Foto de portada: Télam
El Tribunal de Audiencia compuesto por la jueza Alejandra Ongaro y los jueces Andrés Olié y Daniel Saéz Zamora dio a conocer las condenas de prisión perpetua para Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio Dupuy, y su pareja, Abigaíl Páez. A ambas se les atribuyó el delito de homicidio agravado y a Páez se le suma el cargo de abuso sexual. El niño fue asesinado en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, el 26 de noviembre de 2021. La lectura del veredicto se transmitió al mediodía a través de YouTube.
Por Catalina Filgueira Risso y Victoria Eger
¿Qué hace que un hecho sea noticiable? En el periodismo hay algunos criterios, llamados “de noticiabilidad”, que nos confirman que estamos frente a una noticia y que, básicamente, pueden resumirse en tres: lo novedoso, el interés y/o lo fuera de lo común. El asesinato de Lucio cumple los tres, pero además, derriba varios estereotipos de género que lo hacen particularmente terrible: las acusadas del asesinato son mujeres, y no mujeres cualquiera, son su mamá y la novia de su mamá. Y acá es donde se desprenden algunas puntas interesantes y complejas, sobre todo, complejas, para pensar el por qué de su circulación mediática, pero además, de la irresponsable utilización del asesinato de un niño para sostener que entonces la violencia no tiene género y volver a preguntar dónde están la feministas. Vulneración de las infancias, criminalización de las orientaciones sexuales y un pedido de justicia que repare un tejido social demasiado fragmentado.
La desprotección de las infancias
¿Quiénes mataron a Lucio? Por las pruebas aportadas está claro que las autoras materiales fueron su mamá y la pareja. Pero ¿qué responsabilidad le cabe a quienes no vieron las señales de maltrato o no atendieron las denuncias? La abuela paterna de Lucio, Silvia Gómez, aseguró días atrás en diálogo con una radio de Santa Fe que lo que llevó a la muerte de su nieto fue una cadena de culpables. Y esta cadena a la que referencia Gómez tiene algunos nombres y apellidos como el de Ana Clara Pérez Ballester, la jueza titular del juzgado de Familia y el Menor número 1 de General Pico, que negó la tenencia de Lucio a su familia paterna. “Esta jueza es la que firma un papel y le firma la sentencia de muerte a mi nieto, porque no le hace un seguimiento ni sabía del caso”, denunció en esa entrevista y sus declaraciones fueron difundidas por Télam.
Yanina Brancatto es abogada egresada de la UBA y especialista en derecho de las familias y en problemáticas infantojuveniles. En diálogo con Feminacida sostiene: “Priorizar a la madre por sobre el padre es parte de una justicia y un sistema patriarcal donde el cuidado termina recayendo sobre las mujeres, cuando no necesariamente son las que van a cuidar de manera correcta o garantizar todos los derechos de ese niño”. Que se le haya otorgado el cuidado personal a la madre asumiendo que será la cuidadora nata se asienta en un prejuicio que se basa en estereotipos y roles de género por lo cuales se asigna a las mujeres la maternidad como un supuesto instinto natural.
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Ahora, ¿qué pasa cuando une de les progenitores solicita el cuidado personal de forma unilateral de una infancia? Brancatto describe que lo que los juzgados deben hacer es entrevistar, evaluar al niño o la niña y garantizar su derecho a ser oído sin importar la edad que tenga. “Para esto los juzgados también deberían tener servicios sociales, deberían poder apoyarse en auxiliares de la justicia como son los cuerpos médicos forenses que hacen las evaluaciones de interacción familiar y las evaluaciones de riesgo. Debería haber mayores canales de denuncia y, por sobre todas las cosas, debería haber una perspectiva de niñez en la aplicación de la justicia del mismo modo que debería haber una perspectiva de género”, explica.
La autopsia realizada al cuerpo de Lucio por el médico forense Juan Carlos Toulouse, arrojó evidencias de golpes y abusos sexuales “recientes y de vieja data”. A la vez, la fiscalía solicitó informes a hospitales y centros de salud que habían atendido a Lucio, al menos unas cinco veces, con lesiones graves, pero nunca se presentó ninguna denuncia.
¿Por qué la voz de Lucio no fue escuchada? ¿Cómo puede ser que su tránsito por diversas instituciones educativas, judiciales y de salud haya pasado desapercibido? ¿Por qué las denuncias del papá no fueron atendidas? ¿Qué esperaba el sistema judicial para accionar frente a estas violencias? “Las instituciones judiciales que, se supone deberían proteger a los niños, están atravesadas por mecanismos de dominación y maltrato”, afirma en diálogo con este medio, Enrique Stola, psiquiatra especialista en Psicología Clínica y Metodología de la Investigación Científica y experto en Violencia de Género, Agresiones sexuales contra las infancias y Masculinidades. “Los niños son una reserva económica para muchísima gente, se gana mucho dinero con ellos, con la pobreza y el abandono. El Poder Judicial es también parte del negocio: castiga a niños, niñas, a mujeres madres y también a muchos varones padres. Castiga no creyendo en la palabra de los niños y niñas”, sentencia el especialista.
En la misma línea, Brancatto replica que “debería estar garantizada la figura del abogado del niño porque es la única manera en que se puede validar su voz en un proceso judicial. Figura que es una garantía procesal para niños, niñas y adolescentes y no una opción que los jueces y juezas puedan tomar” e insiste: “El rol de los sistemas de protección y de los juzgados es fundamental para poner en su lugar de sujeto al niño y poder escucharlo y garantizar su derecho a ser oído, resolviendo en favor de su interés superior”.
La abogada que trabaja con infancias y adolescencias en contextos de vulnerabilidad confirma que lo que falló fue que no hubo un seguimiento del caso y del grupo familiar así como tampoco una revaluación de las medidas que la Justicia fue tomando. Señala que muchas veces estas fallas se dan producto de la falta de recursos tanto económicos como humanos. No contar con el personal idóneo ni suficiente para poder hacer los seguimientos y detectar en cada paso del proceso las posibles señales tempranas que garanticen el bienestar de las infancias.
La violencia, ¿no tiene género?
Entre los años 2020 y 2021, de acuerdo a un informe sobre los casos atendidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se registraron 6.805 niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones de violencia intrafamiliar de los cuales 8 de cada 10 fueron agredidos por sus progenitores. En el 73 por ciento de los casos esos agresores fueron varones.
“En cuanto al maltrato dentro de los grupos familiares de niños y niñas, la cuestión es igualitaria. Mujeres y varones pegan por igual y ahí no hacen distinción de género. El caso de Lucio tiene impacto social y hay sectores que están utilizando todo este terrible dolor para ir contra los feminismos. Como si los feminismos avalaran a estas mujeres por ser mujeres o como si estas mujeres hubiesen hecho esto por tener, supuestamente, una concepción feminista”, subraya Stola.
El Registro Nacional de Femicidios, Femicidios Vinculados, Trans-Travesticidios y otras muertes violentas que lleva adelante el Observatorio MuMaLá “Mujeres, Disidencias y Derechos”, arrojó una cifra de 392 muertes violentas de mujeres, travestis y trans entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022 en todo el territorio argentino. Los femicidios, femicidios vinculados y trans-travesticidios fueron 233, o sea 1 cada 38 horas y en esas muertes se contemplan las de 30 niños y niñas que fueron asesinades de forma vinculada. Niños y niñas cuyos nombres e historias desconocemos.
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Melisa García es capacitadora en Ley Micaela, abogada, presidenta y fundadora de Abofem Argentina. En conversación con Feminacida y consultada sobre los sentidos que intentan colarse en los tratamientos judiciales y mediáticos de ciertos casos, asegura: “Si quien comete un delito es una identidad disidente es aún peor. Pareciera que lo que hace es más descarnado, más grave y más desagradable, colocando a la persona en un lugar monstruoso y que ahí caiga todo el peso de la ley”. La asociación del crimen a la orientación sexual de sus perpetradoras es una de las formas en que se abona la reproducción del lesboodio, donde la criminalización ya no refiere al hecho, sino a una característica de quienes lo cometieron.
En consonancia, el psiquiatra describe que hay un sector que está aprovechando la situación, usando políticamente a este niño y también al grupo familiar para atacar a los feminismos y a la perspectiva de género y manifiesta: “Acá la cuestión no pasa por si son o no feministas, son asesinas”.
¿Que la violencia de género sea reproducida mayormente sobre cuerpo feminizados vuelve inocente a estas mujeres? Claro que no. ¿La homosexualidad de las perpetradoras es un agravante en el asesinato de Lucio? Tampoco. ¿La orientación sexual tiene algo que ver con la violencia ejercida en este caso? Muchísimo menos. Y entonces, ¿por qué esto que resulta tan obvio y que, incluso, los datos contraponen hay que aclarar y problematizarlo? Porque los abordajes que ponen el foco en la sexualidad de las asesinas o que pretenden encontrar en las consignas de los feminismos una explicación —forzada— del por qué una madre mata a su hijo, son terreno fértil para la reproducción de discursos de odio que lejos de mitigar la violencia que tanto nos horroriza, la potencian sobre cuerpos de mujeres y lesbianas, pero también de niñas y adolescentes.
La periodista y editora de género del medio Todo Noticias (TN), Marina Abiuso, por ejemplo, sufrió ataques sistemáticos a través de redes sociales que sostenían que había limitado la cobertura del caso de Lucio, en el medio para el que trabaja, por ser feminista. Estas agresiones prueban la utilización perversa que se hacen de casos tan delicados para desacreditar a una profesional midiendo responsabilidades con varas completamente injustas. Abiuso publicó una nota sobre el caso donde es clara sobre la falta de responsabilidad del Estado en su accionar y en las reiteradas vulneraciones de derechos que tuvo Lucio. Pero además, señala lo que desde los feminismos venimos insistiendo desde el 2006 en adelante: para preservar a las infancias y adolescencias necesitamos la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral. Y esto que se parece a un mantra y a riesgos de transformarse en un lugar común o una consigna vacía es esencial porque, como insiste Stola: “La ESI es lo que permite enseñar a niños y niñas desde muy temprana edad sobre el respeto por el cuerpo propio y el de los demás” e identificar así cuando pueden estar siendo víctimas de abusos.
En clave legislativa se impulsó un proyecto de Ley que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados para la “Prevención y detección temprana de la violencia contra niños, niñas y adolescentes” que lleva el nombre de Lucio. La promoción de leyes a raíz de estos casos es interesante y Argentina cuenta ya con varias legislaciones en esta clave como la Ley Micaela (N° 23.592) y la Ley Brisa (27.452), entre otras. Pero la creación de instrumentos normativos sin una contemplación real de presupuesto para su efectiva implementación no sirve de nada. Para aplicar las leyes se necesita voluntad política y plata; sobre todo, plata. “Con la Ley Lucio nos pondremos muy contentos, pero será más para la tribuna. No es que no contemos con legislación, el problema es la implementación efectiva”, acentúa Stola.
Los mecanismos de defensa sociales y comunitarios que aparecen frente al horror funcionan siempre más o menos de la misma manera: rechazan, patologizan y estigmatizan a quienes perpetran los crímenes. De esta manera, esos otros parecieran personas lejanas, que nada tienen que ver con nosotres, que pertenecen a un grupo “enfermo”, donde se vuelve muy difícil establecer responsabilidades sociales, encontrar la matriz de la problemática y abordarla de una manera integral. El caso de Lucio se presenta como excepcional por quienes son sus asesinas, y lo es. Pero el maltrato en las infancias no es algo fuera de lo común y en eso los feminismos tienen una larga trayectoria de reclamos, lucha y militancia por la protección contra la violencia intrafamiliar, contra los abusos sexuales, contra el bullying, la discriminación y el acoso hacia las infancias trans.
Por una justicia sin revancha
¿Qué pasa cuando los pedidos de justicia colectivos se transforman en una cuestión meramente revanchista? ¿Alcanza una cadena perpetua? ¿Cómo se hace para que los casos que toman tanta relevancia mediática nos permitan complejizar los debates, procurar abordajes más responsables y demandar a las instituciones su parte del trabajo?
“Ninguna condena modifica nada porque una condena no incide directamente sobre la dinámica social o la estructura de dominación. El hecho en sí puede llamar a la reflexión a quienes tienen cierto poder o a los movimientos sociales para presionar y para que se avance en medidas de protección. Pero esos cambios no se van a producir sólo por una sentencia judicial ‘ejemplar’”, indica el experto en Violencia de Género, Agresiones sexuales contra las infancias y Masculinidades.
Demás está decir que nadie pide que sea la familia de Lucio, que está atravesando un proceso de duelo, quien haga esta reflexión, pero sí quienes tenemos responsabilidades éticas, profesionales e institucionales tenemos que poder pensar más allá del dolor y la bronca. Es fundamental que la perspectiva de niñez, así como la de género, sean tomadas en cuenta en los accionares de todas las instancias estatales. “Necesitamos que se entienda que el derecho a ser oído no es para las infancias de 10 años para arriba. Cualquier niño puede expresar sus deseos, sus sentimientos y sus necesidades, lo que se necesita es personal idóneo para que lo pueda escuchar. Ahí radica una de las grandes fallas del sistema: que no haya la cantidad de profesionales necesarios ni formados de manera adecuada”, concluye Brancatto.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia o abuso en la infancia, podés comunicarte con estas líneas nacionales, gratuitas y confidenciales:
Línea 144
Línea 102
Línea 137
0800-122-7376 - Ministerio Público Tutelar
0800-33-347225 - Ministerio Público Fiscal
