Presentación de monitoreos en Catamarca o capacitaciones a agentes de salud en Formosa, operativos de colocación de implantes en Cruz del Eje, Córdoba, o consejerías en centros de atención primaria de la salud y en hospitales, encuentros con decisoras en Entre Ríos o reuniones operativas de las activistas encargadas de los monitoreos sociales de Córdoba y La Rioja.
Éstas son sólo algunas de las actividades llevó adelante Católicas por el Derecho a Decidir a través del programa “Rodando derechos, fortalecimientos de equipos de salud en las provincias argentinas”. Un programa que les permitió llegar a ocho provincias del norte y centro de Argentina, en alianza con los distintos niveles y áreas del Estado, universidades y organizaciones sociales, para ampliar y mejorar la calidad de la atención de los servicios de salud pública en el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo y a la salud sexual y reproductiva.
“El programa lo pensamos apenas aprobada la Ley 27.610, en el 2021”, cuenta a Feminacida Ana Murillo, Coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir al rememorar los inicios de la iniciativa, hace cuatro años. La preocupación de ese momento era “cómo acompañar procesos de incidencia en las provincias para garantizar la ley”, relata. Así, el programa se compuso por tres ejes: capacitación, consultoría y atención. La primera capacitación que dieron fue en plena pandemia, un posgrado virtual en Santiago del Estero. Luego, siguió Formosa.
Una particularidad de este programa es que se promovió de manera articulada con el Estado nacional, pero también con los gobiernos provinciales, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil. “Nuestra propuesta siempre fue que la provincia arme su equipo porque así se referencian con ellos mismos. En general coordinado con la universidad. En Formosa, por ejemplo, lo hicimos con el Ministerio de Desarrollo Humano que tenía Salud, en el programa de Salud Comunitaria”, cuenta Morillo.
Lo que hacían era ver el mapa de la provincia, sus distritos sanitarios y hacer capacitaciones en todos los distritos. Seleccionaban los hospitales centrales y allí se convocaba a todos los servicios de salud del distrito. Así llegaron a Pirané, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Clorinda, entre otras veintinueve localidades de Formosa; o a Campo Gallo, Ojo de agua y Suncho Corral en Santiago del Estero. Posadas, Alem, Apóstoles y Oberá, en Misiones. Desde 2021, alcanzaron con capacitaciones para el personal de salud a un total de 142 pueblos en ocho provincias del centro y norte del país.
“La estrategia de que los equipos sean locales para nosotras es una decisión política en la medida que capitaliza la provincia, no es algo nuestro que aterriza y se va”, explica Morillo. Y resalta algunos de los resultados directos del programa: después de dos años con el programa en Formosa de 6 servicios de aborto se abrieron 39. En Misiones pasó lo mismo, de 21 pasaron a más de 30. Y en Córdoba, de ser dos servicios los que garantizaban abortos pasaron a 79 de un total de 100. “Eso tiene que ver con que los profesionales se capaciten, estén seguros, tengan un lineamiento institucional”, argumenta Morillo, quien además forma parte de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y trabaja en salud pública hace más de 20 años.
Pero también hay otros resultados, más invisibles tal vez, pero igual de transformadores. Por ejemplo en uno de los encuentros en Formosa, cuando Mirta, una catequista del lugar, agradeció conocer a Católicas por el Derecho a Decidir porque pudo expresar eso que sentía adentro: “Soy catequista”, le dijo a una de las capacitadoras “y sabía que tenía que acompañar a las mujeres a abortar”.
“Nuestro propósito era que se conozcan los alcances de la Ley N° 27.610, que la Ley cubre a los profesionales de la salud, que nos da garantías de seguridad a las y los profesionales de la salud y que el medicamento era una práctica segura para la atención del aborto”, detalla Ana Morillo.
Muchas de estas capacitaciones nacen a partir de los resultados de los diferentes monitoreos sociales que llevan adelante Católicas por el Derecho a Decidir a través del programa Rodando Derechos. Los monitoreos son formas de investigación participativa, donde las encuestadoras son las propias activistas y mujeres de cada territorio, con el objetivo de recabar datos que permitan incidir en mejoras para el acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos con acciones concretas.
El aborto se sigue garantizando en un escenario difícil
Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el Gobierno Nacional dejó de enviar insumos (como medicación para el aborto y anticonceptivos) a las provincias, vaciando al sistema de salud pública en general, pero con un ensañamiento y un ataque especialmente dirigido a las políticas públicas relacionadas a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos.
Uno de ellos fue el desmantelamiento del Plan ENIA. Así lo cuenta Ana Morillo: “Con la baja del Plan ENIA a Santiago del Estero, a Misiones, a Catamarca, los vaciaron de profesionales porque eran provincias que tenían muchos profesionales en ese programa”.
Otro fue el vaciamiento de la Dirección Nacional de Salud Sexual. Desde CDD venían trabajando codo a codo con este organismo, formando parte, incluso, del Consejo Asesor de la Dirección, una entidad creada mediante la Resolución 1/2007 del Ministerio de Salud, cuya función era fomentar la cooperación entre las autoridades de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, las asociaciones científicas y profesionales, del sector educativo y de organizaciones no gubernamentales especializadas en el tema. Durante 2024 el Consejo Asesor sólo fue convocado una vez y, desde el inicio del 2025, las organizaciones están pidiendo reunirse pero no han tenido respuestas.
“Los servicios de aborto no disminuyeron en general. Sí se complicó un poco porque la medicación estaba más a cuenta gotas entonces a lo mejor, una mujer que iba a solicitar un aborto en ese momento no le podían dar la medicación, tenía que volver a buscarla”, analiza Morillo en base a su experiencia durante este año. Según su mirada, “las mujeres al principio de la aplicación de la ley iban a atenderse con cinco seis semanas de embarazo, se había adelantado muchísimo la consulta”. Pero ahora, con el gobierno de la derecha, “volvió a haber unas semanitas de retraso”, afirma. Es decir, que llegan a las consultas gestaciones más avanzadas que antes. “No sabemos si es la duda de si se va a atender o no, si sigue siendo legal o no o que estamos tan apabulladas por la vida diaria que no se registra lo que pasa en el cuerpo. Estamos atendiendo con más semanas”, relata la médica.
“La preocupación es que haya comida todos los días y está difícil”, pero la ley está vigente y el aborto debe garantizarse en todo el país.
¿Por qué apostar a las redes?
“Para nosotras no hay forma de sostener nada si no es con redes. Solas nadie hace nada, nos lo enseñó la práctica feminista”, afirma Ana Morillo. Cuando se habla de aborto, sentirse acompañada es fundamental. Pero también lo es para quienes acompañan.
Rodando Derechos continuará este año con capacitaciones a equipos de salud de La Rioja, Catamarca, Córdoba y Entre Ríos. En Santiago del Estero, además, serán destinadas a los consultorios de adolescencias de toda la provincia y en Formosa estarán acompañadas de la presentación de uno de los monitoreos en ese territorio.
“La red es lo que sostiene”, dice Ana, “y es lo que se ha roto, por eso más que nunca hay que fortalecerlas”.
―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―
