Violencia de género: en tiempos de polarización, persiste el consenso social
La sociedad argentina considera que la violencia por motivos de género es un problema grave que requiere la intervención del Estado.
Por Florencia Mezzadra, Directora Ejecutiva de la Fundación Instituto Natura Argentina
En la Argentina actual, el debate público suele estar atravesado por una fuerte polarización política. Sin embargo, al observar con detenimiento las percepciones ciudadanas, emerge un punto de acuerdo: la sociedad mantiene un consenso firme sobre la importancia de la igualdad de género y la gravedad de la violencia hacia las mujeres. Sin ir más lejos, pudimos ver la respuesta unánime que hubo por parte de la sociedad frente a los femicidios de Agostina Vega y de Dulce Candia.
En la Argentina actual, el debate público suele estar atravesado por una fuerte polarización política. Sin embargo, al observar con detenimiento las percepciones ciudadanas, emerge un punto de acuerdo: la sociedad mantiene un consenso firme sobre la importancia de la igualdad de género y la gravedad de la violencia hacia las mujeres. Sin ir más lejos, pudimos ver la respuesta unánime que hubo por parte de la sociedad frente a los femicidios de Agostina Vega y de Dulce Candia.
La evidencia es elocuente y refleja que la búsqueda de equidad no es una moda pasajera ni un tema de agenda sectorial. El informe Creencias Sociales 2025 de Pulsar UBA revela que el 77% de la población concuerda en que es necesario seguir trabajando para lograr una mayor igualdad entre varones y mujeres, y este es el principal consenso que atraviesa los votantes de todas las fuerzas políticas. En sintonía, el Índice de Concientización de Violencia hacia las Mujeres de la Fundación Instituto Natura y Avon expone que el 77% de los argentinos considera que la violencia hacia mujeres y niñas es un problema grave, mientras que un 81% apoya explícitamente la existencia de leyes y programas estatales de prevención y abordaje.
Esta sólida demanda se explica, claro está, por la organización y participación política de las mujeres, que tiene su correlato en la enorme prevalencia del fenómeno en la vida cotidiana. Según el Índice de la Fundación Instituto Natura, el 54% de las personas conoce a alguien cercano que atraviesa o atravesó situaciones de violencia de género, mientras que el 55% de las mujeres declara haber transitado en primera persona alguna situación de discriminación o violencia por su condición de género. Cifras que demuestran que no estamos ante casos aislados ni ajenos, sino ante una realidad palpable que atraviesa los vínculos más íntimos y cotidianos de la población.
A esto se suman los datos de femicidios que, como señalan los registros históricos de La Casa del Encuentro y de la Corte Suprema de Justicia, muestran una tasa que se ha mantenido trágicamente estable en las últimas dos décadas: cerca de 1 víctima fatal por violencia de género cada 100.000 mujeres. Esta frecuencia representa el doble que España (0,48), que ha logrado reducir la tasa de femicidios mediante políticas sostenidas.
Ante esta realidad, la demanda social empujó a que Argentina tenga a un andamiaje normativo pionero —iniciado con la ratificación de la Convención de Belém do Pará en los 90 y consolidado en Argentina con la Ley 26.485 para erradicar la violencia de género, sancionada en 2009— que formalizó la obligación ineludible del Estado de intervenir para proteger la vida y la integridad de las mujeres.
En vísperas de un nuevo Ni Una Menos, es fundamental que este marco normativo se traduzca en políticas públicas robustas de prevención y acompañamiento. El mensaje es claro: erradicar la violencia es una prioridad que requiere sostenerse como un compromiso colectivo.
El desafío histórico ya no es lograr el consenso, sino asegurar que ese mandato se traduzca, todos los días, en respuestas reales, accesibles y articuladas entre el sector público, el privado y las organizaciones de la sociedad civil para construir un mundo donde vivir sin violencia sea un derecho garantizado para todas las mujeres.
