA, cuestionó los enfoques punitivos: según explicó, tienden a revictimizar a familias que ya atraviesan situaciones de injusticia social y desvían el foco de las medidas preventivas y de acceso a derechos.
El entorno digital también estuvo en agenda. Yesica Velarde, de la organización boliviana Ciberwarmis, planteó que los algoritmos de las redes sociales reproducen lógicas patriarcales que naturalizan vínculos desiguales entre adultos y adolescentes bajo etiquetas que se presentan como aspiracionales, cuando en realidad constituyen violencia digital.
Tarcila Rivera Zea, fundadora de ECMIA, puso el foco en las comunidades indígenas, donde los índices de MUITF son particularmente altos, y llamó a construir respuestas con enfoque intercultural e intergeneracional en lugar de discursos que estigmatizan a esas comunidades.
La participación de Feminacida
En ese marco presentamos "Narrar los MUITF", el manual de claves para una comunicación ética sobre estos matrimonios y uniones, un trabajo que armamos junto a Equality Now para dar herramientas concretas a quienes cubrimos estos temas todos los días.
Además de mostrar ese material, nos sentamos a discutir con activistas, especialistas, integrantes del CEDAW y funcionarios de distintos países de la región. Nos volvimos con algunas certezas renovadas: que la respuesta tiene que priorizar prevención, educación y acompañamiento antes que castigo; que las adolescentes reclaman, con toda razón, espacios reales donde su palabra pese en las decisiones que las afectan; y que el pensar en cómo afectan los entornos digitales en este tema es tan urgente como cualquier ley.
¿Alcanza con nombrar bien un fenómeno para empezar a torcerlo? Probablemente no. Pero después de dos días en Panamá, confirmarmos que seguir eligiendo mal las palabras es, también, una forma de sostener lo que decimos combatir.
