Griselda Blanco, periodista correntina de 45 años, fue asesinada en su propia casa. Su familia y allegados descartan la teoría del suicidio y piden que se profundice en las amenazas que Blanco recibió en vida por las investigaciones llevadas a cabo en torno a su trabajo. Un caso que plantea la reflexión sobre la libertad de expresión, las violencias hacia las comunicadoras, el silencio y complicidad de los medios hegemónicos y, una vez más, la espectacularización de los femicidios con un tratamiento mediático y judicial que no escatima en el morbo al momento de poner la mirada sobre la vida privada de las víctimas.
La periodista Griselda Blanco fue asesinada el pasado 20 de mayo en su vivienda de la calle Pujol, en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Su muerte violenta conmocionó a la sociedad correntina que veía a la comunicadora como una referente que asumió la tarea de exponer las distintas problemáticas de su pueblo.
Asimismo, interpela a los feminismos en un momento en el cual hay una escalada de violencias hacia las periodistas, principalmente cuando sus trabajos cuentan con perspectiva de género, derechos humanos y están arraigados a un fuerte compromiso social.
La periodista llevaba a la práctica esta tarea a través de su labor en radio y vivos de Facebook, donde en emisiones de hasta casi dos horas, con una bandera argentina como única escenografía, ponía en evidencia aquellos temas que los medios hegemónicos provinciales decidían ignorar.
En este sentido, una de las denuncias más recientes llevadas a cabo por Blanco fue en marzo de este año debido a la designación de un comisario con historial de abuso a menores. Tiempo después la periodista aseguró, a través de sus redes sociales, recibir amenazas por parte de la policía.
A este caso se le agrega el conflicto de la comunicadora con las autoridades del Hospital “Dr. Fernando Irastorza”, acusados por la mala praxis de su amiga Débora Serrano, quien murió durante un procedimiento para realizar una diálisis. Griselda procedió a increparlos desde las redes e incluso exigió cárcel en un posteo horas antes de su propio crimen.
Actualmente la causa se encuentra a cargo de la fiscal María José Barrero Sahagún, titular de la unidad fiscal que en primera instancia dispuso la detención de Armando J., ex marido de Blanco, liberado posteriormente por falta de pruebas. El segundo detenido es Darío H., dueño de un boliche, con quien se sostuvo que la víctima estaba relacionada sentimentalmente.
Darío H. fue arrestado después de que la policía encontrara un celular y la presunta arma homicida en su propiedad. La fiscal solicitó un juicio abreviado por el cargo de homicidio simple, que fue finalmente rechazado por César Sotelo, fiscal general de la provincia.
Por su parte, Andrea Tribbia, abogada representante de la familia, señaló a Feminacida: “En un primer momento, desde la querella cuando aún no teníamos identificadas varias líneas de investigación, nos constituimos con la figura del homicidio agravado por la alevosía entendiendo que se dio en ese contexto, después la ampliamos directamente contra H., reservándonos el poder ampliarla posteriormente contra otras personas si las hubiere, con la tipificación de femicidio”
Asimismo, indicó: “Es la agente fiscal la que tiene que expedirse al respecto y manifestar si acepta cambiar esa calificación. Si la rechaza, debemos ir en queja ante el fiscal general de la provincia para que manifieste si nuestra línea de investigación es posible".
Un dato que no es menor, aportado por el entorno familiar de Blanco, es la cantidad de audios y mensajes amenazantes que recibió la víctima y como esta solicitó asesoría legal con la abogada Silvia Casarrubia, afirmando que las amenazas estaban vinculadas con el caso de abuso policial al que había denunciado. Cabe aclarar que estas pruebas ya fueron acercadas a la fiscalía.
Al respecto, Tribbia expresó: “Sería necio descartar esta línea investigativa. A nosotros no nos cierra que la muerte haya sido porque ella amenazara a H. con decirle sobre la relación que sostenían a su esposa”.
En esta misma línea, Lautaro Cesani, uno de los hijos de Griselda, sostuvo en redes pocas horas después del crimen: “Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron. Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia por qué es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco”.
Sin embargo, para la Justicia estos elementos no fueron elementos en primera instancia. Se optó entonces por direccionar la investigación en torno a la vida privada de Griselda, sus relaciones e incluso la hipótesis de un amante, descartando el plano profesional.
Haciendo eco de este criterio, algunos medios de comunicación, que parecen ignorar el rol que cumplen al momento de construir sentido en la sociedad y la capacidad para orientar determinadas causas judiciales, eligieron la espectacularización del femicidio dando detalles una y otra vez sobre las condiciones en las que fue hallado el cuerpo. ¿De qué sirve reproducirlo en cada nota? ¿Acaso no es un tratamiento violento hacia las víctimas y sus familias?
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Del mismo modo, optaron por titulares tales como “relación tóxica” y “extorsión”, poniendo la mirada en la privacidad de la víctima y omitiendo otras posibles líneas de investigación y hechos relevantes que han sido proporcionados por el entorno de Blanco y que, mínimamente, merecen ser esclarecidos.
A través de una carta, Amnistía Internacional se contactó con la fiscal María José Barrero Sahagún para transmitir su preocupación en torno a las garantías brindadas por la justicia en la investigación urgente, eficaz e imparcial de este crimen. Asimismo, solicita que se considere la labor periodística de Griselda Blanco, integrante de la Asociación de Periodistas de Corrientes.
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Este pedido lo vemos reflejado en las palabras de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, quien expresó: “El Estado debe garantizar la debida diligencia en la investigación de la muerte de una mujer periodista, obligación reforzada por el rol de la víctima como comunicadora social, profesión fundamental para la convivencia democrática, la libertad de expresión, la transparencia y máxima rendición de cuentas a la que deben ser sometidos los agentes estatales o que cumplan un rol público”
En esta carta, Amnistía referencia además el trabajo de la "Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión", creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa de la libertad de expresión y su rol en el desarrollo democrático. Justamente el informe hace énfasis en que el asesinato de periodistas y comunicadoras por motivos vinculados a sus funciones constituye el mayor acto de violación al derecho de libertad de expresión. Señala, además, que este tipo de acciones promueven la autocensura de otras profesionales, quienes en muchos casos prefieren preservarse a sí mismas.
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No se trata de hechos aislados, sino que constituye la realidad de muchas periodistas, quienes al abordar temáticas vinculadas a aspectos sociales cuentan con una alta exposición a las violencias, que en muchos casos se expresan a nivel digital pero también a través de hostigamiento e incluso amenazas directas. Estas violencias tienen una evidente connotación de género, ya que la crítica no está direccionada al trabajo como tal si no en argumentos personales, físicos, la sexualización o el menosprecio de la profesional en cuestión. Estas acciones afectan de manera física, psicológica y profesionalmente a las comunicadoras.
A lo ya expuesto, también es evidente que en la actualidad hay una grave carencia de una perspectiva federal en los medios de comunicación, donde generalmente son las noticias de Buenos Aires las que se reproducen, incluso en todo el país. De este modo se termina hablando muy poco de lo que sucede en las provincias, y ni decir en los pueblos, salvo con determinados hechos que logran romper la barrera de los medios hegemónicos, pero que se terminan diluyendo con el correr del tiempo. Por eso es crucial para el esclarecimiento del crimen de Griselda la difusión respetuosa y empática del hecho desde la comunicación feminista y popular.
