Nombrar la violencia fue un punto de inflexión. Comprendí que aquello que había vivido no era un error aislado, sino la expresión de relaciones de poder que atraviesan los cuerpos, especialmente los cuerpos gestantes y feminizados en Argentina y en América Latina y el Caribe. Ponerle nombre a lo vivido fue el primer gesto de autonomía y el inicio de un recorrido hacia la justicia reproductiva.
En ese proceso, el cuerpo dejó de ser solo experiencia y se volvió pregunta política. Entendí que el sistema de salud no violenta de la misma manera a todos los cuerpos: lo hace con mayor fuerza allí donde se cruzan género, identidad, clase, territorio y acceso desigual a derechos.
A partir de ese reconocimiento, mi camino se orientó hacia el acompañamiento de personas cuyas identidades y corporalidades históricamente quedan fuera de la norma sanitaria. El trabajo con la diversidad sexual y de género permitió ver con mayor claridad que la violencia que yo había vivido no era una excepción, sino parte de un entramado sistemático que excluye, patologiza y silencia.
En ese cruce entre experiencia personal y acompañamiento colectivo, la noción de justicia reproductiva adquirió un sentido profundo y situado. Comprendí que no se trata solo del derecho a decidir, sino de la posibilidad real de hacerlo en condiciones de dignidad, cuidado y reconocimiento. La justicia reproductiva no existe cuando la decisión está atravesada por el miedo, el silencio o el riesgo, sino cuando la autonomía puede ejercerse sin violencia ni castigo.
En ese recorrido, el aborto apareció como una dimensión ineludible. No como un debate abstracto, sino como una experiencia profundamente marcada por las desigualdades del sistema de salud. Incluso en contextos de legalidad, el acceso al aborto continúa mediado por barreras simbólicas, institucionales y materiales que impactan con mayor fuerza en los cuerpos más vulnerados.
Escuché historias de personas que no pudieron preguntar, que no encontraron información clara, que fueron juzgadas o directamente expulsadas del sistema. Para muchas, decidir interrumpir un embarazo no fue solo una decisión personal, sino un recorrido solitario dentro de un sistema que no garantiza cuidado ni respeto.
La violencia ginecobstétrica y el acceso al aborto no son problemáticas separadas. Ambas expresan una misma lógica de control sobre los cuerpos gestantes: una medicina que se arroga el poder de decidir qué cuerpos merecen cuidado y cuáles deben ser disciplinados.
Para las identidades disidentes, esta experiencia se vuelve aún más hostil. La falta de reconocimiento, el desconocimiento y la violencia simbólica convierten el acceso a un derecho en una experiencia profundamente desgastante.
Hablar de justicia reproductiva desde una perspectiva interseccional implica reconocer que el aborto no se vive de la misma manera en todos los cuerpos. No es lo mismo decidir con información y redes de apoyo que hacerlo desde el aislamiento, la precariedad o el miedo. Nombrar estas diferencias no fragmenta la lucha: la vuelve más justa.
Desde esta experiencia situada, sostengo que el derecho al aborto no puede pensarse de manera aislada, sino como parte de una trama más amplia de derechos reproductivos, cuidados y autonomía corporal. Incorporar una mirada interseccional no es un gesto teórico, sino una necesidad política para que la justicia reproductiva sea real y no solo declarativa.
Mi encuentro con la Campaña Nacional contra la Violencia Ginecobstétrica fue una consecuencia de este recorrido. Llegué a ese espacio luego de un camino de escucha, acompañamiento y politización de experiencias que el sistema insiste en naturalizar. Comprendí que sostener la diversidad de voces, cuerpos e identidades dentro de los espacios de organización es una tarea política central.
Escribir desde la experiencia situada no es un ejercicio testimonial, sino un acto político. Las palabras pueden abrir caminos de organización, disputar sentidos y devolver autonomía a vidas históricamente silenciadas.
La justicia reproductiva no falla solo por la violencia que atraviesa los cuerpos, sino por el silencio que los sistemas de salud imponen sobre esas experiencias. Mientras esas voces sigan ausentes del relato público y de la toma de decisiones, la justicia reproductiva seguirá siendo un derecho incompleto.
Nombrarlas, escucharlas y organizarlas no es un gesto simbólico.
Es una urgencia política.
