Cuando se habla de violencia de género la idea más habitual que se nos presenta es cuando se manifiesta en agresiones verbales, físicas y sexuales. Sin embargo existe un tipo de violencia extendida y sistémica que constituye la base material de la violencia patriarcal: la violencia económica y patrimonial, definida por la la Ley 26.485 como "la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer”.
En 2021 se publicó la encuesta nacional de prevalencia de la violencia contra las mujeres. Para el relevamiento entrevistaron a más de 12.000 mujeres cis de entre 18 y 65 años de distintas provincias. Cerca de la mitad de las encuestadas (45%), que están o han estado en pareja, han atravesado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. El tipo de violencia que se reporta como más frecuente es la psicológica (42%) y le siguen la violencia económica y patrimonial (23%), la violencia física (23%) y en una proporción menor (18%) la violencia sexual.
Dos de cada tres mujeres encuestadas manifestaron haber sufrido al menos dos tipos de violencia, lo que muestra que los abusos económico-patrimoniales refuerzan y, a la vez, son reforzados por el ejercicio paralelo otras opresiones que someten la autonomía de las mujeres.
Un factor de riesgo
Los ejemplos más típicos de violencia económica en la pareja se encuentran cuando quienes proveen los ingresos mayoritarios del hogar (típicamente los varones en las parejas heterosexuales) ejercen el control de los ingresos y el patrimonio del hogar a espaldas de sus cónyuges, manipulan el dinero o se lo proveen a sus parejas en cuentagotas. También es violencia económica el desincentivo de la actividad laboral, la sustracción de los elementos de trabajo, la retención de documentos, o control sobre los ingresos. Cuando las parejas con infancias a cargo se separan, las forma de violencia económica más común y extremadamente extendida es el incumplimiento de la cuota alimentaria.
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Por el contrario, los acuerdos de distribución de dinero, bienes y tiempo que se generan en un vínculo económicamente no violento ni abusivo son aquellos que promueven el desarrollo de los deseos personales, laborales y profesionales de las partes y que encaran los costos y pasivos asociados al proyecto conjunto de forma equitativa. Son también vínculos que, terminada la relación de pareja, afrontan de forma co-responsable la crianza y sostenimiento de las personas a cargo proveyendo de manera equitativa los recursos materiales y de tiempo necesarios para tal fin.
En la desigual distribución del cuidado se incuban grandes riesgos económico-patrimoniales para las mujeres. Un estudio reciente de ELA muestra que la desigualdad en las tareas de cuidado pone a las mujeres en mayor riesgo de sufrir violencia económica ya que la desigual distribución de las tareas de cuidado responde a la reproducción de patrones estereotipados respecto del género, reproduce la violencia contra las mujeres y limita la autonomía. Al estar al cuidado de sus hijos o hijas de manera exclusiva o mayoritaria insume una enorme cantidad de tiempo a las mujeres, que muchas veces impide tener (más) ingresos propios.
Además, el incumplimiento del pago de la cuota alimentaria, dinero necesario para la manutención de los y las menores a cargo, en gran parte de los casos se transforma en una herramienta de manipulación, extorsión y dominio. Un estudio en Provincia de Buenos Aires de 2022 que encuestó a más de 6400 mujeres bonaerenses da cuenta de que casi 7 de cada 10 padres de familia no aportan el dinero correspondiente a la cuota alimentaria o lo hacen de forma irregular. El actuar de la justicia en estos casos es, además, bastante deficitario y es necesario avanzar hacia un registro integrado de deudores alimentarios a nivel nacional, mejorar el acceso a la justicia y establecer criterios que permitan estimar de forma más sencilla el monto de la cuota ya que aun cuando el pago se realiza regularmente el mismo resulta inadecuado: solo el 10% de las encuestadas considera que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes.
El Índice Crianza publicado periódicamente por el INDEC resulta un paso en ese sentido ya que fue creado con el fin de agilizar el proceso judicial evitando demoras en la estimación y prueba del costo que conlleva criar niños, niñas, y adolescentes incluyendo la alimentación, vestimenta, garantía de vivienda y el tiempo de cuidado de las infancias y adolescencias.
Cuando tenga la tierra, cantaré
La permanencia en un vínculo violento muchas veces encuentra su correlato en las condiciones materiales de vida de las mujeres. No es posible terminar una situación de violencia y depender económicamente del agresor y en muchas ocasiones no hay a quién recurrir en búsqueda de apoyo. Salir de una situación de violencia doméstica requiere, entre muchas otras cosas, acceder a recursos materiales suficientes para poder poner distancia con el agresor y protegerse a sí misma, y a las personas a cargo, de los abusos y recuperar la salud física y mental dañada por las agresiones.
La dependencia económica se perpetua cuando se consolida, en el marco de las relaciones de sometimiento, la imposibilidad de generar ingresos propios y el aislamiento social de las de redes de solidaridad y vínculos de afecto que podrían colaborar a sostener las condiciones materiales de vida por fuera de la pareja. De hecho, la violencia psicológica es la que se da con más frecuencia e incluye acciones dirigidas a menoscabar el autoestima mediante prácticas como las amenazas, acoso, hostigamiento, la humillación, el descrédito, la manipulación, el aislamiento, el insulto, la ridiculización, entre otras.
La Joaqui da un valiente testimonio al respecto en una charla TED. En el marco de esta exposición, el problema de acceso a una vivienda es especialmente crítico y, en ese sentido, la artista cuenta en esta cómo su amistad con Cazzu le permitió alejarse del vínculo violento gracias a que su amiga le facilitó un lugar donde vivir lejos de su agresor e incluso pagó por su traslado a este lugar seguro.
Es que una habitación propia, como escribía Virginia Wolf, no sólo propicia la libertad creativa sino que muchas veces protege de las coerciones violentas que impone la sociedad patriarcal. Una verdadera emancipación viene de la mano del acceso a un techo propio y a la tierra. No es casual que en 1978 el gobierno militar decidiera, luego de un largo hostigamiento y persecución, arrestar a Mercedes Sosa en Santa Fe por cantar Cuando tenga la tierra.
Así y todo, no todas las personas tenemos amigas como la reinona de Cazzu, ni la posibilidad de recurrir a vínculos no violentos entre las personas cercanas, por lo que es de literal vital importancia que el Estado pueda transformarse en una herramienta para garantizar a cualquier persona, independientemente de sus redes personales y situación económica familiar, los medios materiales necesarios para desvincularse económicamente del agresor y para ello es fundamental la garantía de la vivienda propia.
Motosierra para descuartizar los derechos de las mujeres
La guerra contra las mujeres de la que habla Rita Segato se materializa crudamente en el plan económico del actual gobierno que pasa la motosierra, un recorte salvaje de recursos públicos, por programas vitales para la atención de situaciones de violencia y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En materia económica asistimos a un actuar criminal de un Estado que recorta la Línea 144 de atención a las situaciones de violencia y despide a sus trabajadoras. En el marco del 8M un informe de ACIJ denunció una disminución de más de la mitad de los recursos destinados la Línea y al Programa Acompañar (evidenciado en una caída interanual del 65% en la ejecución presupuestaria) y la virtual parálisis del programa de rescate y acompañamiento a víctimas para el que no se destinó ni un solo peso.
El Programa Acompañar brindaba un apoyo económico por seis meses consecutivos a mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia de género, además de acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas tenía la tarea de construir Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad en el marco del Programa de Infraestructura del Cuidado.
Por otro lado, el informe de ELA junto a ACIJ, CEDES y REDAAS sobre el El Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) se encuentra bajo ataque presupuestario. Creado en 2017 con el objetivo de prevenir la maternidad temprana, incentiva la continuidad de las trayectorias educativas de niñas y adolescentes y es una política fundamental para romper el ciclo que perpetúa la pobreza en Argentina.
Denuncian que la actual administración del gobierno nacional suspendió los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en cinco provincias, despidió a 619 personas de los equipos operativos que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y redujo gastos: un 67% en personal y un 81% en productos farmacéuticos y medicinales.
Si bien la reducción de las partidas presupuestarias es generalizada, el informe demuestra una particular una violencia encarnizada contra esta política que sufrió un recorte todavía mayor que el promedio general del gasto público durante este primer cuatrimestre.
La libertad de trabajar
Como dice la Negra Vernaci en un episodio de Las Pibas Dicen, la independencia económica y la libertad no se logra teniendo un trabajo sino ganando plata. Si bien la capacidad de generar un ingreso propio disminuye el riesgo de sufrir violencia económica, no lo es todo: el ingreso tiene que ser suficiente para una vida autónoma.
En enero un salario promedio de bolsillo para un asalariadx formal no alcanzó para cubrir una canasta básica familiar para 3 personas. Esto quiere decir que para la mayoría de lxs trabajadorxs el fruto de su esfuerzo no garantiza los recursos mínimos para cubrir sus necesidades básicas ni la de sus seres queridos a cargo. Especialmente pobres son las trabajadoras que por la brecha salarial de género, ganan en promedio entre un 20% y 30% menos que sus pares varones y se encuentran más frecuentemente empeladas en el sector informal.
Este efecto “licuadora”, o el deterioro del poder de compra que trae aparejado un aumento de los precios mayor al aumento de los ingresos de las mayorías, no hace más que exacerbarse en el actual contexto de alta inflación: la recesión y la pérdida de puestos laborales golpea aún más el poder de negociación de quienes representan a los trabajadores y trabajadoras de la economía formal e informal. No es de extrañar que la profunda recesión que el rumbo económico de este gobierno lleva perjudique en mayor medida a las mujeres. En un ciclo de conferencias, la economista feminista india Jayati Gosh explica en 20 segundos cómo la mano de obra que le sobra al sistema económico, el llamado ejercito de reserva del sistema capitalista, tiene cara de mujer.
Disciplinamiento con "D" de deuda y desposesión
Cuando el Estado se retira y el mercado laboral somete, crece el endeudamiento como una nueva forma de violencia económica. Como advierte el manifiesto del Ni Una Menos, titulado Desendeudadas nos queremos: “Las finanzas, a través de las deudas, constituyen una forma de explotación directa de la fuerza de trabajo, de la potencia vital y de la capacidad de organización de las mujeres en las casas, en los barrios, en los territorios. La violencia machista se hace aun más fuerte con la feminización de la pobreza y la falta de autonomía económica que implica el endeudamiento. Pasamos las noches haciendo cuentas, separando la parte del león, sujetas a pagar la deuda bajo amenaza de perderlo todo. ¿Cómo vamos a poder decir basta a la violencia machista cuando cualquier desequilibrio de la frágil estructura económica en la que vivimos nos deja a la intemperie absoluta? Si vamos a un refugio para sobrevivir a la violencia, ¿cómo pagamos las cuentas al día siguiente?”
En teoría, el endeudamiento es para el gobierno de Milei y sus socios políticos el impulsor del crecimiento económico. Par el presidente, la salida vendrá de la mano del sector privado. El crédito y el endeudamiento soberano es para lo que trabaja día y noche el ministro Luis Caputo. El ex trader de grandes capitales extranjeros, aplica una doble pinza sobre la sociedad y emite nueva deuda del Tesoro Nacional, garantizada por el Banco Central.
Estas garantías obligan al Banco Central a pagar a los acreedores ante un eventual default del Tesoro. Es decir, ante una situación en donde el Estado no tenga fondos para pagar todos sus compromisos, los acreedores sean los primeros en ser compensados a través de emisión monetaria. El resto de los actores con los que el Estado mantiene compromisos deberá esperar, como demuestra Caputo cuando sobre cumple las metas de ajuste fiscal para asegurar el repago de las deudas del Estado y contentar al Fondo Monetario Internacional.
Un FMI que al felicitar el accionar económico del actual gobierno es cómplice del saqueo de quienes menos tienen, como han denunciado los organismos de derechos humanos en varias oportunidades. Lejos de hacerse cargo del grosero error en sus predicciones de sostenibilidad de la deuda argentina, aplaude cuando los platos rotos se pagan poniendo en la licuadora los haberes jubilatorios y destruyendo su capacidad de compra de quienes aportaron para sostener un sistema solidario de seguridad social. Parece que todo vale en tanto y en cuanto el Fondo recupere el capital y los intereses del mayor préstamo alguna vez otorgado en la historia del organismo.
El actual gobierno de Javier Milei y sus socios políticos del PRO, gran parte del radicalismo y el empresariado que financia su proyecto político ejercen con sadismo y cobardía una conducta criminal de coerción económica mediante la desposesión a base de motosierra, licuadora y endeudamiento de quienes menos tienen en general, y de las mujeres y diversidades en particular, con el objetivo de favorecer a las mayores fortunas del país y al capital financiero. ¿Cómo entonces no reclamar una vida libre de violencias?