Refugio Mariquita Sánchez: no es mudanza, es desalojo

En 2022, el gobierno de la Ciudad licitó la reforma integral del Refugio Mariquita Sánchez. Adjudicó la obra por 410 millones de pesos. En diciembre de 2024, según informó el propio gobierno a la Legislatura, las obras estaban terminadas, el edificio renovado, listo. El 13 de mayo de 2026, lo desalojaron. Lo llamaron mudanza. No lo es.

Lo que se vacía

El Refugio Mariquita Sánchez lleva cuarenta años protegiendo mujeres que huyen de varones que quieren matarlas. No es una metáfora ni una figura retórica: es el primer dispositivo creado en América Latina para alojar mujeres en riesgo real, víctimas de redes de trata, madres con sus hijos e hijas. Muchas llegan al refugio luego de atravesar situaciones extremas de violencia física, psicológica, sexual y económica. El refugio representa, en numerosos casos, el único espacio de protección posible frente al riesgo de femicidio. Por ello, reducir las condiciones de habitabilidad implica profundizar situaciones de vulnerabilidad. Es un lugar que cuenta con puertas cerradas, un domicilio reservado, la asistencia de equipos de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que acompañan procesos de los más difíciles que puede atravesar una persona.

El predio que acaban de vaciar tiene 47 plazas, parque, escuela, juegoteca. No es un detalle: esos espacios no son comodidades. Son parte del trabajo. Una mujer que llega al refugio después de años de violencia sistemática no necesita solo un techo — necesita condiciones para reconstruir algo. Sus hijos e hijas necesitan jugar, ir a la escuela, tener algo parecido a una rutina mientras el mundo se reorganiza. El nuevo espacio es más chico, está hacinado y no tiene nada de eso. Las trabajadoras lo dijeron con claridad: no alcanza para garantizar seguridad, privacidad ni acompañamiento integral. Para las mujeres adentro, eso no es un problema edilicio. Es un riesgo concreto.

Y para los chicos y chicas que están adentro, las consecuencias pueden ser más profundas todavía. Muchos llegaron al refugio después de haber sido testigos o víctimas directas de violencia severa — no como telón de fondo sino como parte de su vida cotidiana, de lo que conocen, de lo que aprendieron sobre cómo se relacionan las personas. Necesitan espacios seguros, actividades, escolaridad, acompañamiento especializado, o como privilegio: como condición para procesar lo que vivieron y construir algo diferente. Porque la violencia de género no termina con quien la sufre directamente: se transmite, se aprende, se repite. Romper ese ciclo requiere intervención temprana, sostenida, con recursos. Deteriorar las condiciones del refugio no es un problema edilicio menor. Es dejar que ese ciclo continúe.

Las trabajadoras que sostienen esto todos los días —psicólogas, trabajadoras sociales, operadoras, abogadas— lo hacen además en condiciones de precarización laboral estructural. Contratos temporarios, inestabilidad, sobrecarga. Escuchar relatos de violencia extrema, intervenir en situaciones de crisis, acompañar procesos de reconstrucción: todo eso requiere contención institucional, reconocimiento, condiciones dignas. Cuando no las hay, el desgaste recae sobre las personas, no sobre el sistema. Y la calidad de la atención se resiente.

No es casualidad. Este trabajo lo hacen mayoritariamente mujeres, y esa feminización explica en parte por qué es tan fácil vaciarlo. Los trabajos de cuidado —los que sostienen la vida, los que reparan el daño, los que acompañan cuando todo se rompe— históricamente fueron invisibilizados, subfinanciados y precarizados. No porque sean menos importantes: exactamente por lo contrario. Porque nombrarlos como trabajo, reconocerlos como política pública esencial, implicaría tener que sostenerlos. Y sostenerlos cuesta. El vaciamiento del refugio no es ajeno a esa lógica: se recorta lo que el sistema nunca terminó de reconocer como estratégico, aunque sin ello nada funciona.

No es un hecho, es un proceso

La justificación oficial fue “necesidad de gabinete”. Nadie explicó de qué necesidad se trata, nadie dijo para qué quieren ese edificio recién reformado con plata del Estado. Esa pregunta sigue sin respuesta. Pero el desalojo del Mariquita Sánchez no es un episodio aislado. Es parte de un proceso más largo de vaciamiento de las políticas de género: reducción presupuestaria, cierre o achicamiento de programas, pérdida de equipos especializados, desjerarquización institucional. Decisión por decisión, recorte por recorte.

Margaret Atwood nos muestra en El cuento de la criada de manera bastante verosímil como es posible que una sociedad entera (con sus derechos y todo) se desmorone, no sobre una revolución repentina, sino sobre una acumulación de pequeñas decisiones que en el momento parecían administrativas, razonables, inevitables. Vemos ahí también como  los derechos se van contando por su lado más vulnerable: las mujeres, los niños, etc. Eso es lo que incomoda del libro: que no necesita inventar demasiado. Los derechos de las mujeres no desaparecen de golpe. Se erosionan de a poco, con argumentos de gestión, con mudanzas que no son mudanzas, con necesidades de gabinete que nadie explica. Hasta que un día te das vuelta y ya no están.

Las políticas de género no cayeron del cielo. Son el resultado de décadas de lucha de movimientos feministas que lograron instalar un principio básico: la violencia contra las mujeres es un problema público y el Estado tiene la obligación de actuar. Esa obligación está en la Convención de Belém do Pará, en la Ley 26.485, en los estándares del MESECVI. No es ideología: es derecho vigente. Y cuando el Estado decide no cumplirlo, esa decisión también tiene un nombre.

Violencia institucional

Cuando el propio Estado obstaculiza el acceso efectivo a derechos, eso se llama violencia institucional. No hace falta que haya intención explícita de dañar: alcanza con que las decisiones políticas pongan en riesgo a quienes ya están en situación de extrema vulnerabilidad.

Hay que entender qué significa llegar al Refugio Mariquita Sánchez. La mayoría de las mujeres que están ahí atravesaron meses, a veces años, antes de animarse a pedir ayuda. El miedo, la dependencia económica, el aislamiento, las respuestas institucionales inadecuadas: todo eso retrasa o impide la salida. Cuando finalmente llegan, el refugio no es una opción entre varias. Es la última puerta. Vaciarlo, trasladarlo a un espacio que no reúne las condiciones mínimas, es cerrar esa puerta en la cara de las personas más expuestas.

El gobierno de Jorge Macri invirtió 410 millones de pesos en refaccionar un refugio para mujeres víctimas de violencia, terminó la obra, y cinco meses después lo entregó a otra cosa. Mientras tanto, las mujeres que necesitan ese espacio fueron trasladadas a un lugar que no reúne las condiciones para recibirlas. Eso no es negligencia ni desprolijidad administrativa. Es una decisión política que revictimiza: las mujeres que llegaron al refugio huyendo de una violencia ahora enfrentan otra, la del Estado que les quita las condiciones para recuperarse.

Cuando el Estado vacía un refugio, no está ahorrando. Está diciendo que esas vidas no son prioridad. Está trasladando el riesgo a las mujeres más vulnerables, a las que no tienen otra red, a las que llegaron ahí porque no tenían adónde más ir.

La pregunta que queda

Defender el Refugio Mariquita Sánchez no es defender un edificio. Es defender un modelo de Estado que considera que proteger a las mujeres en riesgo de femicidio es una obligación, no una opción. Se trata de defender derechos humanos fundamentales. La pregunta que le queda al gobierno de la Ciudad es simple: ¿para qué necesitaban ese predio? Mientras no respondan, la única explicación posible es la que ya dieron con sus actos y que hoy se ha transformado en una consigna llena de contenido: No es mudanza, es desalojo. Y cuando se desaloja a mujeres que huyen de la violencia, lo que se pone en juego no es un metro cuadrado. Son vidas.