Reforma judicial en Argentina: ¿Qué justicia necesitamos hoy?
¿Qué desafíos plantea la creciente utilización del sistema judicial por parte de sectores conservadores para promover retrocesos en materia de derechos de mujeres y diversidades? Este Seminario, que reunió activistas de distintas latitudes, se propuso generar un espacio de reflexión colectiva sobre el rol del Poder Judicial en la defensa del Estado de Derecho.
“La perspectiva de género no puede abandonar la acción, sobre todo en la administración de justicia”, aseguró Dora Barrancos, socióloga, dra. en Historia, investigadora del Conicet y referente feminista, en la apertura del evento y expresó: “No a la ley que propone sobrepenar las falsas denuncias”.
Católicas por el Derecho a Decidir tiene una larga historia en temas de justicia, antecedentes en litigio estratégico como el acompañamiento a Paola Ortiz, presa en Córdoba por una emergencia obstétrica. Venían trabajando con organizaciones y referentas feministas sobre un tema que, desde hace años, les preocupa: ¿Cómo hacer que la justicia sea un garante de los Derechos Humanos y la Democracia?
“Queremos un mundo en el que quepan muchos mundos. Todas las personas tenemos derecho a la justicia social”, afirma Pate Palero.
Mirando México: ¿Cómo transformar el sistema judicial para responder a esta deuda histórica?
“Este seminario partió mirando a México, no sólo para exportar un modelo, sino para pensar juntas este proceso de transformación histórica en la justicia”, cuenta Aidée García Hernández, Directora General de Católicas Por El Derecho a Decidir México y activista por los derechos de las mujeres, en el panel Análisis del rol del Poder Judicial y su impacto en las políticas de género y diversidad, con foco en los desafíos actuales para la garantía de derechos.
Es que en 2025, México se convirtió en el único país en el único país que elige por voto popular la totalidad de su Poder Judicial, incluyendo a quienes integran a la Suprema Corte de Justicia, Magistraturas y Juzgados Federales. La activista de CDD México celebró el avance que significó la elección popular de jueces, de la que participaron 13 millones de ciudadanas y ciudadanos, aunque advirtió que “hay problemas estructurales que ninguna reforma electoral resuelve por sí sola”, como la “verticalidad en los espacios de decisión y los estereotipos de género que persisten en la cultura judicial”.
“El sistema jurídico es un terreno de construcción política que puede ser utilizado para ampliar derechos, o restringirlos”, advierte. La pregunta central, entonces, no es sólo cómo se elige, sino qué razonamiento jurídico se ejerce.
“La justicia no puede ser neutral ante la desigualdad, debe ser transformadora. Una justicia que incorpore la perspectiva de género, sea verdaderamente laica, reconozca las desigualdades y actúe para revertirlas”, añade. Y abre nuevas preguntas: ¿Quiénes han sido históricamente excluidas de la justicia? ¿Qué experiencias, cuerpos y realidades han quedado fuera de ese derecho? ¿Cómo transformar el sistema judicial para responder a esta deuda histórica?
Organizarnos, sostener alianzas, acompañar casos, responde la activista. “Desde nuestros feminismos sabemos que los derechos se construyen y se amplían en la colectividad”.
El Poder Judicial como garante de derechos
En 1996, Argentina adhirió a la Convención de Belém do Pará, un tratado interamericano con lineamientos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el gobierno libertario en Argentina niega los derechos que las normativas internacionales amparan.
Susana Chiarotti, abogada feminista y activista por los derechos humanos fue otra de las disertadoras del Seminario y así lo denunció durante su intervención: “Tenemos que usar estos instrumentos para garantizar el control de convencionalidad. La ciudadanía tiene que saber y exigir, porque del municipio a la presidencia, son responsables”.
Según contó la activista, hace unos meses el Comité de expertas que monitorea la aplicación de la Convención Belém Do Pará, observó con preocupación las diversas políticas que restringen el acceso a la justicia en nuestro país, como el cierre de los CAJ (Centros de Acceso a la Justicia), la reducción del financiamiento de los servicios de asistencia jurídica y el proyecto falsas denuncias. “El abuso sexual contra las infancias es una eídemia silenciosa. Ahora que las mujeres se animan a denunciar defendiendo a sus hijos, el patriarcado saca este dictamen”, asegura.
“Hay un poder judicial que sigue aplicando el martillo de las brujas”, advierte Chiarotti.
Una asignatura pendiente
Estela Díaz, ministra de las Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, fue otra de las voces que resonaron en el encuentro. “Tenemos una asignatura pendiente de democratización del poder judicial y el feminismo lo viene señalando con contundencia”, reflexionó. “Hay una falta de una reforma judicial en clave democrática, con derechos humanos y perspectiva feminista”.
La Ministra se sumó a los rechazos a las narrativas de las falsas denuncias que el proyecto presentado por Losada en el Congreso busca instalar. Según el Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género, en la Provincia de Buenos Aires durante 2025 se iniciaron un total de 146.046 procesos penales de violencia familiar y/o de género. El 27,7% de ellas fueron por “Amenazas”, el 24,5% por “Lesiones”, el 12,3% con “Desobediencia” y le siguen los delitos de “Abuso sexual” (7,8%), “Daño” (5,5%).
“Estamos ante un problema de enormes dimensiones. El proyecto de ley de “falsas denuncias” busca silenciarnos y construir impunidad. Esta impunidad afín al negacionismo de este gobierno de la violencia de género”.
Luchar por la democratización del Poder Judicial
El Seminario continuó con el panel “La Justicia como garante de la Constitución y del Estado de Derecho en el contexto institucional contemporáneo” estuvo a cargo de la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo (México), Dra. Marisa Herrera, y Abog. Ana Carolina Gaillard y cerró con la conferencia “El Poder Judicial en disputa: tensiones, desafíos y caminos posibles para la democratización de la justicia”, con la voz del Dr. Carlos Alberto Rozanski.
Desde Católicas por el Derecho a Decidir también homenajearon a Nelly Minyersky, abogada y férrea defensora del derecho a decidir, por su trayectoria y su compromiso incansable con los derechos humanos y la justicia.
“Nos quedamos con una certeza: necesitamos una justicia sin sesgos de género, de clase ni raciales, que garantice derechos y responda a la sociedad. Para eso, es clave seguir generando condiciones políticas para incidir en el sistema judicial y avanzar en su democratización”, concluyeron desde CDD.
