Acceso a la justicia: el descreimiento como herramienta de silenciamiento

Cuando una mujer llega al sistema judicial, lo primero que se pone en duda es su palabra. Esa es la experiencia de Estefanía Galeano, integrante de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, cada vez que defiende a víctimas de violencia de género en los tribunales de Chaco. "En todos los casos las tratan de mentirosas. Todos, sin ninguna excepción", afirma la abogada chaqueña.

Esta desconfianza sistemática, que hoy busca cristalizarse aún más en el proyecto de ley de falsas denuncias presentado por la senadora Carolina Losada, no es un hecho aislado, sino una política de disciplinamiento que insiste en devolver a las víctimas al silencio.

“Los hechos terminan reforzando algo que ya ocurre, que es el desaliento y el temor de las mujeres a denunciar", afirma Galeano. En la práctica las víctimas deben probar constantemente que dicen la verdad, un mecanismo que construye una advertencia para quienes piensen en alzar su voz y contar su historia: no les vamos a creer, dice la Justicia. 

“Quienes trabajamos diariamente en esta temática sabemos que el verdadero problema no son las denuncias falsas, sino todo lo contrario: la enorme cantidad de hechos de violencia y abuso que nunca se denuncian”. Así lo confirma el informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos Fiscales: las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de 8,2 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025. “Sin embargo, se pretende construir un problema público alrededor de una excepción mínima, y a la par miles de víctimas siguen sin acceso real a la justicia”, sentencia la abogada. 

Mientras los sectores conservadores intentan avivar la discusión en el Congreso, las estadísticas confirman el punto de vista de Galeano. En Argentina, en un informe presentado por la ONU a partir de datos analizados por el Estado en el 2022, el 45 por ciento de las mujeres declaró haber experimentado violencia por parte de su pareja, pero de ese universo, el 77 por ciento no llegó a realizar la denuncia. Recordemos que en el país, ocurre un femicidio cada 36 horas. 

"El problema no son las falsas denuncias: el problema sigue siendo la violencia y las desigualdades en el acceso a la justicia. Este tipo de iniciativas corre el riesgo de transformarse en una herramienta de persecución y silenciamiento de víctimas, generando más impunidad para quienes ejercen violencia y más miedo para quienes intentan buscar protección en el Estado", advierte Galeano. Lo que realmente persiste son las barreras estructurales que hacen que solo una de cada cuatro mujeres acceda a buscar ayuda institucional.

Esta presión se vuelve asfixiante cuando las causas llegan a instancias mayores. Galeano denuncia una práctica recurrente en los juicios por jurados en Chaco, donde la mayoría de los casos por abuso terminan en absoluciones debido a los prejuicios sociales. Ante este escenario, los fiscales suelen presionar a las víctimas: "En provincias como la mía, con altas tasas de abusos, los acusados ya utilizan el discurso de la ‘falsa denuncia’ como estrategia de defensa sistémica. O tratan de convencerlas de que cierren un juicio abreviado, bajando la pena o cambiando el delito por 'abuso simple' para que el agresor quede en libertad, bajo la amenaza de que, si van a juicio, van a perder".

El ensañamiento contra las mujeres que trae aparejado este proyecto de ley es evidente para quienes litigan con perspectiva de género. Galeano se pregunta por qué no existe la misma alarma social ante acusaciones falsas de robo o estafa. "Claramente es una mirada que sigue sospechando especialmente de nosotras". Se trata de una reedición de la caza de brujas pero en el siglo XIX: las que se animan a denunciar o alzar su voz son locas, malas, que buscan hacer daño a pobres varones inocentes. 

Desde organizaciones como CDD, la respuesta es colectiva: defender el derecho a denunciar es defender la democracia. Como sostiene Galeano, mientras el sistema judicial siga operando como un entorno hostil donde la declaración de una mujer es moneda de cambio para juicios abreviados o absoluciones por prejuicios, el silencio seguirá siendo la única opción percibida como segura para muchas.  Por eso, para la organización la solución no es aumentar el castigo, sino avanzar hacia una reforma judicial con perspectiva de derechos humanos que elimine los estereotipos y garantice que la palabra de una mujer no esté de antemano bajo sospecha. 

―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―