A tres años de la madrugada en la que policías bonaerenses asesinaron a tiros a tres adolescentes y a un joven en San Miguel del Monte, un repaso por el estado de la causa con las voces de Yanina Zarzoso, mamá de Camila, y Gladys Ruiz Díaz, mamá de Danilo.
“Aquella noche fue la más horrible, fría y cruel de toda mi vida. Nos decían que había sido un accidente, en un intento corporativo por tapar la verdad. Poco a poco, con el pasar de las horas y gracias a los testimonios de los vecinos y vecinas, pudimos ir reconstruyendo lo que realmente había sucedido: ‘se escucharon tiros’, ‘los perseguían’, ‘levantaron todo muy rápido’. A Cami y a sus amigos los mató la policía”. Así lo recuerda Yanina Zarzoso, la mamá de Camila López, una de las cuatro víctimas de lo que se denominó la Masacre de Monte.
El 20 de mayo de 2019 la Policía Bonaerense del Destacamento Comunal de San Miguel del Monte realizó una persecución que terminó con la muerte de Camila López (13), Danilo Sansone (13), Carlos Aníbal Suárez (22) y Gonzalo Domínguez (14); y que le provocó heridas graves a Rocío Quagliariello (13), la única sobreviviente de la tragedia.
“Mi familia y yo esperamos justicia. Que se condene a los responsables por lo que hicieron y pedimos perpetua, porque eso es lo que merecen. Sin perpetua no hay justicia”, agrega Yanina, en diálogo con Feminacida.
Los hechos
La noche del 19 de mayo del 2019, Danilo y su amigo Gonzalo se encontraron con sus compañeras de escuela Camila y Rocío en la plaza principal del pueblo, donde era habitual que adolescentes y jóvenes se juntaran a rapear, andar en skate o bicicleta. Más tarde llegó Aníbal, a bordo de un Fiat Spazio. Los adolescentes se subieron y comenzaron a dar vueltas por el pueblo. Pasaron por el centro y por la laguna, hasta que, de un momento para el otro y sin que exista ningún motivo, dos móviles policiales comenzaron a perseguirlos a alta velocidad y a efectuarles disparos con sus armas de fuego. La persecución y los tiros hicieron que el auto pierda el control y chocara contra un acoplado que estaba estacionado al costado de la Ruta 3.
Desde ese momento, los policías y funcionarios públicos municipales comenzaron a desplegar un plan para encubrir el crimen a través de testimonios falsos, intentando hacer pasar la masacre por un simple accidente de tránsito. Los mismos policías que intervinieron en la persecución policial se hicieron cargo de la escena con el fin de eliminar cualquier rastro que pudiera inculparlos. A las 10 de la mañana del día del hecho, el subcomisario Julio Micucci dijo en conferencia de prensa que se había tratado de un accidente.
Sin embargo, los aportes de pruebas que ofrecieron los vecinos y vecinas de Monte lograron desarmar la versión policial: permitieron reconstruir, tanto la persecución policial, como la existencia de disparos en distintos puntos del tramo recorrido. Por otra parte, según consta en la causa, los trabajadores del centro de monitoreo fueron los responsables de que las filmaciones donde se observa al Capitán García disparando hacia el auto de los chicos saliera a la luz, mientras las autoridades intentaban esconderlas.
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“Ellos quisieron encubrir todo, pero los vecinos, pese a las amenazas que recibieron, aportaron evidencia para que se sepa la verdad. Aparecieron videos, imágenes y mensajes de todos lados que decían que no había sido un accidente”, describe Gladys Ruiz Díaz, la mamá de Danilo.
Este caso vino a echar luz sobre distintos hechos de violencia y hostigamiento por parte de la Policía Bonaerense en la zona. Después de ese día, se conocieron varios casos de chicos y chicas que habían sufrido violencia por parte de la policía.
“Anteriormente venían torturando y golpeando a los chicos. Los llevaban atrás de la laguna, les sacaban la ropa, zapatillas y los golpeaban. Las comisarías eran prácticamente un búnker donde los golpeaban, maltrataban y luego les armaban causas”, describe Gladys. “La policía no se esperaba la reacción de los vecinos de Monte. Voy a estar eternamente agradecida con ellos, con los testigos y todas las pruebas ofrecidas. Gracias a ellos todo esto salió a la luz”.
Yanina coincide con Gladys: “Por eso pienso que la masacre se podría haber evitado, si quienes tenían la responsabilidad de controlar a la policía lo hubiesen hecho”.
Pasaron tres años de la masacre y, según cuenta Gladys, la policía sigue actuando de la misma manera. “Los sigue hostigando, amenazando y golpeando. Hace poco estuvimos trabajando con el caso de una piba que quiso entrar a un boliche y la golpearon muchísimo. Ojalá esto sirva también para que los que están trabajando tomen conciencia, paren la mano y deje de haber pibes asesinado por la Policía”.
Las acusaciones y el estado de las causas
En total son tres causas. En la principal, Rubén Alberto García, capitán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibáñez, deberán responder como coautores de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembro de las fuerzas policiales calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público. La causa ya se encuentra elevada a juicio y los imputados van a ser juzgados por un jurado popular de La Plata. Estos últimos días se realizaron las audiencias preliminares donde se aportaron las pruebas. Una vez que esto culmine, se fijará una fecha para el inicio del debate.
“Estamos muy ansiosos y muy cansados. Desde el primer día pedimos justicia y nos seguimos preguntando por qué. Queremos que sea un juicio ejemplar y justo. Sin perpetua no hay justicia para ninguno de los cuatro”, señala la mamá de Danilo.
Por otra parte, en una segunda causa hay más de 20 policías acusados de diversas maniobras de encubrimiento en las horas y días posteriores a los hechos. Entre ellos, se encontraba el ex secretario de Seguridad de San Miguel del Monte, Claudio Martínez, quien hace pocos días falleció luego de ser atacado por su perro.
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“Todos ellos cumplían diversas funciones, prestando servicios de calle y dentro de la comisaría. Entre los imputados hay efectivos de la comisaría local y peritos de la Policía Científica”, describe Agustina Lloret, abogada del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Esta causa también fue elevada a juicio y se realizará ante un juzgado correccional de La Plata pero tampoco tiene definida la fecha.
Por último, hay una causa conexa por presunta violación de los deberes de funcionario público que se le sigue a la ex intendenta de Monte, Sandra Mayol, y Nelson Barrios, ex jefe de Bomberos.
Un accionar recurrente por parte de las fuerzas de seguridad
Margarita Jaque, abogada de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y representante de dos de las familias de las víctimas, relata en diálogo con este medio: “Nosotros hablamos de la era de las masacres: primero tuvimos la de Pergamino, luego la de Esteban Echeverría y por último la de Monte. Son hechos que por abandono policial, prácticas represivas o políticas de condiciones de encierro inhumanas, terminan generando muerte masivas, de una manera totalmente desapegada de la ley, cruenta y violenta”.
Lloret sostiene que la violencia policial es una práctica dirigida recurrentemente hacia las adolescencias: detenciones arbitrarias por averiguación de identidad, trasladados innecesarios a comisarías, apremios ilegales, torturas, uso injustificado y abusivo de las armas reglamentarias y, como en este caso, homicidios. “Antes de estos hechos suelen existir hostigamientos por parte de la policía a estos pibes jóvenes, que están en la calle, que es donde se juntan. Los conocen, y en algunos casos se han relevado intentos de involucrarlos en redes de ilegalidad, o en algunos otros negociados de la policía. Ante la resistencia de los pibes, se activan ese tipo de prácticas”, argumenta.
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Para Claudia Cesaroni, abogada, magíster en Criminología e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), la Masacre de Monte es otro caso en el que la policía bonaerense provoca tragedias, en esta ocasión “con el argumento de perseguir a personas que pueden ser sospechosas o que tienen una actitud sospechosa”.
Esas actuaciones de las fuerzas de seguridad suelen estar dirigidas a quienes se ven como “otros”, como “presuntos delincuentes” o “presos y presas”. “La gente entiende que son de otra esencia o carentes de dignidad, y les importa poco. Hay que insistir en que estas prácticas siempre son inaceptables. Hay que trabajar para evitarlas, afecten a quienes afecten”, sintetiza.
En ese sentido, considera que estas prácticas por parte de las fuerzas policiales y penitenciarias fueron y son recurrentes a lo largo de los distintos gobiernos desde el retorno de la democracia. “Eso refleja que la violencia estatal provocada por este tipo de fuerzas es una de las deudas del Estado de derecho. El problema es el dejar hacer, lo poco que se miran las prácticas policiales y penitenciarias por parte de nuestros dirigentes y de un sector de la sociedad”.
