La “Jornada sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes: estrategias de abordaje desde salud y justicia” —organizada el jueves por FUSA AC y Equality Now— echó luz sobre la vulneración de derechos en la infancia y adolescencia en un contexto donde los datos alarman: en la región una de cada seis niñas y uno de cada diez niños han sufrido abuso sexual (ASI), según UNICEF.
Fueron varios los medios que la semana pasada hablaron de “pornografía infantil” luego del allanamiento a la casa del diputado libertario Germán Kiczca, en en el marco de una investigación por explotación sexual de niños. Sin embargo, las organizaciones protectoras de derechos de las infancias y adolescencias insisten en que el tráfico de este material debe nombrarse como distribución de imágenes de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes.
Estas discusiones surgen y avanzan en instancias de intercambio, como este encuentro federal realizado en las instalaciones de la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA). Allí se partió de la idea de considerar al abuso sexual como un problema de salud pública, por su volumen, gravedad y frecuencia; de salud mental, por los efectos que produce; y de derechos humanos, por las dificultades en el acceso a la justicia.
En la apertura, Sandra Vázquez, médica ginecóloga y directora Ejecutiva de FUSA AC, expresó: “En un tema tan sensible como el de la violencia sexual es clave organizar este tipo de jornadas para pensar estrategias intersectoriales, donde todas las áreas que involucran a la problemática trabajen en conjunto para detectar rápidamente los casos de abuso sexual, y para poder dar una respuesta de forma integral, protegiendo los derechos de las víctimas”.
¿Es posible cruzar la ruta crítica?
“Este es un espacio fundamental. Reconocemos el esfuerzo realizado, pero es crucial señalar los desafíos que enfrentamos, especialmente en relación con la creciente desigualdad en el acceso a la justicia entre las provincias y la Capital Federal”, expuso Sofía Quiroga, responsable de Alianzas Estratégicas e Incidencia para Equality Now en América Latina y el Caribe, y oficial de programas de Argentina.
Hubo cinco mesas de debate. Al principio, se compartió un diagnóstico de la situación actual del abuso sexual a infancias, adolescencias y juventudes (ASIAJ) en Argentina y luego se habló de “la ruta crítica”: el camino que recorren sobrevivientes y madres protectoras a partir de la revelación del abuso en las familias, en la escuela y en la salud.
Al respecto, Thelma Fardín, quien recientemente atravesó un complejo proceso judicial, aportó: “Es una suerte de carrera de obstáculos y de resistencia. Nos critican a quienes fuimos abusados porque tardamos en hablar, pero nunca se cuestiona por qué la justicia tarda tanto tiempo en darnos respuesta”. Se estima que, en promedio, las víctimas tardan 30 años en poder hablar y contar lo sucedido.
En ese panel participaron la sobreviviente Victoria Acebedo, integrante de la Campaña contra la prescripción de los delitos de violencia sexual y del colectivo “Yo Sí Te Creo”; Yama Corin, arterapeuta, madre protectora e integrante de Mundanas Agrupación Feminista, y Celeste Cisneros, representante del "Movimiento Valiente".
Corín, quien se enteró del abuso a su hija en 2012 y ese mismo año denunció al progenitor, advirtió que recién en 2023 llegaron al juicio oral: “Hoy el contexto es otro, tenemos que repensar cómo nos defendemos. Los antiderechos defienden a los abusadores y atacan a las madres protectoras. Están en el poder. Es necesario redoblar los esfuerzos, con empatía y paciencia”.
En nuestro país —y desde 2018— es obligatorio investigar y denunciar de oficio el delito de abuso sexual en la infancia y proteger a las víctimas. Sin embargo, solo se denuncian formalmente 100 de cada 1000 casos y sólo uno resulta en condena. Generalmente, el proceso judicial afecta negativamente la integridad de las víctimas, quienes enfrentan revinculaciones constantes con los agresores y traumas prolongados.
El acceso a la justicia es un tema acuciante porque los obstáculos de la investigación penal exceden no solo a toda persona que atraviesa el proceso, sino también a quienes acompañan. Por eso, los casos que han sentado precedente —como el de Brisa Angulo en Bolivia— y las guías construidas a nivel regional para investigar estos delitos de violencia sexual funcionan como una base sólida sobre la cual pararse en contextos donde abunda la hostilidad.
¿Por qué el abuso sexual en la infancia es una problemática de salud pública?
El espacio que habilitaron desde FUSA AC y Equality Now fue la llave para demostrar que si se tejen estrategias desde el ámbito de la Salud y la Justicia el horizonte comienza a ser un tanto más alentador. “Buscamos que las infancias sean escuchadas”, dijo la abogada Dania Villanueva, presidenta de Fundación Libres, y continuó: “A veces hay evidencias físicas, pero a veces no. Y a veces tampoco están listas las infancias para hablar. ¿Cómo se comprueba el relato del niño? Con la prueba de contexto. Es importante trabajar interdisciplinariamente. Sin los profesionales adecuados no podemos probar estos delitos”.
En este sentido, el aporte que hizo la mesa de debate sobre el derecho de las y los pacientes al diagnóstico basado en evidencia científica fue pertinente. Allí disertaron la médica tocoginecóloga y legista, Stella Maris Manzano; la psicóloga e integrante de la Asociación Altos Estudios en violencias y abusos sexuales (AEVAS), Natalia Amatiello, y la trabajadora social, docente, investigadora y madre protectora, Daniela Dosso.
Para Dosso, el ASI es un un problema de salud pública por el volúmen, la gravedad y la frecuencia. Y es también un problema de salud mental por los efectos que produce. “La falta de condena refleja la impunidad de este tipo de delitos. En los casos de abuso sexual paterno filial los niños terminan en revinculaciones forzadas con sus abusadores”, confirmó la madre protectora.
La trabajadora social, además, destacó la importancia de que el sistema jurídico trabaje de manera mancomunada con el sistema médico: “La búsqueda de la verdad no empieza en la justicia, sino en el sistema de salud. Cuando en la consulta no se hacen preguntas y no se nombra el daño, se obstaculiza el acceso a la justicia. Hay una falta de diagnóstico, registro y certificación del abuso sexual en el sistema de salud. El desafío es construir un modelo de atención basado en la detección, derivación a un equipo especializado con accesibilidad y un sistema de registro en lenguaje clínico-forense para que lo actuado en salud favorezca el acceso de los pacientes a la justicia”.
No es sin abordajes mediáticos respetuosos
Cómo desarrollar estrategias de comunicación que prioricen el respeto, la empatía y la protección de los derechos de las personas afectadas teniendo en cuenta las particularidades de cada etapa del proceso fue el puntapié para que distintas referentes discutan sobre la cobertura mediática de delitos de violencia sexual con perspectiva de género. Y es que los precedentes —y relevantes, mediáticamente hablando— han demostrado que no existe incidencia política sin una táctica comunicacional mediante.
La reciente renuncia de Germán Kiczka, legislador misionero aliado a La Libertad Avanza, acusado de tenencia de material de explotación sexual de niños y niñas volvió a poner sobre la mesa la manera correcta de referirse a la distribución de imágenes de abuso sexual con infancias y adolescencias involucradas. Si bien el uso del término “pornografía infantil” ha sido extendido a lo largo de los años, es momento de eliminarlo del vocabulario utilizado en los medios. El motivo es que, justamente, estas acciones son producidas por una persona adulta contra niñas, niños y adolescentes y representa una forma de vulnerar sus derechos humanos.
“Es importante reflexionar sobre las palabras que usamos porque el lenguaje se va construyendo”, manifestó la periodista feminista Celina De La Rosa, mientras que Milagro Mariona aclaró: “Contamos estas historias para ayudar en la restitución de los derechos de las y los sobrevivientes, para construir el sentido de justicia que el Poder Judicial nos debe, y también para prevenir, para trabajar en la prevención”.
La alianza entre FUSA AC y Equality Now ofició de espacio para el desarrollo de la “VI Mesa Nacional contra el abuso sexual a infancias, adolescencias y juventudes”. Se conformaron grupos de trabajo con consignas específicas, cuyas discusiones fueron compartidas entre todos los equipos. Entre quienes participaron estuvieron referentes de la política, la justicia y el activismo como Dora Barrancos, Carlos Rozanski, Vanina Biassi, Mónica Macha, Laura Velasco, María Elena Naddeo y Nina Brugo.
“El objetivo de esta Mesa Nacional es mostrar que hay una organización intersectorial, política y feminista de un poder distinto”, intervino Macha, diputada nacional por el Frente de Todos, y concluyó: “Todo lo que vemos en las redes y en los medios preguntando dónde están las feministas, tiene que ver con un amedrentamiento que se lleva también al Congreso. Hay legislación que todavía tiene un bagaje de la dictadura, pensada y construida desde una perspectiva de varones que no tiene en cuenta aquello que atravesamos mujeres, infancias, adolescencias y juventudes. Estos son los desafíos de hoy: ver cómo nosotras y nosotres podemos construir y tejer alianzas".
