Sin pruebas en su contra, Julieta Pistoia cumplió cuatro años de prisión preventiva tras ser considera por la Justicia como “partícipe necesaria” del comercio de drogas de su expareja. Su defensa pide un juicio con perspectiva de género y de salud pública.
Este martes 31, Julieta Pistoia enfrenta un nuevo juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mercedes, tras ser condenada en 2019 a prisión preventiva por supuesta comercialización en menor escala de estupefacientes, que fue consecuencia de una relación afectiva que mantuvo con un condenado por narcotráfico.
La defensa de la joven bonaerense de 30 años, quien forma parte de Vientos de Libertad del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), buscará un fallo favorable que “siente precedente”. Reclaman que se la juzgue con perspectiva de salud comunitaria y perspectiva de género.
Julieta padeció consumo problemático durante 10 años. Pero la situación de extrema vulnerabilidad económica y habitacional la llevaron a vincularse con Gastón. Su expareja le propuso mudarse con él y le proveyó drogas, aunque “él elegía cuándo sí y cuándo no”.
“Yo no tenía a dónde ir ni cómo comprar mis consumos, por lo que me mudé con él. Salimos dos meses nada más, pero en ese entonces él me insultaba, me pegaba y me gritaba si no hacía lo que él quería. Me daba o dejaba de dar drogas según le convenía”, contó Julieta en diálogo con Feminacida.
En 2019, la policía allanó la casa de Gastón y quedó preso por narcotráfico. “Veinte días después, vinieron a buscarme a mí”, relató la entrevistada, señalada por la Justicia como “partícipe necesaria” del ilícito de su expareja.
Sin sentencia firme o pruebas en su contra, Julieta tuvo que cumplir prisión preventiva un mes y medio en una comisaría, luego dos años en la Casa Convivencial Comunitaria para Mujeres, Niñes y Diversidades de Luján de la mencionada organización, y otros dos años en la casa de su hermana, gracias a una morigeración de esa prisión preventiva lograda por sus abogades: Ignacio Funes y Natalia González.
“Yo estaba perdida en las drogas, no era consciente del círculo de comercio de mi entonces pareja. Nunca lucré con esto. Fue todo lo contrario”, contó.
“Julieta no es un caso único”, aseguró Funes a este medio, coordinador del área legal de Vientos de Libertad MTE, quien alertó sobre la estigmatización que existe en el acceso a la Justicia para les habitantes de barrios populares, personas con consumos problemáticos y feminidades.
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Al respecto, explicó que hasta la sanción de la Ley Nacional N° 26.557 de salud mental, había un paradigma de abordaje punitivo para juzgar a les consumidores: el Estado les perseguía judicialmente para “resolver” este conflicto social. Sin embargo, tras su sanción, se reconoce a las adicciones como una problemática de salud mental. Por lo tanto, el Estado se ve obligado a abordar las situaciones de consumos problemáticos con “acciones positivas”.
“No estamos pidiendo la impunidad de toda la gente que vende droga, sino que se analice en profundidad la participación de la persona imputada. Las narcoestructuras utilizan a personas vulnerables o con adicciones como herramienta descartable para garantizar la impunidad del negocio”, aclaró el abogado de Julieta Pistoia.
Poblaciones carcelarias
En Argentina, las infracciones a la Ley de Estupefacientes N° 23.737 son la principal causa de encarcelamiento de mujeres cis y travesti-trans. Así lo expone la "Guía para juzgar con perspectiva de género en temas de drogas", elaborada por la Subsecretaría de Política Criminal y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
“La Guía de PBA comenzó a partir del estudio de las llamadas ‘mulas’, con lo que el Poder Judicial Federal empezó a evidenciar que había un estado de necesidad previo donde la persona no era del otro libre en su voluntad para ejercer el presunto delito”, detalló Funes.
La asimetría de poder en las estructuras narco hacen que mujeres cis y travestis-trans requieran de un juicio con hilado más minucioso para detectar los hilos de dominación y desventaja por cuestiones de género.
Según el documento, los roles que ellas ocupan en las cadenas de comercialización son “menores”. Es decir, no suelen ser jefas de bandas ni ocupan lugares predominantes y no efectúan delitos con grados altos de violencia o agresividad. En su mayoría, son personas en situación de extrema vulnerabilidad y en condiciones de exclusión social, con bajos niveles de alfabetismo, madres solteras, y responsables por el cuidado de sus hijos y de otros miembros de su familia, con variantes agravantes como ser migrantes, de origen rural, condición de discapacidad, pobreza o trabajadoras sexuales, entre otras.
La guía menciona que “a veces sólo basta que compartan la vivienda con un varón involucrado en el narcotráfico, por ejemplo, para ser perseguidas penalmente” y eventualmente condenadas, como vivenció Julieta.
Es por esto que Funes entiende a la perspectiva de género como el pilar fundamental para obtener un dictamen favorable. “En Argentina, con la lucha de las organizaciones feministas, la perspectiva de género pasó a ser algo obligatorio normativamente en la resolución de cuestiones judiciales”, repuso el abogado.
En el caso del colectivo travesti-tras, la Guía señala que solo el 33 por ciento de las relevadas había finalizado la secundaria y el 90 por ciento ejercía la prostitución como principal fuente de ingresos antes de ser detenidas.
Daniela Castro, desde su posición como directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual y mujer trans, resaltó: “Necesitamos trabajar fuertemente una Justicia para que tenga una mirada igualitaria en cuestiones de género y con más razón en los casos del colectivo LGBT”.
Asimismo, la funcionaria apuntó que, sin ánimos de “justificar bajo ningún punto de vista el delito”, sí es preciso “entender que gran parte de la venta de estupefacientes en manos de las mujeres trans tienen que ver con la falta de inclusión, la falta laboral, la expulsión permanente del Estado, el no acceso a la educación, a la salud o a la vivienda”.
Criminalización y estigmatización
La defensa jurídica de Julieta busca visibilizar la criminalización exagerada que hay del último eslabón de la cadena de comercialización de estupefacientes, es decir, de “las personas que narcomenudean" o que consumen.
Para que haya delito, tiene que haber “dolo”, es decir, voluntad y capacidad de cometer un ilícito. Pero Funes indica que cuando hay una problemática de salud mental o una situación de violencia de género, donde la persona no tiene poder de decisión ni autonomía, “es un eximente claro a la hora de atender un supuesto delito”.
“Julieta no se enriqueció con la actividad de Gastón, no tenía dominio de la sustancia ni de a quién se vendía. Esta criminalización exagerada de las víctimas es una máscara del poder judicial para simular que combate el narcotráfico”, sentenció Funes.
Al respecto, Pistoia declaró: “Quiero que el juez entienda que yo tenía una problemática real, y que nunca lucré con esto, al contrario. Los verdaderos beneficiados viven en mansiones, tienen vidas de lujo, y no los pibes y pibas que estamos en la esquina completamente destrozados”.
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De cara al juicio
El viernes 3 de noviembre será la segunda audiencia del juicio, donde se dará lectura a la sentencia. “Esperé mucho tiempo este momento. Quiero poder demostrar que cambié. Hoy, dentro de la organización, acompaño a otros pibes y pibas que están atravesando este proceso de rehabilitación. Me siento muy orgullosa de lo que pude lograr”, manifestó Julieta.
En tanto, su abogado, quien conoce de cerca el terreno judicial, teme que la Justicia, para sanear los años que padeció la imputada ante una preventiva que rompió los límites legales, la condene igualmente buscando tapar su inconducta y demora burocrática penal en la resolución de su trámite y evitar así que “reclame indemnización al Estado”.
En este caso, Funes ya tiene la próxima jugada armada: un recurso ante Casación. De todos modos, Julieta ya no está sola, tiene a toda una organización cubriéndole las espaldas y un movimiento de mujeres en el que ya no hay lugar ni indiferencia ante una Justicia revictimizante, misógina y clasista. Un movimiento que comprendió que no pueden seguir siendo “siempre los pibes y pibas de los barrios populares que paguen los platos rotos” ante las dificultades de la Justicia para condenar a las verdaderas jerarquías narco.