El gobierno Nacional modificó la Ley 25.871 de Migraciones a través del Decreto 366/2025 y endureció las condiciones para el acceso a la ciudadanía y la deportación. Además de sancionar el cobro de los servicios de salud para inmigrantes y abrir la puerta para que las universidades hagan lo mismo con la educación. Mientras tanto, personas como Reina Torres transforman la violencia xenófoba en acompañamiento a las y los migrantes.
Reina es muchas cosas: está a cargo de la Dirección de Migrantes en el Municipio de Quilmes, es fundadora del Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses, madre de dos niñes, y cuñada de Marcelina Meneses, una mujer migrante boliviana asesinada en el 2001 mientras viajaba en el tren Roca.
Reina sonríe cada vez que recibe a una persona y da abrazos para despedirse. En general, su voz es tenue pero eleva el tono inconscientemente cuando empieza a hablar de las cosas que le importan.
El punto de inflexión
Hasta el miércoles 10 de enero del 2001, Reina Torres era una operaria de la industria química. Hija de migrantes de Cochabamba, Bolivia, se levantaba por la mañana y pasaba la jornada mezclando productos para la empresa Eureka –algo que, dice, le dejó los pulmones como si hubiera fumado toda su vida–.
El día en que asesinaron a Marcelina empezó como todos los demás. El hermano de Reina y pareja de Marcelina, Froilán Torres, era albañil y lo habían llamado para hacer una changa. Pero el hijo menor de ambos, Joshua Torres, estaba enfermo y necesitaba visitar a un médico. Así que Marcelina armó sus bolsas y se cargó al niño para llevarlo al hospital Finochietto de Avellaneda. Esta era la primera vez desde que había llegado a la Argentina que salía sola de Ezpeleta, partido de Quilmes, donde vivían.
Cuando Reina regresó de su trabajo preguntó por su ahijado y su cuñada. ¿Cómo que todavía no habían regresado del hospital? Si habían salido a las 9 de la mañana y ya eran como las 5 de la tarde. Alrededor de media hora después sonó el teléfono de línea: “Era la Comisaría 1 que necesitaban que vayamos, que pasó algo, no nos dijeron qué, necesitaban que estemos allá. Enseguida llamamos a un pariente y nos llevó en auto”, relata ella.
La primera versión del acta policial decía que habían encontrado a Marcelina y a Joshua muertos en las vías, según dijeron “estaban deambulando”. Pero para Reina y su familia eso no era posible: “¿Qué iba a hacer cortando caminos si ni siquiera conocía la zona?”.
Para quien se haya tomado alguna vez el tren Roca, el lugar donde encontraron a Marcelina y a Joshua es justo el triángulo de pasto que se forma en el lugar donde las vías de las distintas líneas del Roca se bifurcan. En Avellaneda, a pocas cuadras del estadio de Independiente. Un lugar incómodo para entrar y más aún para caminar.
Esta injusticia, el dolor hondo de perder a dos seres queridos y que a nadie más parezca importarle, fue lo que impulsó a Reina a la militancia por los derechos de las personas migrantes. “Desde el 2001 en adelante cambió mi vida completamente. Después de lo que pasó con ella, empecé a ver que había muchos casos de trata laboral, los talleres clandestinos, las problemáticas que tenían con los documentos. Es otra vida que yo no conocía”.
En 2001 la legislación migrante vigente en Argentina era la Ley 22.430, también conocida como “Ley Videla” por haber sido sancionada en 1981, durante la dictadura cívico-militar. Los derechos de las personas migrantes se encontraban reducidos al mínimo y, en un contexto de crisis económica, era común escuchar que “venían a robar el trabajo de los argentinos”.
En ese contexto, Reina se involucró con el objetivo de encontrar justicia: organizaron marchas, pegaron carteles en los trenes –aunque la empresa TMR (Transportes Metropolitano Roca) insistía en sacarlos–, y consiguieron un testigo.
Julio César Giménez fue quien contó lo que había pasado en el tren esa mañana. Cómo le gritaron “¡Boliviana de mierda! ¡No mirás cuando caminás!” a Marcelina luego de que ella rozara con un bolso a uno de los pasajeros, cómo uno de los guardas del tren se desentendió de la situación susurrando “Otra vez estos bolivianos de mierda”, cómo oyó decir a uno de los pasajeros ““¡Uy, Daniel, la puta que te parió, la empujaste!”. Nada de todo esto fue suficiente y la causa terminó cerrada.
Por el contrario, el trabajo de Reina siguió adelante. Militó en la Asociación Civil Yanapakuna, situada en la Capital Federal, donde conoció compañeras que la impulsaron a terminar sus estudios. Cuando obtuvo el título secundario, redobló la apuesta con la Tecnicatura Universitaria en Economía Social y Solidaria de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQui).
“Ahí me sentí más preparada, como diciendo: ‘bueno, ahora yo puedo’. En ese momento fue que decidimos crear el Centro Marcelina”, recuerda Reina.
Una casa abierta
El Centro Integral de la Mujer Marcelina Meneses abrió el 19 de diciembre del 2014. Está ubicado en Charcas 5620, a pocas cuadras de la estación Ezpeleta y en la misma casa donde vivía Marcelina junto a la familia Torres.
Reina recuerda que, luego del asesinato de Marcelina, se pasaba el día yendo de un lado a otro: desde su casa en Ezpeleta a su trabajo en la Capital Federal y de ahí a los espacios de militancia con sus compañeras. Embarazada de su primer hijo, se preguntó por las organizaciones que trabajaban con la población migrante en el Conurbano Bonaerense y empezó a tender lazos con las y los referentes.
Algo de lo que encontró la sorprendió: si bien había muchos espacios por y para migrantes, en general estaban nucleados en torno a actividades culturales o deportivas. “No había algo que trabaje la temática del derecho migrante o de las mujeres que sufren violencia o discriminación. Eso era todo en capital".
—En la casa de papá podemos hacer una Asociación, algo para ayudar a la gente con el nombre de Marcelina —le dijo a su hermano.
En un principio brindaron talleres de información sobre la Ley de Migración 25.871, sancionada en el 2004, sobre trata de personas para explotación laboral o prevención de la violencia de género. “Invitamos a gente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) o de CAREF (Comisión Argentina para personas Refugiadas y Migrantes), eran compañeras que yo fui conociendo en todo este camino”.
Con el paso del tiempo y la identificación de nuevas necesidades en la comunidad, el Centro se fue abriendo. Dieron apoyo escolar, talleres de oficios, de idiomas como el quechua o el guaraní. Incluso alojaron personas que habían sido víctimas de trata de personas durante la pandemia.
Hoy el Centro cuenta con una sala de recepción, que tiene una pequeña cocina y un baño, además de una biblioteca repleta de libros de derecho. En el lateral izquierdo hay un garage refaccionado que hace poco comenzó a funcionar como sala de computación. Hacia la derecha, un pasillo de cemento alisado lleva a un patio cubierto con un mural de Marcelina y cartulinas que cuentan la historia de la Asociación Civil. Hay alrededor de 12 personas en la organización, además de talleristas que van y vienen. Y aunque Reina no es la presidenta, está en todo.
Mientras habla y cuenta la historia del Centro, se le escapan todas las cosas que faltan por hacer: arreglar la bibliotequita rebalsada de libros, armar la página web, actualizar las redes sociales, pintar el cemento del pasillo. Entre tantos logros, entre tanto trabajo hecho, se vislumbra la lista infinita de cosas que todavía faltan.
Desde el Estado
Según el Censo Nacional 2022, un 4,2 por ciento de las personas que viven en Argentina nacieron en otros países. De las cuales, el 51,8 por ciento reside en la Provincia de Buenos Aires, es decir 994.653 personas. En el municipio de Quilmes, específicamente, entre el 6 y el 8 por ciento de la población es migrante. Paraguay, Bolivia y Venezuela son los primeros tres países de donde proviene la migración.
Reina no conoce las cifras exactas, pero sí sus nombres y sus caras. Desde el 17 de abril de 2023 está a cargo de la Dirección de Migrantes y la Oficina de Atención al Migrante “Marcelina Meneses y Joshua Torres” del municipio.
“Cuando me llamaron para que trabaje ahí, la verdad que no podía creer”. Ella supone que el acercamiento estuvo vinculado a la declaración del 10 de enero como el Día de la Mujer Migrante en la Ciudad de Buenos Aires en 2012, algo que dio visibilidad a este crímen en particular y a la lucha en general. Pero también a su militancia y conocimiento de este territorio en particular.
“Es como hacer lo mismo que hago en el Centro, pero con un poquito más de herramientas”, dice con los ojos encendidos.
La actividad principal es acompañar a las y los vecinos migrantes en la tramitación de la residencia permanente o transitoria, un procedimiento engorroso para quien no conoce los vericuetos de la burocracia. Junto a un equipo de cinco personas, también hacen actividades culturales, brindan talleres y organizan Jornadas de Atención Migrante en los barrios.
Sin embargo, las cosas cambiaron desde la asunción de Javier Milei como presidente. Reina identifica primero el aumento en los trámites migratorios: a partir de la sanción del decreto 584/2024, la residencia pasó de costar 3 mil pesos a 50 mil, un aumento del 1.500 por ciento. Además del endurecimiento en los procedimientos establecidos: “Están todo el tiempo buscando un pretexto para echarte”.
Pero la interpelación más directa a la comunidad migrante llegó esta semana, con la sanción del Decreto 366/2025. El decreto amplía los motivos para impedir el ingreso o cancelar la residencia por temas penales; aumenta el control migratorio, por ejemplo ahora se podrá pedir documentación a personas extranjeras si se cree que están en situación irregular; y restringe el acceso a los servicios de salud y educación. Además, quienes ingresen al país deberán demostrar tener los medios económicos para suficientes, se acorta la duración de la residencia precaria y ya no alcanzará con residir dos años en el país para obtener la residencia permanente. “Solo pueden acceder quienes tengan residencia legal continua o sean ‘inversores’”, explican desde el CELS.
Reina se enoja al escuchar esto. Le parece una jugada tribunera: “Siembran más odio, más xenofobia, que la gente vuelva a sacar toda esa discriminación hacia el migrante”.
En relación a los aranceles a los servicios de salud y educación, Reina explica que las y los migrantes pagan impuestos, trabajan y contribuyen al igual que cualquier ciudadano. Entonces, ¿por qué no podrían gozar de los mismos beneficios? Lo dice el Artículo 20 de la Constitución Nacional: “Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”
—No les va a ser tan fácil. Estamos un poquito más unidos, ya estamos preparados. No nos quedamos callados —, concluye Reina. Su camino en la militancia por los derechos de las personas migrantes empezó el 10 de enero de 2001 y esta no será una batalla que piense perder.
Este reportaje fue realizado como parte del taller Cambiar la Mirada. Nuevas narrativas sobre migración, coordinado por Eileen Truax, en alianza con Factual, ONU-Derechos Humanos, la Universidat Autònoma de Barcelona y CER-Migracions.
