“Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen auto son los malos”, dijo Milei en un acto de cierre de la ExpoAgro, junto a la ministra Patricia Bullrich, en marzo de 2025.
No se trató de una frase menor, sino de una afirmación de principios que legitimó al monopolio de la violencia para hacer lo que quisiese: los policías son buenos; los manifestantes, disidentes, transgresores son malos . Este tipo de relato establece un binarismo de "buenos vs. malos" como si de un capítulo de Dragon Ball Z se tratase. El asunto es que los “buenos” cuentan con amplio poder y respaldo institucional, autorizando arbitrariedades, exceso de violencia, gatillo fácil, detenciones masivas y represión indiscriminada tal como sucedió durante las presidencias de Menem con los edictos policiales, dejando a los grupos vulnerables pagando el costo mayor.
En un contexto de quita de derechos, la comunidad travesti/trans es la más afectada. En 2025, según los relevamientos hechos por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ (y otras organizaciones de derechos y memoria trans), hay un fuerte aumento de casos de crímenes de odio y violencia letal contra personas del colectivo travesti/trans. Se reportaron 102 crímenes de odio en el primer semestre, con un 70 % de las víctimas identificadas como mujeres trans. Los informes más amplios, como los del colectivo “Ahora Que Sí Nos Ven", contabilizan travesticidios, transfemicidios y femicidios, pero con frecuencia no se especifica si el agresor fue un particular o un agente del Estado.
En los casos en que sí existen denuncias contra policías (implicando violencia institucional) la información suele ser incompleta o los procesos judiciales avanzan con enorme lentitud, con liberaciones provisionales, escasa transparencia o falta de condenas firmes. Los observatorios priorizan víctimas y contexto, no la responsabilidad estatal directa.
No es azaroso que el gobierno de Javier Milei haya desfinanciado a los organismos que llevan estas estadísticas para que las autoridades de poder den rienda suelta a ese exterminio sistemático de nuestra comunidad con total impunidad.
Sin ir más lejos, y con diferencia de días, recientemente se registraron dos travesticidios en manos de la policía: en Salta, Fernanda, con tan solo 34 años, murió en un contexto que involucra a las fuerzas de seguridad del Estado. La acusaban de haberse suicidado en la comisaría cuando estaba detenida. Se denuncia que la víctima estaba bajo custodia estatal y se sigue exigiendo su investigación, ya que las instituciones cómplices ayudan a que no avance la causa.
Treinti falleció atropellada por un patrullero policial el martes 18 de noviembre de 2025. Según la denuncia pública, un móvil de la Policía Bonaerense que transitaba sin luces, la atropelló en Ciudad Evita, La Matanza. Tras la embestida, fuentes denunciaron que Treinti fue subida al auto y trasladada a un centro de salud, sin embargo, no alcanzó a sobrevivir. No se tiene información de las denuncias o el avance de la causa, tampoco se sabe el nombre de los policías implicados.
Por otro lado, en el año 2023, Sofía Fernández fue hallada sin vida en la celda de la comisaría 5ª de Derqui, Pilar. Efectivos de la Policía Bonaerense fueron detenidos por su asesinato: 10 agentes imputados por homicidio y encubrimiento. Dato no menor, el abogado de los policías es Francisco Oneto, famoso por defender femicidas y travesticidas y a Máximo Thomsen, uno de los rugbiers culpable del asesinato de Fernando Báez Sosa.
La autopsia de Sofía determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica: la investigación señala que habría sido asfixiada con una prenda íntima y trozos de colchón.
En 2025 la mayoría de los policías imputados fueron liberados: primero nueve en 2024, y luego el último en 2025, por falta de pruebas. Pero gracias a la movilización de las organizaciones LGBTIQ+, en noviembre de 2025, un tribunal revocó parcialmente los sobreseimientos y ordenó que los 10 policías imputados sean llevados a juicio.
La violencia policial es a nivel federal a lo largo de todo el país y no solo ataca a las personas del colectivo travesti/trans: Samuel Tobares, de 34 años, fue asesinado el 23 de noviembre de 2025 tras un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, Córdoba, cuando regresaba de trabajar en un hotel. Se bajó del colectivo y, según testigos, fue interceptado por policías. Lo golpearon por aproximadamente 20 minutos, con insultos homofóbicos: escucharon expresiones como “puto de mierda”. La golpiza habría incluido patadas, puñetazos y presión sobre su cuerpo. Después lo trasladaron al hospital, donde ya ingresó sin vida. Dos policías (un sargento y un oficial con más de diez años de servicio) fueron detenidos e imputados por homicidio preterintencional.
En muchos casos, la violencia hacia nuestra comunidad excede los límites institucionales y es perpetrada por personas comunes atravesadas profundamente por los discursos de odio. Tal es el caso de La Queen, una artista drag que fue violentada el 8 de diciembre en el barrio porteño de Villa Real por un varón cis heterosexual, calvo y con barba. La agresión fue denunciada, pero aún no se ha podido acceder a las cámaras de seguridad. Como consecuencia del ataque, la artista quedó en estado de semi inconsciencia mientras era golpeada al grito de “puto de mierda”.
Se registra que en el 2025 la participación policial en crímenes de odio pasó a representar más del 50% de los casos denunciados. Entre el 18 y el 26 de noviembre del 2025, hubo al menos tres muertes de jóvenes LGBTIQ+ en tan sólo ocho días. Este tipo de episodios se relaciona con lo que muchas organizaciones llaman violencia institucional y reaviva denuncias sobre el rol de las fuerzas de seguridad en travesticidios/transfemicidios con impunidad, encubrimientos o falta de castigo real.
Cuando el Estado legitima a los policías como “los buenos” se debilita el cuestionamiento social e institucional sobre sus prácticas. Esto sumado a la tendencia histórica de encubrimientos, liberaciones provisionales o demoras en causas por violencia institucional construye un escenario ideal para que los abusos queden impunes.
En un contexto en donde las personas travestis y trans ya de por sí padecemos discriminación, prejuicios y violencia cotidiana, presentar a quienes luchamos por la igualdad de derechos como “los malos” no hace más que profundizar las desigualdades simbólicas al ubicarnos en un lugar de oposición injustificada. Esa estigmatización facilita que cualquier muerte o agresión contra un cuerpo trans termine naturalizada o ignorada.
El uso de la fuerza como herramienta legítima del Estado deja de verse como excepción y pasa a concebirse como norma. Eso pone en riesgo no solo derechos individuales, sino la convivencia democrática. Manifestarse, disentir, e incluso, existir, se convierte en un acto potencialmente peligroso. El fin es que dejemos de existir, ya sea por medio de asesinatos por parte de las fuerzas estatales o por medio del miedo, que nos escondamos y no seamos visibles manteniéndonos en nuestro closet y viviendo la vida sin libertad y con infelicidad al punto de llegar al suicidio.
Sabemos que las denuncias de violencia institucional, amenazas y homicidios que involucran a fuerzas de seguridad usualmente avanzan con lentitud judicial (o no avanzan), liberaciones provisionales y encubrimientos.
Cuando un Jefe de Estado legitima a la policía como “los buenos”, y criminaliza a quienes pedimos igualdad ante la ley y la sociedad, lo que está en juego no es sólo el orden público sino la vida de quienes históricamente hemos sido vulnerados.
Decir “los buenos son los de azul” suena cómodo, suena “seguro”, suena a orden. Pero en un país marcado por desigualdades, prejuicios, historia de violencia institucional y un sistema judicial débil, esa frase puede transformarse en sentencia de muerte.
Mientras no haya registro público riguroso, transparencia estatal, investigación en el cuerpo policial, condenas, ese respaldo simbólico seguirá actuando como coartada, legitimando la violencia, perpetuando la impunidad y condenando nuevamente a quienes ya no tenemos derecho a existir.
Reducir la bondad al color del uniforme, desemboca en la impunidad para poder exterminar a todo aquel sujeto que reclame igualdad ante la sociedad, que es, nada más ni nada menos, que un derecho humano universal.
Diseño de portada: Taiel Dallochio
