Católicas feministas y referentes de DDHH marcan la agenda ante la visita del Papa León XIV

Con la llegada del Papa León XIV a la Argentina, el colectivo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), junto a sobrevivientes de la dictadura, referentes de derechos humanos y de la Mesa Ecuménica, presentó en conferencia de prensa el documento "Una visita necesaria en tiempos revueltos". Lejos de abordar el viaje papal como una gira protocolar, organizaciones feministas y comunitarias disputan el sentido político de la visita y exigen poner en agenda la crisis socioeconómica, el desmantelamiento de las políticas públicas y las deudas históricas de la propia institución eclesiástica. 

Las calles del centro porteño amanecieron blindadas en la mañana del jueves 5 por los preparativos oficiales ante la inminente llegada del Papa León XIV a la Argentina. A pocas cuadras del vallado, la conferencia de prensa convocada por Católicas por el Derecho a Decidir hizo foco en el hambre, los derechos y las deudas de la Iglesia. El objetivo fue transformar la llegada del Pontífice en un hecho político ineludible a través de la presentación del documento Una visita necesaria en tiempos revueltos. El encuentro reunió a Marta Alanis de CDD Argentina, Margarita Cruz de la Asociación de Ex Presos Políticos y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Liliana Isaguirre de la Mesa Ecuménica y Marita Perceval de Feministas sin Fronteras.

Durante la apertura de la conferencia, las integrantes del panel coincidieron en caracterizar el momento que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei como una coyuntura signada por la crueldad institucional, la "oda al sacrificio" y el repliegue sistemático de la protección pública. En el documento presentado, CDD denunció la consolidación de "una política de genocidio lento por desgaste, vaciamiento y despojo", que castiga de manera directa a infancias, personas con discapacidad, personas mayores, juventudes, mujeres y disidencias, y que amenaza además a la educación pública, la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos.

Las denuncias presentadas articulan el impacto devastador del ajuste estatal sobre los sectores más vulnerables: la quita de 26.000 pensiones por invalidez y discapacidad, un recorte del 40% en oncopediatría, la parálisis total del Programa Nacional del Cáncer y la interrupción del suministro de anticoncepción de emergencia en barrios populares. Este repliegue de la salud pública se evidencia en el repunte de la mortalidad infantil y un incremento del 37% en la mortalidad materna.

Esta dinámica de despojo se extiende también al sistema carcelario y represivo. Como advirtió la exsenadora nacional y especialista en derechos humanos Marita Perceval, las mujeres y personas trans representan el 4% de la población penitenciaria, pero más del 74% no tiene condena firme y permanece encarcelada por menudeo: "Somos tan explotadas en las cárceles como en las máquinas". A esto se suma la aplicación de la ley antiterrorista a jóvenes detenidos por manifestarse contra las reformas laborales y la proliferación de discursos de odio institucionales orientados a deslegitimar a la oposición política, al feminismo y a las disidencias.

Perceval dirigió un mensaje explícito al Pontífice. Según explicó, León XIV debe asumir la vigencia de la Doctrina Social de la Iglesia y las banderas promovidas por Francisco: "A León le diría que venga inspirado por el Papa Francisco. Tiene que traer la justicia social y la doctrina social de tierra, techo y trabajo. En una Argentina en donde la tierra ha pasado a ser una especulación financiera y donde el techo y la casa común están amenazados por el extractivismo neocolonial".

Marta Alanis, educadora popular, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina e histórica impulsora de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, abrió el fuego político de la mesa al cuestionar la estigmatización de la solidaridad: "Me parece que cuando la justicia social se vuelve subversiva, tenemos que enojarnos un poquito más. No puede ser que la justicia social hoy sea la subversiva, la van a hacer desaparecer, nos van a hacer desaparecer a los que hablamos de justicia social. Tener trabajo ya no es un privilegio, es un derecho, pero el privilegio de concentrar dinero y ser amparado por el Estado es un crimen". 

Alanis reivindicó el humanismo de los feminismos disidentes y remarcó que, si bien la relación de las católicas feministas con las cúpulas eclesiales ha sido históricamente tensa, existe una profunda coincidencia con la tradición de compromiso social con los pueblos de América Latina.

En esa misma línea, la sobreviviente de la última dictadura cívico-militar y militante de la MEDH Margarita Cruz enmarcó la coyuntura en los 50 años del golpe militar. También reclamó la apertura de archivos eclesiásticos y estatales para localizar a los hijos de desaparecidos apropiados, que hoy tienen entre 45 y 51 años. Cruz denunció el blindaje político con el que las autoridades oficiales intentan aislar al Papa de la realidad social y advirtió sobre la aplicación de la ley antiterrorista a jóvenes encarcelados por protestar contra las reformas laborales, muchos de los cuales fueron trasladados a la cárcel de Marcos Paz. Frente al aislamiento oficial, reivindicó la dignidad de las calles: "Es muy difícil quitarle la dignidad a un pueblo que ha luchado tantos años. Nada se nos dio gratuitamente, siempre fue la movilización".

Desde la Mesa Ecuménica, Liliana Isaguirre docente y gestora cultural rescató la huella de los sacerdotes del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MCT), que reivindican el acompañamiento semanal a las jubiladas y los jubilados en la Plaza del Congreso: "Derechos humanos y justicia social suceden de manera indivisible, eso nos enseñó Francisco. Dejémonos enternecer por los más pobres y permitamos que ellos nos entibien el alma".

Isaguirre también destacó la potencia transformadora de la religiosidad popular —manifestada en peregrinaciones multitudinarias como la de Luján, que reunió a más de 2,5 millones de personas, o en las devociones al Gauchito Gil y la Difunta Correa— como un antídoto frente al "genocidio silencioso y en soledad".

Finalmente, el panel coincidió que frente a un poder político que busca naturalizar la crueldad las comunidades de fe disidentes son las que sostienen que los derechos humanos no vienen de afuera, sino que germinan en la resistencia popular. "La verdadera recepción a León XIV no se definirá en los despachos oficiales, sino en el pueblo movilizado en las calles. Hay que seguir demostrando que la dignidad y la justicia social permanecen en pie", afirmó Marta Alanis mientras el resto del panel aplaudía. 

―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―