El 9 de mayo pasado otra mujer fue injustamente condenada a prisión por una emergencia obstétrica en El Salvador. ¿Cuál es la situación de las personas con posibilidad de gestar en el país con una de las leyes más restrictivas del mundo en torno al aborto? En un escenario de creciente criminalización, organizaciones luchan por la liberación de las mujeres privadas de su libertad.
En 2019 Esme perdió a su bebé en una zona rural de El Salvador y fue denunciada por el personal médico que debía velar por su salud. Después de haber sido acusada por la Fiscalía General de la República y mantenida en prisión preventiva por dos años mientras duraba el proceso judicial, a principios de este mes un tribunal la sentenció a 30 años de cárcel.
Se trata de la primera condena de este tipo en los últimos 7 años y la primera registrada en el Gobierno de Nayib Bukele, el presidente que retiró de la propuesta de reforma constitucional la posibilidad de legalizar el aborto y el matrimonio igualitario.
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“En El Salvador la situación de las mujeres que tienen emergencias obstétricas y que viven situación de pobreza y marginalidad, es muy riesgosa”, advierte, en diálogo con Feminacida, Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Morena relata que en el país centroamericano las mujeres que atraviesan una situación de emergencia obstétrica acuden al hospital en búsqueda de asistencia médica y de inmediato son sospechosas de haberse provocado un aborto. “Casi directamente entran a un proceso judicial que las lleva del hospital a las cárceles”, denuncia y continúa: “Esto de equiparar al aborto como un crimen está muy presente en el ejercicio judicial”.
El Salvador es uno de los países con la ley más restrictiva del mundo en relación al aborto. Desde 1998 fue totalmente penalizado, incluso en casos de riesgo de la salud o la vida de la persona. Se eliminaron las causales por las que el aborto no era punible hasta 1974 y se incorporó el delito de “inducción al aborto”.
Las consecuencias están a la vista. Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 1 de cada 4 personas embarazadas en El Salvador son niñas o adolescentes. En 2020 se registraron 12.982 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, de los cuales 503 fueron menores de 14 años.
En los últimos años, la criminalización ha ido en aumento. Una investigación de Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto revela que, durante el período 2000-2019, 181 mujeres fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado.
#ElSalvador| Hoy un juez sentenció a 30 años de prisión a ‘Esme’, quien sufrió una emergencia obstetrica en 2019 y en vez de recibir atención médica, fue acusada por @FGR_SV y ha permanecido en prisión preventiva durante 2 años, lejos de su pequeña hija. pic.twitter.com/gVDHtMALO8
— Agrupación Ciudadana #ManuelaJusticiaYEsperanza (@AbortoPORlaVIDA) May 9, 2022
Desde diversas organizaciones defensoras de derechos vienen tejiendo estrategias desde 2006 para sortear las trabas del Poder Judicial y Penitenciario y liberar a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Hasta ahora, lograron la liberación de 65 mujeres.
“La libertad de cada mujer supone resolver un laberinto diferente”, explica Morena Herrera sobre el trabajo que llevan adelante y agrega: “Esta lucha por la libertad está acompañada de esfuerzos de educación a la ciudadanía, de incidencia y sensibilización a los actores del sistema. También la observancia internacional en los juicios para que no se sigan produciendo hechos”.
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Para Morena, el logro de la legalización del aborto en Argentina y Colombia y las luchas que se están dando en Chile son “esperanzadoras”. “En El Salvador la democracia es mucho más frágil, a veces casi inexistente, pero estos hechos nos dan esperanza a las mujeres que aspiramos a que esta realidad tan injusta cambie”, insiste.
Mientras tanto, la defensa de Esme ya adelantó que apelará la decisión del tribunal por la “parcialidad” con la que actuó el juez, “privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género, por lo que “se va a apelar la decisión”, según expresó la abogada Karla Vaquerano en un comunicado.
