De la Time Warp a las "Propofest": El síntoma de un Estado ausente y el debate de la reducción de daños

¿Qué tienen en común una fiesta electrónica fatal en 2016 y el oscuro circuito de las "propofest" en la actualidad? Hoy se cumple una década de la Time Warp, donde cinco jóvenes murieron víctimas de un sinfín de fallas. Al cruzar aquel hecho con la reciente muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, emerge un patrón claro: ambos son el síntoma de un Estado crónicamente ausente. Comparten los mismos vicios: prácticas toleradas por años y señales de alerta ignoradas. Sin embargo, en esta ecuación hay un factor que cambia drásticamente: la lupa de los grandes medios y cómo esta moldeó, de forma muy distinta, la opinión pública.

Una lectura de Juan Martin Belvedere, integrante del equipo de PAF! (Proyecto de Atención en Fiestas de la Asociación Civil Intercambios).

El caso del anestesiólogo Alejandro Zalazar, hallado muerto el 20 de febrero, expuso algo más que una historia individual. Dejó al descubierto la facilidad con la que se podían sustraer insumos del Hospital Italiano, a pesar de los supuestos controles de trazabilidad.

No se trató solo de ampollas de fentanilo y propofol. También había sondas, jeringas y hasta una bomba de infusión continua, lo que permitía administrar estas sustancias de forma controlada. Es decir, no era un consumo improvisado.

La cobertura mediática evitó, en gran medida, hablar de “adicción peligrosa”. En cambio, construyó un relato de derrumbe personal: profesionales de clase media-alta que “arruinaron sus vidas”. Se habló del delito, pero el consumo quedó en segundo plano.

A partir de un audio que se viralizó en abril, emergió el término “propofest”: encuentros donde se utilizan fentanilo y propofol por vía intravenosa para inducir sedación profunda. En ese contexto aparece una figura clave: alguien que no consume y se encarga de monitorear a los demás para evitar eventos críticos, como paros cardiorrespiratorios o apneas.

Reducción de daños: ¿Un lujo o un derecho?

Para quienes trabajamos con un enfoque de Reducción de Riesgos y Daños (RR.DD.), esa figura no es novedosa. Cambia el contexto, pero la lógica es la misma: alguien que cuida, observa e interviene si algo sale mal. La diferencia es que, en estos circuitos, el rol de promotores de salud lo cubren personas de manera voluntaria, a quienes las une la militancia para que haya contextos de fiestas más cuidadas, donde quienes asisten no sean vistos solamente como objetos de consumo sino también como sujetos de derechos. Pero, sin un Estado que regule, estas prácticas quedan limitadas a que las productoras sean quienes decidan si en sus fiestas habrá un dispositivo de RR.DD.

Acá es donde se abre una discusión más amplia. Mientras el enfoque prohibicionista sigue destinando recursos a perseguir el consumo, la RR.DD. parte de un hecho más básico: la gente consume igual. Y cuando lo hace sin información, sin condiciones mínimas y en la clandestinidad, el riesgo aumenta.

Lejos de promover el uso de sustancias, este enfoque apunta a reducir sus consecuencias negativas. Medidas simples (acceso gratuito al agua, información clara, espacios de descanso, coordinación con los dispositivos de salud disponibles en las fiestas) pueden marcar la diferencia entre un episodio controlado y una emergencia grave.

También introduce una distinción que suele quedar fuera del debate: no todo consumo es problemático. Equiparar cualquier uso con una adicción no solo simplifica el fenómeno, sino que dificulta identificar a tiempo los casos que sí requieren intervención.

La pregunta de fondo no es si estas prácticas existen, sino qué hace el Estado frente a ellas. Ignorarlas no las elimina. Pensar la reducción de daños como un lujo implica, en los hechos, aceptar que el acceso al cuidado depende del contexto y de los recursos de cada grupo.

La cicatriz de la Time Warp

A diez años de la tragedia, Time Warp sigue funcionando como un punto de inflexión. No solo por las cinco muertes, sino por lo que dejó al descubierto: una combinación de negligencia, descontrol y ausencia estatal.

En su momento, el foco estuvo puesto casi exclusivamente en las sustancias. Pero la reconstrucción posterior mostró otro escenario: sobreventa de entradas, hacinamiento, falta de ventilación y restricciones en el acceso al agua. Un conjunto de condiciones que amplificaron cualquier riesgo.

Hasta entonces, prácticas como cortar el agua de los baños para forzar el consumo pago eran habituales en este tipo de eventos. Quienes asistían lo sabían y lo naturalizaban. La falta de regulación efectiva permitió que esas lógicas se sostuvieran en el tiempo.

Después de la tragedia, la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 5641 para regular eventos masivos. La norma estableció requisitos como límites de capacidad, presencia de servicios médicos, condiciones de seguridad y acceso a agua potable gratuita. En términos formales, fue un avance.

Pero la existencia de la ley no garantiza su cumplimiento. Con el tiempo, distintos eventos volvieron a evidenciar fallas en los controles. La tensión entre regulación y negocio sigue presente: reducir costos y maximizar ganancias muchas veces entra en conflicto con las condiciones de seguridad.

Además, la ley avanzó sobre aspectos estructurales, pero dejó un área poco desarrollada: la gestión de los consumos dentro de los eventos. El resultado es un esquema que mejora algunas condiciones, pero evita abordar el problema de fondo. 

El paralelismo con el caso Zalazar es claro. En ambos escenarios, el riesgo era conocido, pero se manejaba en silencio. Y en ambos, la falta de políticas que lo aborden sin estigmas termina corriendo los límites hasta que aparece la muerte.

En este escenario, la respuesta no puede ser más prohibicionismo. Desde la sociedad civil, diversas organizaciones ya están marcando el camino: es hora de un debate serio, a través de proyectos con incidencia política y sin hipocresía. Si el uso de sustancias es una realidad persistente, el Estado debe dejar de gastar recursos en criminalizar usuarios para empezar a invertirlos en información, conciencia y políticas de salud que permitan detectar y acompañar a tiempo, antes de que el próximo caso llegue a la portada de un diario.