Provincia de Buenos Aires: la violencia digital podría incorporarse a la ley de violencia familiar 

La senadora provincial Mónica Macha, junto a familiares de víctimas, organizaciones y especialistas, presentó un proyecto de ley para incorporar la violencia digital a la Ley de Violencia Familiar (12.569) de la Provincia de Buenos Aires. “Tenemos el gran desafío de humanizar la digitalidad porque entendemos que lo virtual es real y, además, es político”, sostuvo Macha durante el evento realizado en el Salón Cafiero de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata. 

¿De qué se trata el proyecto?

La iniciativa busca modificar la ley vigente para reconocer la violencia digital como una forma específica de violencia de género, un hito que ya se consiguió a nivel nacional con la aprobación de la Ley Olimpia en 2023, también impulsada por Macha. 

El texto propuesto a nivel provincial incorpora la afectación a la identidad digital entre los bienes protegidos y contempla las agresiones cometidas a través de tecnologías de la información y la comunicación, un terreno que hasta ahora quedaba afuera del marco legal provincial.

“Hoy presentamos este proyecto de ley porque creemos que es muy necesario y urgente abordar la problemática de la violencia digital, repensar colectivamente qué es lo que está sucediendo en los entornos digitales”, dijo Macha al inaugurar la jornada. 

El proyecto define a la violencia digital como toda conducta que, a través de entornos digitales, afecte la dignidad, la intimidad, la identidad, la reputación o la seguridad de las personas. 

Entre las violencias que se ejercen en internet contra mujeres y niñas, se mencionó particularmente la violencia sexual. Y los datos de UNICEF lo confirman: al menos 1,2 millones de niños y niñas denunciaron haber sufrido manipulación de sus imágenes para convertirlas en deepfakes sexualmente explícitos durante el último año.

Una ley para acelerar la intervención institucional

El objetivo de la iniciativa es permitir una respuesta rápida, preventiva y eficaz frente a violencias que muchas veces avanzan a una velocidad mayor que la de los procesos judiciales. “Necesitamos que los jueces estén a la altura de estos hechos. Necesitamos una Justicia que escuche y actúe a tiempo”, sostuvo Agustina Palencia, de Gentic.

El proyecto habilita un conjunto de herramientas para que la Justicia pueda intervenir en estos casos con la misma lógica que ya se aplica a la violencia familiar. Entre ellas figuran la posibilidad de ordenar el cese de hostigamientos en el ámbito digital, prohibir el contacto por medios tecnológicos, disponer la eliminación de contenidos en plataformas y redes sociales, solicitar el bloqueo o la restricción de acceso a determinados sitios y garantizar la preservación de pruebas digitales y peritajes informáticos. 

Familiares de víctimas de violencia digital participaron de la presentación y aportaron sus testimonios. Laura Sánchez, mamá de Ema Bondaruk, habló del tiempo en que estos temas todavía no tenían nombre. “Hace casi dos años para mí era impensado hablar de violencia digital y pienso que, si hubiéramos tenido las herramientas necesarias, la historia de Ema y Belén tal vez sería otra”, dijo. Miguel San Román, papá de Belén San Román, fue más breve pero igual de contundente: aseguró que iban a seguir luchando hasta lograr lo que ya habían empezado.

El proyecto se inscribe en un recorrido que Macha viene sosteniendo desde 2022 junto a víctimas, familiares y organizaciones. En ese camino se inscribe la sanción de la Ley Olimpia, así como el proyecto de Ley Belén, que propone modificar el Código Penal para sancionar las prácticas de acoso y violencia en entornos digitales. Presentado dos veces a nivel nacional, todavía sigue siendo una asignatura pendiente.

Este ecosistema de leyes se completa con la Ley Ema, presentada por Macha en el Congreso de la Nación en 2025. El proyecto sanciona la creación del Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Y la Guía Ema, una herramienta gratuita pensada para que escuelas de todo el país puedan abordar esta problemática.

Mientras la participación en ecosistemas digitales crece a un ritmo que las leyes todavía no logran acompañar, iniciativas como esta buscan achicar esa distancia. El proyecto pone sobre la mesa una pregunta que excede a la provincia de Buenos Aires: ¿cómo construir marcos legales que protejan a mujeres, niñas, niños y adolescentes en estos entornos?