Desmantelamiento de las políticas de género: ¿Qué se llevó la motosierra?
“Los asesinatos de mujeres se redujeron en un 10 por ciento durante este año”, dijo Manuel Adorni a fines del 2024. “Sin Ministerio de la Mujer, bajamos un 14 por ciento los homicidios vinculados”, retrucó Patricia Bullrich en el cargo de ministra de Seguridad en junio del 2025.
Según las declaraciones de estos funcionarios, en tan solo dos años el Gobierno nacional habría transformado una problemática que se mantenía estable desde el 2015 –la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema registra alrededor de 250 femicidios al año desde ese momento–. Todo esto, además, lo habrían conseguido en conjunto con un desmantelamiento de las políticas públicas de género que no se veía desde hace 40 años.
¿Deberíamos creer en estas cifras? ¿Qué subyace detrás del discurso oficial que busca desestimar las reivindicaciones feministas? En este artículo, un análisis del informe Institucionalidad de Género en Argentina, un trabajo de la Fundación Encuentro para entender todo lo que se llevó la motosierra.
Adiós a las políticas de género
Mucho antes de hablar de femicidios, de los pañuelos verdes y el Ni Una Menos, Argentina ya contaba con institucionalidad de las políticas de género. En 1983, luego del regreso a la democracia, hubo un primer intento fallido de crear la Dirección Nacional de la Mujer y la Familia. Cuatro años después, en 1987, se instituyó la Subsecretaría Nacional de la Mujer en el marco del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.
A mediados de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei cerró el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad el país se encontró por primera vez en casi 40 años sin ninguna institución que se preocupara por las temáticas de género en el ámbito nacional. En un primer momento, las responsabilidades del Ministerio fueron transferidas a la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Capital Humano de la Nación. Y finalmente fueron sepultadas en la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia de la Nación.
La disminución en los niveles de institucionalidad de género y diversidad se replicó en las provincias: el 42 por ciento de los organismos vio reducida su jerarquía durante el primer año de gobierno de Milei. Argentina pasó de tener cinco ministerios provinciales que atendían la agenda de género en 2023 a tan solo uno en 2024 –el de la provincia de Buenos Aires–. Mientras tanto, crecieron las direcciones y subsecretarías provinciales. Algo que da cuenta de la pérdida de relevancia institucional de la temática.
Aún más, desde la asunción de Javier Milei el presupuesto asignado a las políticas de género cayó un 89 por ciento y el Estado Nacional dejó de ejecutar o desfinanció la mayoría de los programas del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Entre ellos, el Programa Acompañar, que entre 2020 y 2023 había ofrecido asistencia económica y acompañamiento psicosocial a más de 300 mil mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. También la Línea 144, que entre 2019 y 2023 atendió alrededor de 1 millón de comunicaciones y realizó 93.783 intervenciones en casos de violencia. Ambos programas se encuentran sin partida presupuestaria específica para el 2026, además de haber sufrido fuertes recortes –del 90 por ciento y 64 por ciento respectivamente– en los dos años previos.
Si se pone el foco en salud y educación, el panorama es similar. El Plan ENIA, que logró reducir a la mitad la tasa de embarazos adolescentes, fue prácticamente desmantelado. Este año su presupuesto se recortará un 85 por ciento en relación al 2025, lo que representa menos del 3 por ciento invertido en 2023. A su vez, la partida destinada al fortalecimiento de la Educación Sexual Integral es de $239 millones, lo que equivale al 2 por ciento de lo ejecutado en 2023.
En materia de prevención, el gobierno distribuyó en 2025 solamente 832 preservativos de los 20 millones programados, es decir el 0 por ciento de lo presupuestado. Entre otras cosas, esto condujo a un aumento del 71 por ciento de los casos de sífilis.
La lista continúa: también se desarticularon los programas Acercar Derechos, Generar, Articular, Producir, Escuelas Populares de Formación en Géneros y Diversidad “Macachas y Remedios”, el Mapa Federal de Cuidados, la Editorial Mingeneros y el Mapa GenerAR. Esta última fue la herramienta de transparencia institucional que permitió realizar el informe Institucionalidad de Género en Argentina, pero lamentablemente fue eliminada por el actual gobierno y ya no se puede acceder a sus datos.
En paralelo, otras políticas públicas que no tocan temáticas de género de manera directa pero que son percibidas sobre todo por mujeres también sufrieron recortes. Por ejemplo, el Potenciar Trabajo y la Asignación Universal por Hijo se redujeron en un 70 y un 50 por ciento en términos reales cada una en relación al primer bimestre del 2023. Lo mismo sucedió con la Ley de Moratoria Previsional vetada por el presidente, la cual permitía que las personas que no contaban con 30 años de aportes pudieran acceder a una jubilación.
“Estas acciones reflejan un incumplimiento del compromiso ineludible del Estado con sus acuerdos internacionales y acentúan la deuda pendiente con las mujeres y las diversidades”, sostienen desde la Fundación Encuentro en el informe Institucionalidad de género en Argentina.
En este marco, durante febrero el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó su preocupación por los retrocesos en materia de derechos de las mujeres y diversidades registrados desde finales de 2023. Además, pidió que en un plazo menor a dos años se entregue un informe sobre cómo se implementaron las recomendaciones prioritarias del Comité.
Por qué importan las políticas de género
Más allá de los organigramas o de los nombres que adopten en cada gobierno, la institucionalidad de género es necesaria, porque permite que el Estado construya respuestas sostenidas frente a desigualdades estructurales. La existencia de organismos especializados, con presupuesto y capacidad de coordinación, es lo que vuelve posible que las políticas públicas tengan continuidad, alcance territorial y capacidad de transformación real.
No se trata solamente de crear oficinas o ministerios. La jerarquía institucional que ocupa una agenda dentro del Estado define su poder político: cuánto presupuesto tiene, qué capacidad de intervención posee, qué nivel de coordinación puede establecer con otras áreas y qué lugar ocupa en la agenda pública. Cuando esa jerarquía se reduce, también se reduce la capacidad del Estado para actuar frente a problemas complejos como la violencia de género, la desigualdad económica o la discriminación contra las personas LGBTIQ+.
“La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación constituyó un hito institucional sin precedentes en Argentina. Su puesta en marcha expresó, a nivel estatal, el reconocimiento de las demandas históricas del movimiento feminista y de la diversidad”, explican desde la Fundación Encuentro. Y lo opuesto puede pensarse para el desmantelamiento de las políticas públicas: se trata de un paso más en lo que la Libertad Avanza llama su batalla cultural contra la ideología de género. De esta manera, el Estado deja de reconocer estas desigualdades como un problema público.
Este mecanismo se hace visible en las declaraciones de Manuel Adorni y Patricia Bullrich que quieren hacernos creer que los femicidios pueden disminuir con una política punitivista de cárcel o bala, cuando los feminismos sabemos que lo que se necesita es un cambio cultural, profundo y a largo plazo.
Reconocer la importancia de la institucionalidad no quiere decir que todo lo que se hizo entre el 2019 y el 2023 estuviese exento de críticas. Todo lo contrario, durante el gobierno de Alberto Fernández muchas organizaciones feministas señalaron las limitaciones del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Pero no porque lo considerasen inútil, sino porque querían mejorar su funcionamiento y alcance.
La pregunta sobre la institucionalidad de género, entonces, no es solamente administrativa: es una discusión sobre qué tipo de Estado se construye y qué derechos se decide garantizar. En última instancia, el debate sobre estas políticas también refleja una disputa sobre el sentido de lo público. Como concluyen en el informe sobre Institucionalidad de género, “no se trata únicamente de defender lo conquistado, sino de proyectar una nueva estatalidad”. De reimaginar, disputar y reconstruir.
