Los y las familiares de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre del 2016, se acercaron hoy al Tribunal de Casación Penal bonaerense en La Plata para reclamar un nuevo juicio por el femicidio de la adolescente de 16 años. Sobre la calle 7, entre 56 y 57, decenas de personas esperaban para llevar a cabo un ruidazo. “Para que se escuche el grito de Lucía”, dijo Marta, su mamá, días atrás a Feminacida.
“Todas somos Lucía” fue el canto enardecido frente al tribunal, mientras se agitaban los carteles con su rostro inmortalizado por la lucha. El enojo y la tristeza se mezclaron en una sola voz. Entre pancartas, bombos y megáfonos, lxs pibxs volvieron a poner el cuerpo reclamando, una vez más, justicia por una de las tantas pibas que son arrebatadas con total impunidad. Entre toda la gente, Rosa Bru -madre de Miguel Bru, estudiante torturado y desaparecido en 1993 en una comisaría de esa localidad- se fundió en un emotivo abrazo con Marta antes de que entrara al Tribunal. Minutos después, como no podía ser de otra manera, se hizo presente Norita Cortiñas, luchadora infaltable en las causas justas.
El caso
El femicidio de Lucía fue uno de los casos más complejos, fuertes y nombrados de los últimos años. La violencia y la perversidad que se difundieron sobre el abuso previo al asesinato; el morbo con el que lo abordaron muchos medios de comunicación, que encontraron en los detalles de los hechos más indignación más que en el femicidio en sí; y la pregunta por cómo se vestía Lucía, con quién se relacionaba y de qué manera, fueron en conjunto la estrategia para revictimizarla una y otra vez. Así, se corrió el foco de quienes deberían haber sido cuestionados.
Sin embargo, aquello que ubica al caso de Lucía en el podio de las injusticias fue el accionar de los tres jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata, Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. Estos hombres coronaron el caso en la cúspide de las violencias el 26 de noviembre de 2018 con un fallo que dio que hablar a todo el país. En él, decidieron dejar en libertad a Alejandro Maciel, uno de los tres acusados del crimen de Lucía, y condenar a ocho años de cárcel a los otros dos, Matías Farías y Juan Pablo Offidani, “por tenencia y venta de estupefacientes a menores de edad en cercanía de una institución educativa”, según datos de la Campaña Nacional Somos Lucía, dejando de lado cualquier análisis sobre las desigualdades de género relacionadas al crimen.
La negligencia del tribunal cierra un círculo de machismo que queda en evidencia no solo por el fallo en sí, sino a través de los argumentos que lo sostienen. De nuevo se pone bajo la lupa la forma en que estaba vestida, de qué manera se relacionaba con sus amigxs, si consumía o no drogas, entre otros datos periféricos, para justificar la violencia y desviar el foco. Uno de los puntos más llamativos, argumento para la dudosa sentencia, fue que tras haber peritado el teléfono personal de Lucía, arriesgaron que, por su personalidad, ella "no permitiría una relación sexual no consensuada". Como si fuera poco, luego de que la abogada de la familia expusiera las históricas desigualdades de género, como argumento a tener en cuenta a la hora de juzgar a los acusados, el juez Pablo Viña le preguntó si acaso se basaba en su experiencia personal para sacar esas conclusiones. El segundo juez, Aldo Carnevale, confirmó la posición de su colega al acusar a la abogada de “retrograda” e insistió: “Hemos tenido una presidenta mujer, tenemos una gobernadora mujer, acá mismo hay abogadas mujeres, una defensora también mujer, ¿no le parece que esa distinción de género ya no es un dato de la realidad?”.
Violencias sistemáticas
Los datos recogidos por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora que sí nos ven” son escalofriantes. Desde 2016, el año en que mataron a Lucía, hasta el 2019, se registraron alrededor de 300 femicidios por año. Si bien puede haber una pequeña diferencia en el número de uno a otro, la cifra se mantiene e incluso aumenta durante 2019. Según la entidad presidida por Raquel Vivanco, murieron al menos 327 mujeres en ese período, dejando un femicidio cada 24 horas, y esto sin tener en cuenta la cantidad de travesticidios y crímenes de odio hacia la diversidad. Horas más, horas menos, cada día una mujer es asesinada en el país por la violencia machista. En cada caso, el circuito de violencias vuelve a activarse.
A pesar de la lucha incansable de las organizaciones feministas, que nuclean tanto a mujeres como a integrantes del colectivo TTTLGBIQ+ -blanco diario de la violencia patriarcal- sin una fuerte campaña estatal para erradicar la violencia de género desde sus expresiones más imperceptibles, se torna difícil revertir esta situación. El femicidio es la culminación de un proceso de violencia de la peor manera posible. Los números son aterradores, pero es importante recordar que detrás de esas cifras hay montañas de padecimiento diario, muchas veces invisibilizado, niñxs que quedan huerfanxs o, peor aún, al ciudado del femicida; familias enteras devastadas, y una sociedad atravesada por una problemática que aborrece a la vez que la reproduce.
Los femicidios son producto de configuraciones culturales donde el machismo está tan arraigado que, como en el caso de Lucía, la mirada está puesta sobre la víctima: la ropa, la forma de hablar, las actividades que realiza, la orientación sexual, con quiénes se relaciona. El problema en este caso es que estas preguntas revictimizantes no parten solamente de los medios de comunicación y quienes los consumen, sino que son los propios jueces los que culpan a la víctima por la violencia que sufre.
La plena aplicación de la ESI (Educación Sexual Integral) en todos los niveles educativos es imprescindible; al igual que lo es la formación de lxs profesionales con perspectiva de género y la capacitación para quienes ocupan cargos en el Estado. Es importante que quienes tengan la potestad de juzgar, con toda la complejidad que ese trabajo requiere, logren distinguir entre víctimas y victimarios.
