Libertad para Paola: “Que el Poder Judicial revise esta condena injusta”
En Córdoba, la provincia del femicidio de Agostina Vega y de la desaparición de Delicia Mamani, donde se realizará el próximo Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, Paola Ortiz lleva 4984 días presa por un crimen que no cometió: la acusan de homicidio por una emergencia obstétrica. Desde abril de 2024, el recurso de revisión de su condena con perspectiva de género duerme en los cajones del Superior Tribunal de Justicia cordobés que, en pocos días, entrará en receso. ¿Qué violencias atraviesan este caso? ¿Cuánto más puede esperar?
“La situación judicial de Paola Ortiz continúa siendo extremadamente preocupante”, alerta Rocío Garro, Coordinadora del Área de Litigio de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). “Paola fue condenada a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo, a pesar de que la propia prueba producida durante el proceso no acreditó un nacimiento con vida”, aclara. Para la abogada, tanto la investigación como el juzgamiento estuvieron atravesados por estereotipos de género, prejuicios sobre la maternidad y una absoluta ausencia de análisis del contexto de vulnerabilidad en el que ocurrieron los hechos.
En el año 2012, Paola Verónica Ortiz tuvo un parto en avalancha. Tenía 29 años, dos hijos y vivía en condiciones de extrema precariedad en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Tras un nacimiento sin vida, la justicia la condenó a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo.
Desde la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, las abogadas Rocío García Garro y Julia Luna asumieron su defensa. En 2024, promovieron un Recurso de Revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) solicitando que el caso sea reexaminado a la luz de los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y perspectiva de género. “Entre otros aspectos, planteamos que la sentencia se construyó sobre estereotipos acerca de cómo debe comportarse una ‘buena madre’, sin considerar que Paola atravesó una emergencia obstétrica en condiciones de extrema precariedad y violencia”, explica Garro.
El recurso, presentado el 22 de abril de 2024, continúa pendiente de resolución pese a los 13 amicus curiae e innumerables pedidos presentados por CDD instando el trámite para que el Poder Judicial de Córdoba resuelva. “Esto significa que Paola lleva más de trece años privada de su libertad mientras espera que el máximo tribunal provincial revise una condena que consideramos profundamente injusta”, señala la abogada.
Acompañar
Desde Católicas por el Derecho a Decidir se preguntaron cómo brindar un acompañamiento integral a la situación de Paola, un acompañamiento que trascienda el plano jurídico e incorpore también una dimensión social. Por eso, desde comienzos de este año desde el Área de Salud de la organización comenzaron a visitarla periódicamente.
“Lo prioritario es que el presente de Paola sea lo mejor posible”, dice Ana Agnelli, trabajadora social e integrante del Área de salud de CDD. “Con las visitas pudimos saber un poco más sobre sus necesidades, sobre sus deseos y tratamos de acompañar sus angustias, sus ansiedades,” relata. “Somos muchas las mujeres, organizaciones y colectivos que estamos impulsando su libertad”.
Ana cuenta que la ve bien. “Paola está terminando la escuela primaria y empezando a escribir. Participa de talleres como elaboración de jabones y costura. Algunas condiciones dentro sí han mejorado”.
Las violencias
El caso de Paola muestra cómo distintas violencias pueden actuar de manera simultánea y, a la vez, reforzarse.
“Por un lado, existe una violencia institucional y de género evidente por parte del sistema judicial porque evaluó el caso a partir de estereotipos sobre la maternidad. La sentencia condenatoria refuerza el estereotipo de buena y mala madre, en lugar de analizar con rigor qué ocurrió realmente y cuáles eran las pruebas disponibles”, asegura Rocío Garro.
Por otro lado, hay una fuerte dimensión de violencia de clase. “Paola era una mujer pobre, con escasa escolarización, atravesada por situaciones de precariedad extrema y sin acceso efectivo a redes de contención ni a una defensa adecuada durante etapas cruciales del proceso”, añade.
Además, está presente la dimensión de “violencia reproductiva”, explica la abogada, esto es, “la criminalización de una mujer a partir de un evento obstétrico ocurrido en un contexto de extrema fragilidad”.
Así, lo que debió ser leído como un problema de salud y vulnerabilidad terminó siendo tratado como un crimen.
Justicia por Agostina, aparición de Delicia, libertad para Paola
Delici Mamani, una joven de 25 años, estudiante del profesorado de educación primaria, está desaparecida desde el 21 de noviembre del 2025 en Córdoba. Su familia espera que la Justicia Federal tome la causa y se investigue como delito de trata de personas. En la misma provincia, Agostina Vega de 14 años fue víctima de femicidio el 23 de mayo de 2026. El principal acusado es Claudio Barrelier.
¿Qué papel juega el Poder Judicial provincial en estos casos? ¿Qué puntos de coincidencia unen las historias de Paola, Agostina y Delicia?
“Existe una falta de transparencia y hermetismo en todo el accionar del Poder Judicial que se pone de manifiesto no solo en este caso, sino en los casos que tomaron trascendencia lamentablemente en el último tiempo”, señala Rocío Garro y subraya el desdén y la falta de compromiso con las que se abordan las investigaciones. “A Paola durante el proceso no se la escuchó ni se le dio trascendencia a lo que tenía para aportar, lo mismo pasó en los primeros momentos de la investigación de Agostina y en relación a Delicia, el desdén, el racismo y la selectividad es lo que ha caracterizado al accionar del Poder Judicial, algo que no es novedoso”.
Rumbo al 39° Encuentro Plurinacional
Entre el 10 y el 12 de octubre próximos, la ciudad de Córdoba será sede del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries. “Esperamos que el Encuentro contribuya a generar una interpelación pública hacia los distintos poderes del Estado provincial, particularmente al Poder Judicial a los fines de dar respuesta y no seguir dilatando la resolución del caso”, destaca Rocío desde Católicas por el Derecho a Decidir y se imagina la marcha del Encuentro pasando por Tribunales para hacer concreto y palpable el reclamo.
“No se trata solamente de obtener una respuesta para Paola, sino también de promover transformaciones institucionales que impidan que otras mujeres vuelvan a atravesar procesos similares”, afirma la abogada feminista. “La revisión de las prácticas judiciales, la incorporación efectiva de la perspectiva de género y el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos siguen siendo desafíos pendientes para Córdoba y para el país”.
―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―
