Paola Ortiz está presa hace 13 años por padecer un "parto en avalancha". Por esa emergencia obstétrica impredecible, fue condenada por homicidio agravado por el vínculo en la ciudad de Córdoba.
Una tarde de 2012, Paola empezó a tener molestias muy fuertes en la panza. Sabía que estaba gestando, pero nunca había sentido algo así en sus embarazos anteriores. Se encontraba sola y asustada en una precaria habitación que su ex suegro le prestaba a cambio de supuestos "favores sexuales" cuando el malestar, que no cesaba, derivó en contracciones cada vez más rápidas e intensas. Este episodio terminó con un parto en avalancha. Cuando pudo tocar a su bebé se dio cuenta que estaba frío y que salido en el mismo movimiento junto a la placenta. Nunca lo escuchó llorar. Había muerto.
Un par de días después Paola fue a la policía. El padre de sus tres hijos le había quitado al más chiquito, de 5, el único que vivía con ella después de que ese hombre se hubiera llevado antes a los dos mayores. Pero el oficial que la recibió comenzó a interrogarla. Allí Paola se quebró y contó que había parido en su cuarto de manera repentina. En esa declaración tomada por un agente empezaron las irregularidades que terminaron con su condena.
Paola vivía en Villa Nueva, un pueblo cercano a Villa María en Córdoba. Tenía 29 años, hacía changas en casas particulares, pero no tenía un sustento económico fijo. Había hecho hasta tercer grado y vivía entre la terminal, la calle y una habitación prestada. En un contexto de absoluta pobreza, Paola sufrió una emergencia obstétrica y terminó condenada por homicidio agravado. Hace 13 años que está privada de su libertad.
“Paola termina condenada sin pruebas, con una sentencia plagada de estereotipos que le exigían a ella que se comportara como si fuera un personal de salud en relación a cómo debía gestionar esa emergencia obstétrica. Pero además con un montón de estereotipos que tienen que ver con ser mala madre y mala mujer”, explica a Feminacida Marina Gudiño, parte del equipo de litigio y de la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
La Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir es un espacio federal y feminista del que forman parte abogadas de diferentes provincias del país, que desde lo jurídico y lo legal acompañan el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Litigan en casos donde haya obstrucción a estos derechos. La Guardia está en 12 provincias de Argentina trabajando con el territorio, y articulando con profesionales de la salud y del derecho. Además, tiene un rol de concientización ya que brinda con capacitaciones sobre herramientas legales para garantizar derechos sexuales y reproductivos.
Gudiño conoció el caso de Paola a fines de 2022 de casualidad, a través de una intervención de CDD en otra causa: la presentación de una amicus curiae sobre mujeres privadas de la libertad que habían sufrido violencia obstétrica en el contexto de encierro. Desde ese momento, el sumario del caso de Paola quedó en manos de las abogadas Julia Luna y Rocío García Garro. Cuando la conocieron, Paola hacía 12 años que estaba presa. Estaba embarazada de ocho meses, alojada en el pabellón conocido como el de "las malas madres" y durante esos años no había podido asistir a la escuela por las agresiones que este estigma le implicaba vivir en la cárcel. Había parido a otro niño en el penal, pero la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) lo había dado inmediatamente en adopción, cuando el deseo de Paola era maternarlo.
“Cuando nosotras la encontramos por primera vez estaba todo eso dando vueltas, era un caso muy extremo”, cuenta Luna, entrevistada por Feminacida y amplía: “Con el expediente nos dimos cuenta de que era una condena que estaba firme, que Paola había sido juzgada con una defensa negligente, sin pruebas, en una situación de emergencia obstétrica en la cual el bebé nació sin vida. El policía que redactó la primera declaración indicó que el bebé había llorado sin haber estado en el parto".
Además, Paola declaró sin defensa en la comisaría. "Desde ese entonces quedó detenida y fue hostigada y golpeada al grito de ‘mala madre’. Tres años después, en el juicio, se incorporó otra prueba: la dosimetría hidrostática pulmonar, que no logró constatar de manera fehaciente que el nacimiento haya sido con vida ya que esa pericia necesitaba ser acompañada de otras para verificar su certeza. Sin embargo, en ese juicio por jurados se cambió la carátula de abandono de persona seguido por muerte a homicidio agravado por el vínculo”, detalla Julia Luna.
Junto a su colega García Garro, presentaron un recurso de revisión, donde solicitaron que se reexamine la sentencia con perspectiva de género, tomando el caso de Manuela versus El Salvador, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También agregaron una prueba nueva: un informe médico de la obstetra Stella Maris Manzano, en el cual se observa que toda la prueba documental en relación a las cuestiones obstétricas tienen que ser resueltas en el sistema de salud y no en el poder judicial. “Y menos de este modo, con un juicio cargado de estereotipos, criminalizante, sin perspectiva de género y sin pruebas, el cual finalmente sentencia a Paola a cadena perpetua”, remarca la abogada.
Así como Paola en Córdoba, que fue condenada sin pruebas ni perspectiva de género en un proceso judicial plagado de prejuicios, hay muchas otras mujeres y personas gestantes a lo largo de nuestro país en la misma situación. En la memoria popular, más fresca después del estreno de la película de Dolores Fonzi, está el caso Belén en Tucumán, donde también la estigmatización de las mujeres pobres pretendió convertir una emergencia obstétrica en un crimen.
El caso, que retrató la violencia que las mujeres sufren y el compromiso de la militancia feminista, fue también parte de la organización que se movilizó para que sucediera la legalización del aborto en Argentina en el 2020. Es esta dicotomía con el presente, la actriz y directora reflexiona: “Yo siento que la película termina triunfalista, pero que no es la realidad de hoy. Es interesante contemplar lo que trae, pero si tengo que repensarla, elegiría como fotos finales las de las chicas que están todavía condenadas por situaciones similares a las de Belén".
Ahora, a partir de la presentación del recurso de revisión, puede haber tres caminos: que lo rechacen, lo admitan o soliciten que se abra un juicio nuevo. Gudiño aporta: “Si lo admiten el recurso de CDD, pedimos la nulidad de la sentencia, la absolución y libertad de Paola”. Este recurso está acompañado por más de diez amicus curiae de otras organizaciones feministas que han manifestado su preocupación y que aportan sus argumentos al tribunal para que revise esta sentencia. Y también por una campaña de concientización, activismo y movilización que “tiene como objetivo que el Tribunal Superior de Justicia escuche, que revise esa sentencia, que Paola salga en libertad, declarando el mensaje de que las emergencias obstétricas no son delito”.
―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―
