Parir en cautiverio: Bergés y la maquinaria de apropiación de bebés durante el terrorismo de Estado
En el intento de “neutralizar” la continuidad filiatoria de una generación militante ligada al movimiento obrero, estudiantil y territorial -identificado por la dictadura como el enemigo político a aniquilar-, Bergés también usó la obstetricia para el robo de decenas, cientos de identidades que aún desconocen su origen. Pero Bergés no era el único. El plan sistemático de apropiación de niños y niñas se sostuvo gracias a una red que incluyó a miembros de las distintas fuerzas represivas, a curas, médicos, enfermeras y a integrantes del registro civil y del Poder Judicial, que garantizaban que el rastro de los bebés se perdiera en una nebulosa de actas fraguadas y certificados de bautismo con fechas incompatibles con el nacimiento.
El “mérito” de Bergés también estuvo en aprovechar una estructura ilegal preexistente para ponerla al servicio del terrorismo de Estado. Se ocupó de administrar la vida, de custodiar nacimientos y de convertir los secuestros en supuestas filiaciones legales, usando para eso una red de falsificación documental que vinculaba hospitales públicos y clínicas privadas.
Su muerte no cierra esta historia, sino todo lo contrario: la reabre con la urgencia de lo inacabado. El recorrido judicial del Circuito Camps revela que las maternidades clandestinas no fueron ni "excesos" ni episodios laterales, sino una dimensión estructural del plan genocida que sigue operando aún hoy, porque la supresión de la identidad no se agota con la muerte de sus responsables: persiste mientras la filiación no sea restituida.
En los años previos al golpe, miles de mujeres jóvenes y trabajadoras participaron activamente en coordinadoras fabriles, centros de estudiantes, huelgas y comisiones de base. Eran delegadas, organizadoras y militantes. El plan genocida no sólo buscó destruir sus organizaciones; buscó quebrar esa insurgencia que fortalecía cada conflicto, cada lucha. Por eso la figura de “la subversiva” fue también una construcción de género al servicio de ese plan: la mujer que abandonaba el hogar y tomaba la palabra debía ser castigada ejemplarmente. El robo de la identidad de los hijos, hijas e hijes de quienes parieron en cautiverio, también buscaba fortalecer ese mensaje, para ellas y para todas las demás.
Antes del plan sistemático: las redes clandestinas que precedieron al golpe
En diálogo con Feminacida, Clara Petrakos, hija de María Eloísa Castellini, maestra de música en un jardín infantil y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuenta que en la búsqueda de su hermana Victoria, nacida en Pozo de Banfield, pudo conocer que “Berges se dedicaba al tráfico de bebés ya antes de la dictadura. Él ya estaba en contacto con una partera, Juana Elena Arias de Franicevich, que tenía una clínica trucha a dos cuadras de la comisaría de Wilde, funcionando desde 1962. Junto con esta partera robaban y vendían bebés. Era algo tolerado. Entraba en las recaudaciones ilegales de la policía local. Incluso a mí me llega el dato de una mujer que la llevan en el año ‘74 supuestamente a una clínica a abortar, con Bergés, y esta clínica era lo que después fue el Pozo de Banfield”, afirma.
Petrakos también habló de este episodio durante su declaración en el juicio por los “Cuatro Pozos” (Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo), en mayo de 2022: la mujer que buscaba practicarse el aborto fue llevada por intermediación de un vecino -que trabajaba en el Pozo de Banfield- a un lugar donde encontró policías armados en la puerta y una sala con camilla y lámpara donde le practicaron el procedimiento. La mujer recordaba además haber escuchado gritos de otras mujeres mientras permanecía en el lugar. Para Petrakos, “esos gritos podrían corresponder a militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que estuvieron detenidas y fueron torturadas ahí en esos mismos años”.
Junto a la comprobación de la existencia de una red de robos y venta de bebés, los testimonios e investigaciones judiciales también terminaron demostrando que en Pozo de Banfield varias mujeres embarazadas –entre ellas Nelfa Suárez, Silvia Nieves Negro, Laura Franchi y Susana Beatriz Mata– fueron mantenidas cautivas en 1974, dos años antes del Golpe, previo a ser trasladadas al sistema penitenciario.
Cuando el terrorismo de Estado desplegó su maquinaria, aquel entramado previo ya ofrecía saberes, contactos y mecanismos disponibles: médicos capaces de asistir partos clandestinos, clínicas sin controles, redes de documentación falsa y vínculos con funcionarios dispuestos a garantizar la desaparición administrativa de los recién nacidos.
El plan genocida no sólo secuestró, torturó y asesinó: también buscó reorganizar genealogías, arrancando a los hijos e hijas de las militantes de su historia familiar para inscribirlos en otra considerada “moralmente aceptable”. No creó ese universo desde cero. Lo absorbió, lo perfeccionó y lo puso a su servicio. En ese proceso, figuras como Bergés pasaron de operar en los márgenes de la ilegalidad a convertirse en piezas centrales de un dispositivo estatal destinado a administrar nacimientos en cautiverio y facilitar la apropiación sistemática de bebés.
Testimonios judiciales lo ubican de hecho como uno de los encargados de trasladar a las mujeres embarazadas secuestradas hacia hospitales públicos cuando el parto inminente presentaba complicaciones. El caso de Silvia Mabel Isabella Valenzi permite reconstruir ese mecanismo: fue llevada desde su cautiverio en Pozo de Quilmes al Hospital Iriarte de esa localidad por personal policial acompañado por el médico de la Bonaerense. Allí dio a luz a su hija, Rosa Isabella Valenzi. Después del parto, Silvia fue retirada por la misma patota policial y trasladada al Pozo de Banfield, mientras que la recién nacida quedó bajo control del circuito represivo.
Según los testimonios, mientras permanecía internada, Silvia logró advertir de su situación a un médico de apellido García y a la enfermera Generosa Fratassi -que permanece desaparecida-. Así llegó la información a su madre, Concepción. Cuando la mujer insistió en recuperar a su nieta recién nacida, el propio Pérez Casal, jefe de neonatología, le dijo que “la nena no está, pero nadie se la llevó”.
El médico también mencionó la presencia de “un señor alto de bigotes” preguntando por la niña y advirtiendo que nadie más que él podría retirarla, “ni que viniera Videla a pedirla”. Ese hombre era Jorge Antonio Bergés.
La desaparición administrativa del nacimiento fue el paso final del operativo. El nombre de la recién nacida fue tachado del libro de partos y reemplazado por la inscripción “NN”, mientras que la historia clínica desapareció.
Maternidades clandestinas: la cocina del Pozo de Banfield
“En esa cocina naciste vos”, le dice Pablo Díaz, el único sobreviviente de la llamada Noche de los Lápices, a María Victoria Moyano Artigas, hija de los detenidos desaparecidos Alfredo Moyano y María Asunción Artigas Nilo. Dos mesadas, una pileta y el olor a humedad todavía impregnan las paredes del lugar. La escena está documentada en testimonios judiciales y visitas oculares que se desarrollaron en el marco de la causa por los hechos ocurridos en las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes y Lanús desde 1974, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, hasta 1978, bajo el golpe cívico clerical y militar.
En aquel Centro Clandestino de Detención de Lomas de Zamora no sólo se pergeñó buena parte del Plan Cóndor, que coordinó los aparatos represivos en el Cono Sur, sino también uno de los mayores dispositivos de administración reproductiva organizados bajo su control: una de las principales “maternidades clandestinas” puestas en funcionamiento para llevar adelante el robo de bebés como parte del plan genocida.
El edificio de tres pisos, usurpado a la ilusión de un polideportivo para el barrio de Luz y Fuerza, fue sede de una “maternidad” montada para recibir a las mujeres secuestradas que empezaban su trabajo de parto o eran llevadas a parir, trasladadas desde las celdas contiguas cuando empezaban las contracciones. Algunas habían sido violadas, torturadas. Otras parían atadas, tabicadas. Todas parían vigiladas. Después del parto, eran obligadas a limpiar y el recién nacido generalmente era retirado de inmediato.
En su declaración ante el Tribunal Oral Federal en mayo de 2022, Clara Petrakos estimó que entre los casos ya probados y aquellos aún insuficientemente investigados podrían haber sido entre 26 y 33 las mujeres embarazadas que estuvieron secuestradas entre 1974 y 1978 en ese centro clandestino, también apodado El Hospital por el rol que cumplió.
"Por lo menos, fueron cuatro mujeres en el ‘74, que luego fueron legalizadas; una mujer en el ‘75, que fue asesinada en la tortura; alrededor de nueve mujeres en el ‘76, con una sola legalizada (Celina Márquez) y sólo tres hijes que fueron encontrados. Alrededor de catorce mujeres en el ‘77: una sola de ellas fue liberada con su hija y tres hijes fueron encontrados. Unas cinco mujeres dieron a luz en el ‘78 y sólo dos hijes fueron encontrados", detalla Clara con la precisión de quien lleva investigando el tema toda una vida.
“Adriana Chamorro era la partera hasta las últimas contracciones”, cuenta por su parte Victoria Moyano Artigas, que nació en 1978 y recuperó su identidad en 1987. “Después de parir, a mi mamá le hicieron limpiar el piso con una sábana. Y con esa sábana me tuvo 8 horas. Las únicas 8 horas que estuve con mi mamá”, enfatiza mientras camina por la cocina donde nació. La historia que siguió también se repite en otros casos: en el suyo, bajo la supervisión de Bergés, fue Oscar Penna, un jefe del Ejército de la Brigada de San Justo, quien se llevó a la beba rápidamente y la regaló a uno de sus hermanos.
Durante el cautiverio de estas jóvenes embarazadas la atención médica era nula. “Bergés sólo daba órdenes para que los otros detenidos controlaran el lapso de las contracciones. Luego de los nacimientos, Bergés se ocupaba de confeccionar la documentación falsa para que estos niños pudieran ser apropiados”, contó Colleen Torre, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, durante el Juicio a las Brigadas. Para las mujeres, tras el parto, los cuidados se desvanecían. “Sólo se las volvía a buscar, a fin de ser trasladadas”, agregó.
El relevamiento realizado por Clara Petrakos sobre los casos de niños nacidos o secuestrados en este circuito de la Policía bonaerense aporta además una pista sobre la lógica interna de estas apropiaciones. Al reconstruir quiénes se quedaron con los bebés y cuál era su posición dentro de la jerarquía policial, Petrakos observó que los apropiadores pertenecían a distintos rangos de la fuerza. Aunque predominaban oficiales de rango medio, también aparecen miembros de jerarquías más altas y más bajas. Esta distribución sugiere que, dentro del aparato represivo, los bebés apropiados podían circular como un recurso disponible entre integrantes de la propia estructura policial, salvo en aquellos casos en que el destino del niño parecía estar previamente asignado.
Dispositivos similares funcionaron también en otros centros clandestinos, como Campo de Mayo, donde operó una de las mayores maternidades clandestinas del país. Sin embargo, el Pozo de Banfield ocupó un lugar central dentro del circuito represivo de la Policía bonaerense.
Solidaridad y resistencia: la muralla de las lobas
En el corazón de aquel dispositivo genocida también emergió una pedagogía, una comunidad inversa, de mujeres de distintas tradiciones y experiencias políticas que convirtieron el encierro en trinchera, en resistencia, en mensaje para todas las que estuvieran por venir.
Teresa Laborde, hija de Adriana Calvo, que fue integrante de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y luego fundadora de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), fue una de las pocas hijas que logró salir del Pozo de Banfield junto a su mamá, en 1977.
“Yo siempre fui ‘Teresa la que nació presa‘. Nací desaparecida en un traslado, en el asiento de atrás de un Falcon. Llegué en el cruce de Alpargatas, no tuvieron la deferencia de desatarle las manos a mi mamá, así que quedé colgando. Cuando llegamos al Pozo de Banfield, Bergés le sacó la placenta a golpes, la hicieron subir por una escalera y a mí me dejaron en una mesada fría”, relató durante el juicio a las Brigadas, que culminó en los primeros meses de 2024 y condenó a prisión perpetua a 10 de los represores, incluido Bergés.
En diálogo con Feminacida, Teresa también contó que cuando se la dieron, su mamá se aferró tanto a ella que, para que la entregara, los milicos tiraron en la celda que compartía con otras presas una pastilla de Gamexane que usaban para matar los piojos de las personas presas: veneno para ratas. “Las mujeres formaron una muralla humana alrededor nuestro y evitaron que los represores me quiten. Eso es lo más importante: la solidaridad, y es lo que nos quisieron robar”, remarca al recordar aquel acto que terminó salvándole la vida a ella y a su mamá. Los nombres de algunas de esas mujeres son Cristina Navajas, Gabriela Carriquiriborde, Gladis Pujol, Isabella Valenzi, Elena de la Cuadra, María Eloisa Castellini y Silvia Muñoz. Aún permanecen desaparecidas, pero Teresa cuenta que siente que esas mujeres la criaron “como loba”.
“Mi mamá prometió que si salíamos vivas se iba a dedicar todos los días a exigir justicia, y a buscar a los hijos de esas mujeres”, cuenta Teresa casi 50 años después. Y de hecho, así fue: desde que salió de aquel lugar, hasta el último de sus días, Adriana Calvo no se cansó de relatar en cuanta instancia pudo las condiciones del nacimiento de su hija y los partos de otras detenidas que siguen desaparecidas. Según sus registros, en ese lugar estuvieron secuestradas al menos 23 mujeres embarazadas o inmediatamente después de parir y 12 hijos, hijas, hijes fueron apropiados.
“No puedo ni quiero terminar mi declaración sin explicar al Tribunal quiénes eran Manuela, Cristina y Raquel. Creo no haber mencionado hasta ahora que cuando llegué a Banfield llevaba dos meses y medio de cautiverio, que había adelgazado muchos kilos, a pesar de estar en mis últimos meses de embarazo, que venía de parir en el asiento de atrás de un auto, con los ojos vendados y las manos atadas atrás, que al llegar me habían obligado a limpiar la camilla donde me sacaron la placenta y el piso, desnuda frente a 10 o 12 guardias que se burlaban, mientras mi hija Teresa lloraba en una mesada. Estábamos en definitiva, en el último de los círculos de un infierno no imaginado siquiera por el Dante. Sin embargo, allí mismo y en gran medida gracias a Manuela, a Cristina y a Raquel conocí también lo más excelso, lo más sublime, lo más grandioso del ser humano”, dijo Adriana en una de sus últimas declaraciones ante la justicia.
Iglesia y apropiación: bautismos, silencios y complicidades
La red civil que sostuvo el dispositivo de apropiación de bebés también incluyó, en distintos niveles, a integrantes de la Iglesia Católica. En el circuito represivo de la Policía bonaerense aparece reiteradamente la figura del sacerdote Christian Von Wernich, condenado por su participación en secuestros, torturas y homicidios cometidos en centros clandestinos bajo el mando de Ramón Camps.
Pero los testimonios también sugieren otras formas de intervención eclesiástica vinculadas a los niños nacidos en cautiverio. En algunos casos, los registros religiosos -como certificados de bautismo- presentan irregularidades que revelan la manipulación de identidades: fechas de nacimiento alteradas o consignadas con posterioridad al bautismo. En otros, familiares de desaparecidos acudieron a autoridades eclesiásticas buscando información sobre el destino de los niños.
Según recuerda Clara Petrakos, fue el caso de Chicha Mariani, que recurrió a una autoridad de la Iglesia en La Plata con la esperanza de recuperar a su nieta Clara Anahí, en una gestión que inicialmente parecía posible pero que luego se frustró. Estos episodios no permiten establecer un patrón único de intervención, pero sí sugieren que instituciones religiosas formaron parte del entramado de relaciones, mediaciones y silencios que rodeó la apropiación de bebés durante el terrorismo de Estado.
La intervención eclesiástica aparece inclusive en algunos nacimientos ocurridos dentro del propio circuito represivo. Un caso documentado es el de Liliana Amalia Galarza, militante de la Juventud Trabajadora Peronista secuestrada en noviembre de 1976 cuando cursaba el cuarto mes de embarazo. Según las constancias judiciales, Galarza dio a luz el 3 de abril de 1977 en la Brigada de Investigaciones de La Plata y la niña fue bautizada allí mismo por el capellán de la Policía bonaerense Christian Von Wernich. Meses después, la beba fue entregada a su familia materna en la propia brigada.
Más allá de algunos episodios puntuales, como éste, la regla fue que los bebés nacidos de mujeres luego desaparecidas fueran apropiados por integrantes del aparato represivo o por terceros vinculados a él. El patrón se repite en centros clandestinos bajo control de distintas fuerzas -policías, marina o fuerza aérea- lo que sugiere que no se trató de decisiones aisladas de determinados represores, sino de una práctica extendida dentro del sistema represivo.
El derecho a la identidad: una disputa que sigue abierta
A Victoria Moyano Artigas, a Teresa Laborde y a otras hijas e hijos que nacieron allí, las salvó un colectivo de mujeres. Eran madres, abuelas, militantes. Mujeres que se enfrentaron a la política de la dictadura, que buscaba disciplinarlas para imponer su moral. Esa política contó también con la colaboración invaluable del empresariado (los autos Ford Falcon y las incubadoras donadas a Campo de Mayo por la Mercedes Benz fueron meros gestos en ese marco). También de la jerarquía de la Iglesia Católica, como el cura Christian Von Wernich, condenado a reclusión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio cometidos contra al menos 41 víctimas en ese Circuito que funcionó bajo el mando de Ramón Camps.
Décadas después, muchas de las hijas que nacieron en cautiverio recuperaron su identidad. Algunas se convirtieron en abogadas, legisladoras, querellantes. Otras impulsaron juicios, reconstruyeron archivos, recorrieron los sitios donde nacieron. El intento de supresión de la identidad produjo una continuidad consciente.
Con su lucha, las madres, las abuelas, las hijas, las nietas, rompieron esa operación defendiendo el derecho a heredar una historia. La pelea por la restitución de identidad se volvió también una forma de resistencia, una causa colectiva, social. La apertura de los archivos de la dictadura permitiría quebrar este pilar de la impunidad que fue el robo sistemático de bebés y el posterior hurto de su identidad, que rige desde entonces, gobierno tras gobierno, hasta el día de hoy.
