Una nueva ley para enfrentar las violencias de género: Mónica Macha busca actualizar la legislación bonaerense 

La iniciativa de la senadora provincial busca actualizar la legislación bonaerense vigente desde 2001 e incorporar las distintas modalidades de las violencias por motivos de género, incluidas las digitales. En un contexto de desfinanciamiento de las políticas públicas, el proyecto propone fortalecer la prevención, el acompañamiento y la autonomía económica de mujeres y diversidades. 

Después de un octubre que registró el peor número de femicidios desde 2022, con 36 casos contabilizados por Mumalá, y a pocas semanas del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la senadora provincial Mónica Macha presentó un proyecto para actualizar y fortalecer la Ley de Protección contra las Violencias por Motivos de Género en la provincia de Buenos Aires. Frente a un escenario en el que las violencias persisten y las políticas públicas de género sufren el desfinanciamiento del Gobierno nacional, la iniciativa busca ampliar las herramientas del Estado para prevenir, asistir, proteger y reparar.

La propuesta plantea un nuevo marco integral de prevención, asistencia, protección, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres y las diversidades. El objetivo es actualizar la legislación bonaerense vigente desde 2001 e incorporar las transformaciones conceptuales, políticas y sociales impulsadas por los feminismos y transfeminismos, así como las distintas formas y modalidades en que se manifiestan las violencias, incluidas aquellas que se ejercen en los entornos digitales.

“Es importante avanzar con un nuevo marco integral para prevenir y erradicar las violencias por razones de género en la provincia de Buenos Aires”, explicó la senadora. Si bien existe la adhesión a la Ley Nacional 26.485, hasta ahora la Provincia no cuenta con una ley propia e integral sobre violencia por motivos de género. “Tenemos una ley provincial que previene la violencia familiar, pero falta una herramienta específica, con perspectiva feminista, que proponga una respuesta integral frente a esta problemática”, agregó Macha.

La iniciativa busca superar los límites de la actual Ley Provincial de Violencia Familiar, sancionada en 2001, y construir una normativa específica que reconozca las distintas formas y modalidades de las violencias por motivos de género. No se trata solamente de actualizar definiciones jurídicas: implica reconocer que las violencias cambian, adoptan nuevas expresiones y necesitan respuestas estatales capaces de comprender su complejidad.

En ese sentido, la senadora señaló la importancia de fortalecer las políticas públicas provinciales frente al actual escenario nacional de desfinanciamiento y desmantelamiento de las políticas de género. En un contexto en el que Milei desfinancia a las provincias y avanza contra el feminismo y las políticas de género, fortalecer las respuestas estatales también supone disputar qué lugar ocupan la prevención, el acompañamiento y la protección de las mujeres y las diversidades en la agenda pública.

“Mientras el Gobierno nacional desmantela las políticas de prevención y abordaje de las violencias por motivos de género, desde la Provincia tenemos que profundizar esas políticas y, desde el Poder Legislativo, actualizar los marcos normativos para garantizar respuestas integrales frente a esta problemática”, sostuvo.

El proyecto reconoce como sujetos de protección a las mujeres y las diversidades y contempla siete tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política y vicaria. Además, incorpora las distintas modalidades en las que estas violencias se manifiestan, tanto en ámbitos públicos como privados, y reconoce expresamente aquellas que tienen lugar en los entornos digitales.

Nombrar las violencias también es una forma de reconocerlas. Aquello que durante años permaneció invisibilizado o fue naturalizado hoy forma parte de un entramado de categorías que permiten identificar las desigualdades y construir herramientas para enfrentarlas. En esa ampliación de derechos y de sentidos también se inscribe el recorrido político de los feminismos.

“Esta ley permite dar cuenta de las violencias por motivos de género que fuimos conceptualizando a lo largo de estos años. También incorpora otras que ya existían, pero que no nombrábamos, como la violencia política y la violencia vicaria. Y contempla las violencias en los territorios digitales”, destacó Macha.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es fortalecer la responsabilidad del Estado y la articulación entre los distintos niveles de gobierno. Para eso, propone consolidar los servicios municipales de asistencia integral, interdisciplinaria y gratuita; fortalecer los Hogares de Protección Integral y las Casas Abiertas; promover una red provincial de dispositivos de protección y crear espacios de coordinación.

También incorpora herramientas específicas para abordar las violencias digitales, como la posibilidad de solicitar judicialmente la eliminación de contenidos violentos, preservar datos y evidencias informáticas y establecer prohibiciones de contacto a través de plataformas, aplicaciones y otros canales digitales. A su vez, contempla el acceso gratuito a la justicia, el patrocinio jurídico especializado y la adopción de medidas urgentes de protección. “Esta ley está pensada para las mujeres y las diversidades. Es un avance muy interesante para la provincia de Buenos Aires”, afirmó la senadora.

Sin embargo, las respuestas frente a las violencias no pueden agotarse en una denuncia ni en una intervención judicial. Para Macha, el desafío es construir políticas que pongan en el centro la prevención, el acompañamiento sostenido y las condiciones materiales necesarias para que las mujeres y las diversidades puedan salir de situaciones de violencia. Porque abandonar un vínculo violento no es una decisión que se toma en el vacío: requiere redes, recursos y un Estado presente que acompañe los tiempos y las dificultades de cada proceso.

“Salir de una situación de violencia por motivos de género lleva tiempo y requiere mucho acompañamiento institucional, así como equipos especializados que puedan sostener esos procesos, con sus avances y retrocesos”.

En esa línea, la senadora agregó que la violencia por motivos de género socava la autonomía de las mujeres y las diversidades. Los vínculos violentos generan una identidad muy lastimada, y parte de los procesos para salir de esas situaciones tiene que ver con recuperar la autonomía subjetiva, que va de la mano de la independencia económica.

La dimensión económica resulta central: sin ingresos propios, posibilidades habitacionales y redes de contención, la salida de una situación de violencia puede volverse todavía más difícil. Por eso, la iniciativa también contempla políticas para fortalecer la autonomía económica y habitacional, promover el acceso a la formación en oficios y fomentar estrategias de cooperativismo y asociatividad. Asimismo, reconoce el aporte de las organizaciones sociales, comunitarias y transfeministas en la formulación y el seguimiento de las políticas públicas.

Los datos permiten dimensionar la magnitud del problema en territorio bonaerense. Durante 2025, el 98,5 % de las personas alcanzadas por las intervenciones de la Dirección Provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos fueron mujeres. Ese mismo año, según el Registro de Violencia Familiar de la Suprema Corte bonaerense, el 54,4 % de las personas que denunciaron violencia señalaron a una expareja como agresor. Además, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia, la provincia de Buenos Aires concentró 78 de las 219 víctimas letales de violencia de género registradas en el país durante el año 2025.

Frente a este escenario, la propuesta busca construir un sistema integral que articule prevención, asistencia, protección, acceso a la justicia y reparación, con presencia territorial y responsabilidad de los distintos poderes del Estado y los municipios. El desafío es que la protección no dependa exclusivamente de la capacidad individual de cada mujer para denunciar, insistir o encontrar ayuda, sino que existan políticas públicas capaces de garantizar derechos y sostener procesos de salida de las violencias.

“Actualizar la ley es también reconocer las transformaciones que impulsaron los feminismos y transfeminismos en nuestra sociedad. Es construir un Estado a la altura de ese cambio de paradigma, que garantice derechos y acompañe a las mujeres y las diversidades en todos sus proyectos de vida, para vivir una vida libre de violencias” finalizó Macha. El desafío ahora es construir una nueva estatalidad feminista para transformar este presente y pensarnos en otros futuros posibles y libres de violencias.