El tiempo no todo lo cura: defender la historia cuando intentan borrar la memoria

Entre el desmantelamiento de las políticas de memoria y la reivindicación oficial de la dictadura, el gobierno de Javier Milei tensa los consensos democráticos. Sin embargo, frente a los recortes y el negacionismo, las encuestas revelan una reserva ética inesperada: el corazón de la sociedad argentina parece latir a miles de kilómetros de distancia del olvido.

Argentina no es solo un país; es una cartografía de cicatrices que aprendieron a hablar a través de su pueblo. Es una tierra pavimentada en recuerdos que construyeron nuestra identidad y el fruto de la insistencia de unas locas –las Madres y Abuelas– que le enseñaron a toda su gente a insistir por la verdad. Hoy se cumple un nuevo aniversario de esa historia que marcó una memoria colectiva. 

Pero a medio siglo del inicio del último Golpe de Estado, asistimos a una coreografía de gestos que creíamos enterrados: discursos que se disfrazan de libertad para reivindicar el espanto, una política económica devastadora y una avanzada sobre el alma de un pacto social que dijo “Nunca Más” y que hoy, ante la amenaza del indulto y el desguace, se ve obligado a revalidar sus valores. No como un ejercicio del pasado, sino como una trinchera del futuro: una lucha cuerpo a cuerpo frente a la bestialidad. En una actualidad donde el eco de las botas vuelve a colarse en las instituciones, hace falta recordar que el tiempo no todo lo cura. 

En la dictadura cívico-eclesiástica-militar de 1976 no solo desaparecieron cuerpos; también la idea misma de una Argentina justa, solidaria y dueña de su destino. Mientras se montaba la estructura de lo que conocemos como terrorismo de Estado —con más de 800 centros clandestinos de detención, en todo el territorio de punta a punta, y un plan sistemático de apropiación de bebés—, el “Proceso” quintuplicó la deuda externa, destruyó más del 20% de la industria nacional. La demolición de la soberanía económica fue el principal objetivo para que, sobre sus ruinas, no quedara rastro del país que nos atrevíamos a soñar. 

Cincuenta años después, esa arquitectura de desguace parece haber encontrado un nuevo canal de ejecución. Javier Milei no necesita de los tanques para avanzar sobre la misma estructura: lo votó la mayoría de un pueblo que hoy comienza a ver los resultados de una gestión que apunta a la desindustrialización, la apertura irrestricta a capitales extranjeros y la pulverización del salario real como método. Este paralelismo no implica que la receta se esté repitiendo tal cual —aunque no está de más decir que se trata del gobierno que más ha reprimido y asesinado desde el regreso a la democracia—, sino que existe una genealogía del desguace que se remonta al 76’.

Bajo la misma premisa que Rodolfo Walsh denunció en su Carta Abierta es que hay que leer nuestro presente: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Al igual que Martínez de Hoz, la gestión actual entiende que para “resetear” a la Argentina es necesario desmantelar el Estado y dejar a la intemperie a millones. Para ellos el enemigo sigue siendo el mismo; para nosotras y nosotros, también.

Lo tenemos claro, todo plan económico necesita, obligatoriamente, de un relato que lo proteja. Las continuidades entre ambos procesos también se leen en los gestos de cercanía que Milei le dedica a los genocidas. Se vio en el video de Casa Rosada del 24 de marzo de 2024, que bajo el rótulo de “Justicia Completa” se intentó exhumar la vieja teoría de los dos demonios. Se confirmó el 11 de julio de ese mismo año, con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a Alfredo Astiz en la cárcel de Ezeiza. Y llegó a su punto más crítico en los últimos meses con los rumores de indultos y la reciente abstención de los senadores oficialistas ante la declaración contra el golpe de Estado. Cada una de estas acciones funciona como un termómetro social: son ensayos para medir cuánto olvidamos y cuánta resistencia queda en el ADN de un pueblo que hizo de la memoria una política de Estado.

Desde diciembre de 2023, se desfinanciaron los ex centros clandestinos de detención en todo el país y se despidió a la mitad de los trabajadores de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. No conformes con el ajuste presupuestario, avanzaron sobre las herramientas de búsqueda: la modificación por ley del Banco Nacional de Datos Genéticos y la eliminación de la Unidad Especial de Investigación (UEI) dentro de la CONADI. Quitarle recursos a estos organismos no es ahorrar; es intentar, por otros medios, que las nietas y los nietos que faltan no aparezcan nunca.

Mientras se abren frentes de conflicto en cada rincón —desde la Ley de Glaciares hasta la Reforma Laboral y la baja de edad de punibilidad—, los sectores más conservadores apuestan a nuestro agotamiento para desmantelar, casillero por casillero, las políticas de derechos humanos. Pero aunque para el Gobierno estos parezcan descartables, no existe un correlato lineal con el pensamiento masivo. 

Al mirar este encadenamiento de hechos, podemos decir que el desprecio hacia la lucha por la Verdad y la Justicia es parte de lo que los libertarios llaman la “batalla cultural”. Se trata de una avanzada simbólica, que busca hacer mella en el imaginario colectivo y transformar lo que hace años creíamos haber construido. Más allá del indulto, las visitas o los votos en el Senado, cada acción les sirve para medir la reacción social en relación a estos temas; pero ¿realmente la sociedad tiene menos consenso sobre estos temas o hay algo que no están viendo? ¿Nos sigue importando la búsqueda de la verdad? ¿Tenemos memoria?

El síntoma de la resistencia

Hay varias encuestas recientes que arrojan datos que funcionan como un dique de contención frente al negacionismo. Según un estudio del CELS y Pulsar.UBA, el rechazo hacia la última dictadura es ampliamente mayoritaria y la demanda de justicia sigue activa: el 70% de los argentinos considera que fue mala o muy mala y que es necesario que el Estado siga juzgando a los militares por sus crímenes. En sintonía, la encuesta de la consultora Proyección para Tiempo Argentino revela que el 73,8% de la sociedad aprueba las políticas de derechos humanos desarrolladas desde el retorno de la democracia otorgando un respaldo contundente a un proceso que el discurso oficial intenta presentar como agotado.

Esta reserva ética encuentra su anclaje más fuerte en el reconocimiento del horror. Siete de cada diez personas coinciden en que entre 1976 y 1983 existió un plan sistemático para torturar y desaparecer personas, una cifra que en el estudio de Amnistía Internacional llega al 75% entre las juventudes. El dato sobre las nuevas generaciones es quizás el más revelador para analizar el presente. Aunque se intenta instalar una visión "completa" del pasado e instalar el olvido, el 87% de los jóvenes afirma conocer lo ocurrido y el 85% está de acuerdo con que el 24 de marzo sea feriado nacional. No es solo un recuerdo escolar: el 92% de las juventudes manifiesta interés en seguir aprendiendo sobre este periodo. Este interés genuino funciona como un dique frente al negacionismo, ya que el 75% de los jóvenes rechaza de forma transversal un potencial indulto a los militares condenados.

Lejos de la indiferencia, en los resultados de Tiempo el rol de los organismos de derechos humanos es percibido como "importante" por el 81,7%, y el respeto hacia las Madres y Abuelas es casi unánime: el 97,5% destaca su labor histórica. 

Estas miradas retrospectivas demuestran que la "batalla cultural" del oficialismo choca contra una identidad construida en las aulas y las familias. El 92,1% de las y los encuestados por Proyección avala que se enseñe lo sucedido durante el terrorismo de Estado en las escuelas, reafirmando que la educación es el principal ámbito de socialización. Entender este pasado no es un capricho nostálgico, sino una urgencia nombrada en tiempo presente: sólo comprendiendo su linaje y el desprecio por la vida, podemos identificar y resistir las formas en que esos ecos hoy intentan volver a colarse en la democracia.

50 años de un modelo en disputa

Lo que hoy vemos con el tándem de Javier Milei, Luis "Toto" Caputo y Federico Sturzenegger no es una novedad absoluta, sino la aceleración de ideas que tiene su acta de nacimiento en el despacho de Martínez de Hoz.

Cinco décadas después, arrastramos deudas que exceden el castigo a los ideólogos de la dictadura: todavía nos faltan 400 nietos y nietas, y la ubicación de miles de personas, pero también desmantelar el andamiaje jurídico-económico del terror. Como señalan las investigaciones recientes, leyes como la de Entidades Financieras (21.526) de 1977 —que liberalizó el sistema a favor de la especulación— o la de Inversiones Extranjeras siguen rigiendo nuestra economía actual. Esto permitió el debilitamiento del control estatal y  facilitó el auge de la "patria financiera" y un endeudamiento externo que saltó de 7 mil a 45 mil millones de dólares al final del proceso. Actualmente, el stock de deuda continúa en aumento como parte de un ciclo que se retroalimenta, utilizando las mismas estrategias legales heredadas de aquel periodo.

No es una coincidencia que hoy se apliquen recetas similares como la apertura generalizada de las importaciones y el sostenimiento de un dólar barato. Este esquema provocó una caída del salario real cercana al 40% en un solo año y la expansión de la especulación financiera. Hoy, en la misma línea, la apreciación del peso y la elevada rentabilidad en dólares a través del carry trade configuran el núcleo de las políticas oficiales.

Para que ese modelo de "miseria planificada" funcione fue necesario disciplinar a la clase trabajadora. En 1976, esto se hizo mediante reformas sustantivas a la Ley de Contrato de Trabajo (21.297), que eliminó el principio protector que favorecía al trabajador en caso de duda. En el presente, la llamada "Ley de Modernización Laboral" es descrita por especialistas como un estatuto regresivo que guarda un parecido "no casual" con aquellos cambios que impulsaron los militares. Ambas buscan lo mismo: reducir las garantías de estabilidad y suspender el poder de las negociaciones paritarias.

Lo innegociable del nuevo paradigma 

Para comprender el presente, hay que huir de las simplificaciones. Afirmar que el voto a Javier Milei equivale a un respaldo ciudadano a la dictadura militar es una lectura tan lineal como errónea. Lo que estamos presenciando es una paradoja compleja: una sociedad que, en su gran mayoría, aborrece el terrorismo de Estado, pero que al mismo tiempo eligió políticas que desmantelan sus consensos simbólicos e institucionales. Según Amnistía, el 49% de los jóvenes encuestados cree que el Gobierno va en la dirección correcta con sus medidas. Esta aparente contrariedad no se resuelve unificando el pasado con el presente de forma automática. El contexto de 1976, marcado por la violencia política y el asalto militar al poder, es radicalmente distinto al de hoy; sus decisiones económicas no. 

El desafío consiste en identificar los hilos invisibles que conectan ambas épocas. La genealogía no es repetición, es herencia. La Libertad Avanza no es una dictadura, pero sí es una gestión que, amparada en la legitimidad del voto, utiliza herramientas democráticas para erosionar los pilares que nos definieron como sociedad frente a la brutalidad. No hay tanques en la calle, pero hay un desprecio oficial hacia las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. No hay desapariciones forzadas, pero hay un discurso que intenta reinstalar las ideas de conciliación y olvido. 

Muchos ciudadanos y ciudadanas eligieron un cambio económico radical, no una claudicación ética ante el horror. El desacierto del modelo actual —y quizás su mayor debilidad— es creer que la victoria en las urnas les otorgó la potestad de reescribir la historia para desmantelar el “Nunca Más”. Tal vez, la única herramienta para identificar las marcas de un país que se niega a ser rematado. La sociedad argentina, con sus contradicciones a cuestas, parece trazar una línea roja clara. La batalla actual no es solo por el relato del pasado, sino por la soberanía del presente. El tiempo no todo lo cura, especialmente cuando los instrumentos del despojo siguen vigentes.