Urge la democratización de la pauta oficial
Según el último informe sobre Publicidad Oficial 2021-2022 de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la administración de la pauta aumentó el gasto en comparación con la gestión de Cambiemos y tomó la decisión de no distribuir el dinero según cada línea editorial. Esto significa que el dinero que reciben los medios opositores al gobierno en pauta publicitaria es mayor e incluso ha ido en aumento los últimos años respecto a medios “afines” al gobierno.
En relación con los montos, durante el último año de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el presupuesto era de $16.000 millones y se distribuía mayoritariamente entre medios que estaban en la línea oficialista aunque tuvieran menos audiencia. Para 2019, el presupuesto fue de $6.000 millones y en 2021 fue de $7.000 millones. Sumado a ello, durante el período 2015-2019, la distribución de la pauta fue establecida según los niveles de rating, criterio que se mantiene hoy durante la gestión de Alberto Fernández.
En cuanto a la distribución, el Grupo Clarín recibió el 13,8 por ciento en el período septiembre 2021- agosto 2022. En gráfica, solo el diario recibió $68 millones y en web $168 millones. Por su parte, La Nación recibió en el mismo período $66 millones para gráfica y $142 millones para la web.
En el informe se advierte además la centralización en los medios que operan en la Ciudad de Buenos Aires lo que genera difusa y desigual distribución del presupuesto al resto del país. Para los medios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se destinó el 63 por ciento del total de la pauta y el 37 por ciento restante fue para los medios de las otras provincias.
Respecto a los medios sin fines de lucro pertenecientes a cooperativas de trabajo, asociaciones civiles, entre otras, éstos reciben el 1 por ciento del total de la pauta oficial, lo que contribuye a profundizar el sistema ya desigual que trae como consecuencia la ausencia de pluralidad de voces y perspectivas.
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Discursos de odio financiados
Las noticias falsas y los discursos que promueven el odio y la violencia no son una novedad, existen desde la antigüedad. Pero a partir de la velocidad de difusión que posibilitan las redes sociales e internet, se han convertido en un problema serio. La difusión deliberada de noticias falsas tienen la intención de manipular la opinión pública e influir en las decisiones de las personas, desprestigiar gobiernos, instituciones o personas y, en general, las motivaciones suelen ser lucro económico o apoyo político.
Si a esta problemática que se da a nivel global le sumamos los antecedes que tiene la Argentina de relaciones de complicidad entre los medios hegemónicos y gobiernos antidemocráticos, es simple establecer la gravedad que implica el poder económico del que gozan los medios con mayor audiencia y que, además, es financiado desde el Estado.
