La situación en la provincia se torna cada vez más violenta a partir de las medidas llevadas adelante por el gobernador Gerardo Morales, pre-candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, fórmula que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. El poder judicial de la provincia pidió la detención de las personas que participaron de la marcha del 30 de junio, en Humahuaca, en repudio a la reforma constitucional votada de manera inconsulta y que viola múltiples leyes.
Las protestas vienen llevándose a cabo desde el 15 de junio pasado. Entre les manifestantes hay docentes, empleados municipales, sindicalistas y representantes de los pueblos originarios jujeños.
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Desde que se impulsó y votó a favor la reforma constitucional provincial con el objetivo de entregar recursos naturales, también se estableció la prohibición de las protestas. Según Amnistía Internacional, entre el 11 y 13 de julio, en Jujuy se ordenaron y comenzaron a ejecutarse al menos 40 detenciones y allanamientos en las ciudades de Humahuaca y San Salvador. Algunos familiares de personas detenidas reclaman que no saben dónde están. Por otro lado, también se solicitó el allanamiento de los domicilios de los imputados.
La denuncia que acusa a les manifestantes de sedición y secuestro con el fin de que queden detenidos fue realizada por un grupo de integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca, mientras que el pedido de allanamiento y detención lo hizo el fiscal Enrique Alancay. Entre las personas detenidas se encuentra Alberto Nallar, un defensor de derechos humanos con un rol muy activo durante las protestas en la provincia. El abogado fue detenido el 13 de julio y acusado del delito de sublevación.
Persecuciones incesantes
En el marco de las detenciones mencionadas, también se libraron órdenes contra docentes, universitarios, defensores y defensoras de derechos humanos que participaron de las movilizaciones sociales a raíz de la aprobación de la reciente reforma constitucional en la provincia.
Según informan diversas personas que presenciaron los hechos, debido al peligro a que están expuestas, el pasado jueves 13, la policía entró al rectorado de la Universidad Nacional de Jujuy y violó la autonomía universitaria al ingresar a un predio mientras estaba sesionando el Consejo Superior Universitario. "Se llevaron detenidos a dos profesores, un profesor universitario y una persona del personal no docente”, precisaron. Además, denunciaron que están reteniendo todos los fondos de coparticipación a los municipios que llevan adelante cortes de calles y rutas por considerar que, de alguna manera, están apoyando las medidas de las comunidades originarias.
Asimismo, quienes exponen estas situaciones, señalaron que la policía está merodeando por las casas de las personas que participan en los cortes, en las manifestaciones o en las marchas. "Estamos muy preocupados, muy desprotegidos, muy desguarnecidos. Necesitamos que se entienda e interprete la gravedad de la situación”, manifestaron.
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Ante estas situaciones, Amnistía Internacional lanzó una Acción Urgente (AU) Global para que sus seguidores de más de 160 países puedan enviar una carta al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. En las comunicaciones, las personas adherentes le manifiestan al fiscal su profunda preocupación sobre la detención y persecución de Nallar en Jujuy.
La AU es una estrategia de solidaridad impulsada por Amnistía Internacional por la cual miles de personas de todo el mundo se suman para exigir el respeto de los derechos humanos. Cuando la organización tiene noticia de que una o más personas se encuentran en extrema situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas que unen su capacidad de acción enviando cartas y mensajes de correo lo más rápidamente posible al país de que se trate.
Además, la organización presentó junto con Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) un habeas corpus preventivo ante la justicia federal de Jujuy. La presentación se realizó debido a las diversas denuncias de posibles detenciones a otros 14 defensores y abogados de derechos humanos que están defendiendo y apoyando las protestas.
La raíces de los reclamos
Los rechazos de las comunidades nacen de la preocupación por el uso que se dará a la tierra. Principalmente, los enfoques económicos están puestos en la explotación del litio. En Argentina, existen tres proyectos de explotación de litio en proceso de producción y cerca de 40 en fase piloto de prospección, una etapa que puede llevar hasta 10 años de proceso.
La explotación de "El Salar del Hombre Muerto", que comparten Catamarca y Salta, es un caso de explotación minera que no generó conflicto con las comunidades.
Otra explotación es la que se lleva adelante desde 2015 en el "Salar de Olaroz", en Susques, al sudoeste de Jujuy. Este proyecto minero fue el primero en concretarse y lleva el nombre de "Sales de Jujuy". El consorcio operador es liderado por la empresa australiana Orocobre LTD, dueña del 66,5 por ciento. Se realizó una inversión de 250 millones de dólares y sus socios son Toyota Tsusho, que detenta el 25 por ciento, y la empresa estatal Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), con el 8,5 por ciento. Desde junio de 2023 opera también allí la empresa canadiense Lithium Americas. Las diez comunidades que habitan Olaroz dieron su aprobación para la explotación.
Por otro lado, en la cuenca de las Salinas Grandes en la Laguna de Guayatoyoc, que comparten Salta y Jujuy, sí hay conflicto y unas 33 comunidades reclaman ser consultadas sobre la gestión de los recursos. En 2010 conformaron una mesa de trabajo para dialogar con el gobierno de Jujuy en representación de las empresas interesadas, la australiana Orocobre y la canadiense Daijin Resources, pero sus planteos fueron desestimados reiteradamente.
Finalmente, agotaron los caminos judiciales hasta llegar a la Corte Suprema. Mientras el gobierno provincial, a través de Jemse, siguió licitando esas tierras. Se descubrieron trabajos mineros inconsultos encabezados por Orocobre y la celebración de actas de acuerdo en nombre de la Mesa, pero firmadas por una sola comunera. La reforma constitucional, justamente, legitima este arrebato de tierras.
Es evidente que la respuesta de los pobladores fue prevista por el gobernador provincial Gerardo Morales. Sin embargo, lejos de representar una preocupación, simplemente se decidió optar por un camino de violencia exacerbada planeada de antemano.
Lo que sucede en la provincia es el reflejo de una política que pretende extenderse en términos de la sociedad toda. En un contexto mundial donde los recursos naturales son motivo de guerras, deben ser defendidos porque en ellos reside la verdadera riqueza: el reclamo necesita ser unánime.
