"Hay algo que es real: nosotres cumplimos 7 horas de trabajo, pero el resto del día estamos con la radio y el teléfono al lado, esperando las llamadas de emergencia". Marian Neme es trabajadora estatal: brigadista del Chaltén y parte del equipo ICE de Parques Nacionales, encargado de los incendios, las comunicaciones y las emergencias. Ella, como más de 300 personas, desde el 5 de enero está apagando el fuego en la Patagonia argentina.
Los incendios, que comenzaron en las localidades de El Hoyo y Epuyén, en Chubut, se extendieron por la región y desbordaron el trabajo de las y los brigadistas, que lejos de tener un reconocimiento justo, están cobrando entre 600 y 860 mil pesos por mes. Mercedes Cabezas, Secretaria adjunta de ATE nacional, explica que "en los últimos dos años las trabajadoras y los trabajadores estatales han perdido masa salarial y capacidad de compra y de dinero muy importante. Pero lo que más preocupa es la situación de precariedad contractual en la que se mantienen, con distintas modalidades, compañeras y compañeros que toda la vida estuvieron precarizados. Además, exponen su vida en función de salvar la de los demás, porque eso es lo que hacen todos los días cuando se enfrentan al fuego".
Mientras tanto, los recursos estatales para la prevención y el combate del fuego son pocos y no acompañan la dinámica de un fenómeno que se vuelve cada vez más extremo. De acuerdo con datos oficiales procesados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), a pesar de que 2024 fue el año con la mayor cantidad de focos de incendios registrados en los últimos ocho años, el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) cayó 81% respecto del año previo. Una política que se enmarca en una política general del Gobierno de Javier Milei de reducción de gastos destinados a temas ambientales. Luego de la amplia repercusión de los incendios ocurridos a comienzos de 2025, el SNMF presentó un leve aumento real de la partida de ese año, del 8,5%, pero volvió a desplomarse luego: el presupuesto oficial de 2026 proyecta una caída real del 68,9% respecto de 2023.
Como parte de estos recortes fiscales que promueve el gabinete de Milei, las y los brigadistas recibieron el año pasado apenas la mitad de los fondos destinados para su operación, Y para este año se anunció un desfinanciamiento sustancial del 53 por ciento para la institución.
"Y eso es terrible", comenta Neme, "porque nosotres siempre estamos disponibles, estamos cuando surge la emergencia. Durante el año cumplimos un horario de guardia, que es una jornada de 7 horas en las que hacemos tareas de mantenimiento, prácticas, capacitaciones, entrenamos para no perder el estado físico. Hacemos patrullaje, revisión de los equipos y cuando salimos de laburar estamos con la radio y el teléfono al lado, esperando las llamadas de emergencia. Es estar siempre en estado de alerta y disponible para cuando surja la emergencia salir rápido y responder. Y por esto cobramos entre 600 y 860 mil pesos por mes".
Natalia Dobranski es técnica universitaria en incendios y desde hace cuatro años que inicia el año en la Patagonia, dedicada a apagar el fuego: "A los incendios los veo cada vez más recurrentes, cada vez afectando más zonas de interfase, cada vez veo una meteorología más extrema, mucha sequía y cambio en los patrones normales, lo cual hace que todo sea más difícil de apagar. También hay una desidia institucional tremenda, falta de recursos, falta de personal calificado que tome decisiones".
La catástrofe ambiental está destruyendo hábitats de bosque nativo y especies endémicas como cipreses, coihues y lengas, que conviven con extensos pinares implantados hace más de cinco décadas para la explotación forestal. Esta coexistencia, que resulta perjudicial para los ecosistemas autóctonos, hace que los bosques nativos estén desapareciendo, ya que los incendios dejan cientos de semillas de pino que cuando germinan, favorecen futuros episodios aún más agresivos.
"La realidad es que también tenemos mucho más desarrollo inmobiliario en lugares críticos", afirma Dobranski y continúa: "Son zonas de mucha vegetación, sin ordenamiento territorial, sin políticas de manejo de los espacios y sin gestión del paisaje esto se transforma en un factor crítico a la hora de tener incendios en esos lugares. También la falta de manejo de los servicios de energía eléctrica, con todos los tendidos entremezclados con la vegetación y con unidades de primera respuesta escasos. Por eso es mucho más difícil contener cualquier principio de incendio en esos lugares".
A esa situación se le suma también la falta de personal. "Para proteger a las cinco millones de hectáreas de los Parques Nacionales, se necesitan 700 combatientes, pero actualmente sólo contamos con 391", comenta Neme y agrega: "Es un trabajo muy sacrificado y no sólo por lo poco que cobramos: es un camino de capacitación permanente a lo largo de los años. Y en los incendios está el tema del desgaste físico, el contacto con el humo, caminar kilómetros con la mochila en días de mucho calor, el trabajo árduo con mucho riesgo de accidentes. Es un trabajo duro y muy físico. Y en emergencias por fuera de los incendios también, en el caso nuestro por fuera de los rescates cargamos a personas lesionadas entre dos en una camilla que ya pesa casi 20 kilos".
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Mercedes Cabezas indica que, pese a todas estas exigencias, las y los brigadistas no sólo no llegan a cobrar un salario de un millón de pesos, sino que "tampoco están en planta permanente y no se pueden jubilar contemplando que su trabajo es de riesgo. Y sumado a eso la falta de equipamiento se vuelve crítica en plena emergencia."
Estas exigencias surgen a partir de que el gobierno de Javier Milei definió no reabrir las paritarias para las y los trabajadores de Parques Nacionales –área de la que dependen estas brigadistas– desde 2022, y en 2024, incluso les excluyó de las paritarias sectoriales. Es por ese motivo que perciben un salario inferior al de un administrativo de su misma área.
En este contexto, los diputados chubutenses José Glinski y Juan Pablo Luque de Unión por la Patria presentaron un proyecto el 12 de enero para actualizar los salarios con urgencia, en el marco de una iniciativa para que se declare la Ley de emergencia ígnea, ambiental y socio-económica en la región, dentro del período de sesiones extraordinarias. La iniciativa propone al menos el reconocimiento excepcional durante la emergencia a las y los brigadistas y trabajadores abocados a atender los incendios por un lapso mínimo de 180 días, contemplando el riesgo de sus tareas.
"Necesitamos que se entienda que esto es una emergencia, no sólo para el ambiente, también para quienes estamos apagando el fuego", declara Neme. "Porque lo que no quiero es que se sostengan discursos que contemplen todo esto como cíclico sin que pase nada más. Nuestra situación es precaria y no tiene resolución desde hace mucho tiempo. Por eso estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente y una jubilación acorde".