El Gobierno impulsa una reforma penal para bajar la edad de punibilidad de la población juvenil, apoyada más en creencias políticas estigmatizantes que en datos empíricos. Las estadísticas no muestran un crecimiento generalizado del delito juvenil y especialistas advierten que el sistema punitivo difícilmente resuelva lo que el Estado no logró prevenir. Herramientas y datos básicos para abordar la discusión sobre la criminalidad juvenil con información y contraargumentos.
“Asaltó y mató: quedó libre porque es menor”. La frase aparece en titulares, se replica en redes sociales y se instala en la conversación pública cada vez que un delito grave involucra a un adolescente. La repercusión es inmediata y refuerza la percepción de que los crímenes cometidos por jóvenes son cada vez más frecuentes y que el sistema judicial carece de herramientas para responder.
Uno de los casos que reavivó ese clima fue el asesinato en diciembre de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años que vivía en la provincia de Santa Fé. El joven fue torturado y asesinado; entre los involucrados hay varios jóvenes y dos de ellos —de 14 años— permanecen en libertad porque no son punibles bajo la ley vigente. Para distintos sectores políticos, el crimen expuso una “falla estructural” del sistema penal juvenil. La solución, sostienen, es endurecerlo.
El caso funcionó como puntapié para que el Gobierno de Javier Milei insistiera con la inclusión de una nueva Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo de reformar el régimen actual y avanzar en la baja de la edad de punibilidad, actualmente fijada en 16 años.
Pero si los casos que conmueven ordenan la discusión pública, los datos obligan a complejizarla. Los adolescentes representan una proporción reducida de los delitos totales en Argentina, según estadísticas oficiales citadas en el propio debate legislativo. La distancia entre la percepción social y la evidencia es, también, parte de la discusión. Sobre la mesa convivieron distintas propuestas que fijaban el umbral en 12, 13 o 14 años. Actualmente, el Ejecutivo empuja un esquema que permitiría imputar a chicos desde los 14 años en delitos graves —como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros— bajo un sistema especial que contempla penas de hasta 20 años en los casos más extremos y medidas orientadas a la resocialización.
El dictamen se discutió en un plenario de las comisiones de Justicia, Familia y Niñez y Presupuesto, para permitirle llegar al recinto hoy. El punto de acuerdo entre todas las partes es la búsqueda de justicia y prevención del delito, pero discrepan sobre si la solución es aumentar el punitivismo. A continuación, algunas herramientas y datos para abordar la discusión.
Responsabilidad juvenil ante “la barbarie”
El debate sobre la baja de la edad de punibilidad suele apoyarse en la idea de que el delito juvenil es uno de los principales motores de la inseguridad. Desde el oficialismo, el senador por La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, sostuvo: “No me digan que una persona de 13 años no sabe lo que hace, sobre todo cuando se trata de matar a otra persona. Son cosas que estaban pendientes hace muchos años en Argentina y van a ponerle un límite a toda la barbarie que pasa a diario. El delito prolifera cuando las penas son suaves”.
En este sentido, Claudia Cesaroni, abogada, integrante de la organización Argentina No Baja, se expresó al respecto en una entrevista en radio Futurock: “No estamos discutiendo si el de 14 años entiende si está bien o está mal matar, por supuesto que lo entiende. El de 10 también lo entiende. Estamos discutiendo si vamos a responsabilizar penalmente o no y desde qué edad”. “De la misma manera que les reconocemos capacidad para tomar decisiones políticas recién a los 16 años, podríamos decir que son edades que no están basadas en si entiende o no, si saben manejar o si saben lo que es la política. Es la decisión de política criminal y social que tienen los Estados”, agregó.
En ese sentido la abogada, además, suele explicar por qué se habla de imputabilidad cuando la realidad, el término exacto, es punibilidad: “Imputar, se puede imputar un hecho a cualquier edad. La discusión acá es qué respuesta punitiva das”.
El Comité de los Derechos del Niño indica que “pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando”, según Unicef. Haciendo poco probable que comprendan completamente las consecuencias de sus acciones o los procedimientos penales. Por lo tanto, el Comité alienta a los Estados “a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal”.
En refuerzo de este argumento, el neurocientífico y ex diputado nacional, Facundo Manes, ha cuestionado en varias ocasiones la idea de bajar la edad de punibilidad, apoyándose en la evidencia sobre el desarrollo cerebral adolescente. En su propia página web publicó un artículo en el que explica que el cerebro termina de madurar alrededor de los 25 años y que las áreas vinculadas al control de impulsos y a la toma de decisiones son las últimas en desarrollarse. También explicó que los chicos de esa edad tienen mayor tendencia a conductas riesgosas porque el sistema emocional madura antes que el racional, lo que limita su capacidad de prever consecuencias a largo plazo. En esa misma línea, advirtió que responder con castigo penal sin considerar este proceso biológico no ataca las causas del problema, y remarcó la importancia de políticas de prevención, educación e inclusión social.
Sin embargo, cuando el debate se corre de las consignas sobre una supuesta “barbarie” juvenil y se apoya en evidencia, el diagnóstico cambia. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) registró que en 2024 hubo 4.119 niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal en Argentina. De ese total, sólo 865 estaban en dispositivos de encierro; la mayoría contaba con medidas alternativas, lo que implica que ocho de cada diez no estaban privados de su libertad. El informe también detalla que predominan los delitos contra la propiedad (57,1%), seguidos por los delitos contra las personas (13,9%) y contra la integridad sexual (7,5%). Además, la tasa nacional de encierro fue de 1,8 adolescentes cada 100.000 habitantes, con mayor concentración en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.
Para el organismo, estos datos permiten evaluar las políticas públicas destinadas a esta población y remarcan que “el encierro debe ser una medida excepcional, de último recurso y por el tiempo más breve posible”. En esta misma línea, Cesaroni cuestionó la idea de que exista una ola de violencia protagonizada por adolescentes: “Se magnifica una situación como si estuviéramos atravesados por una violencia brutal cometida por niños cada vez más chicos; eso es falso, eso es mentira”. También advirtió que “el castigo nunca resuelve nada, el castigo llega tarde, cuando el daño ya está hecho”, y planteó la necesidad de que el Estado intervenga antes.
Resocialización vs. encierro
Si bien desde el oficialismo se promete que el nuevo régimen penal juvenil no se limitará al castigo, la consigna con la que promueven esta reforma es que a “delito de adulto” debe corresponderle una “pena de adulto”. La iniciativa prevé que las personas menores de edad imputadas sean alojadas en establecimientos especiales, separados de los penitenciarios, donde atravesarían procesos de “adaptación y reintegración social”. Sin embargo, desde el plano legislativo, el diputado Ramiro Gutiérrez de el Frente Renovador advirtió en diálogo con Feminacida que el proyecto no garantiza un sistema socioeducativo real y que incluso podría terminar utilizando cárceles comunes, aunque se mencionen “secciones separadas”, lo que abriría un escenario de riesgo para los derechos de los chicos.
En este sentido, Cesaroni va más allá y cuestiona el supuesto efecto reinsertador del encierro: “Tenemos decenas de miles de niños que no alcanzan a comer dignamente ni acceden a derechos básicos. A esos pocos que cometen delitos, en lugar de ofrecerles una salida de ese círculo, les decimos: ‘te vamos a llevar a la mejor escuela posible para seguir cometiendo delitos, que es una cárcel para niños’”. La especialista recuerda, además, que existen antecedentes de violencia institucional dentro de estos dispositivos. “Hay casos de chicos que se han ahorcado por no soportar el encierro y episodios de adolescentes brutalmente golpeados en requisas”, describió.
Para la especialista, el discurso de la reinserción pierde fuerza frente a la realidad: “Todo ese relato de la educación y los talleres es falso. Si no lo hacen ahora con quienes ya son punibles, ¿por qué pensamos que lo harán con chicos cada vez más jóvenes?”. El oficialismo presenta el encierro como una vía hacia la responsabilidad y la integración social, pero organismos especializados y referentes del campo penal juvenil advierten en sentido contrario: cuanto más temprano es el contacto con el sistema penal, mayores son los riesgos para el desarrollo y el proyecto de vida de les adolescentes.
En esa línea, se remarca que la discusión no debería empezar en lo penal sino en la protección social eficaz, reforzando el Sistema de Protección Integral previsto en la ley 26.061, orientado a detectar de manera temprana los factores sociales que empujan a niñas, niños y adolescentes hacia el conflicto con la ley. La intervención estatal debería llegar antes del delito, no después. Pero lejos de ese escenario, el 47,8% de niñas, niños y adolescentes en Argentina estaría en situación de pobreza —alrededor de 5,7 millones—, según datos publicados por UNICEF en 2025.
La cuenta que no cierra
“El proyecto fue estudiado con especialistas y comparado con experiencias internacionales”, sostuvo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al defender el proyecto oficialista, que fija un costo estimado de $23.739 millones para su implementación e incluye partidas destinadas a infraestructura, educación, reinserción y atención médica para adolescentes en conflicto con la ley penal. Este punto discursivo que busca humanizar la medida, “no tiene financiamiento real”, según expuso a este medio el diputado Gutiérrez que aparentemente votará a favor de la medida, pero que cuenta con una propuesta propia —que, con algunas diferencias, mantiene la baja de edad de punibilidad en 14 años–.
En un sentido meramente económico señaló que la medida “remite a presupuestos futuros e inciertos”. No calcula costos concretos ni crea la infraestructura ni los recursos humanos necesarios. Además, alertó sobre un plazo de implementación “irreal” de 180 días, que no contempla formación ni adaptación institucional. Por otro lado, el esquema dependería de la capacidad de cada provincia para aplicarlo, lo que abre la puerta a desigualdades territoriales y posibles vulneraciones del principio de igualdad ante la ley.
Por su parte, la abogada Cesaroni corrió el eje de la discusión y planteó que para ella la incorporación de una partida presupuestaria responde más a una lógica de negociación política que a un diseño estructural del sistema real. “Lo que recomiendan todos los organismos internacionales es que intervenga el Estado social apenas los chicos cometen sus primeros delitos, dejan la escuela o atraviesan consumos problemáticos. No el Estado penal”, explicó.
“El Presidente menciona todo el tiempo que ‘no hay plata’. Mientras sigue incumpliendo las partidas para el Hospital Garrahan, para sueldos universitarios, para cardiopatías congénitas, para enfermos de cáncer, jubilaciones, pensiones, es vergonzoso que algunos y algunas legisladoras voten este proyecto que promete una cantidad de dinero que será, en definitiva, para construir más jaulas”, agregó.
“Chiquilines gobernados”
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostiene que hoy las organizaciones criminales usan a menores porque saben que “entran por una puerta y salen por la otra”, mientras que el ministro Cúneo Libarona aduce que existen “bandas de chiquilines gobernados y cada vez más” para la realización de delitos complejos, como el narcotráfico. En vez de buscar soluciones para los verdaderos responsables adultos, el Ejecutivo propone castigar a adolescentes por partida doble: no les garantiza una infancia segura ni espacios de contención, pero tampoco esa seguridad en caso de ser apresados.
La contradicción se vuelve más evidente al recordar que, en 2024, el Congreso aprobó una amplia ley de medidas fiscales que incluyó un régimen de regularización de activos —conocido como “blanqueo de capitales”— que especialistas han advertido que poco aporta a la lucha contra el narcotráfico al permitir el ingreso de fondos no declarados al sistema formal. El programa prevé beneficios fiscales y, en algunos casos, exenciones de controles para determinados montos.
Según UNICEF, tres de cada diez adolescentes privados de la libertad habían vivido en situación de calle antes de su detención; la mitad estaba fuera del sistema educativo y, en promedio, habían comenzado a trabajar antes de los 14 años. Entonces, mientras el Gobierno señala el supuesto crecimiento del reclutamiento criminal para justificar el endurecimiento del sistema, organismos y especialistas advierten que la estrategia podría invertir el foco del problema: terminaría castigando a quienes —muchas veces— son sus principales víctimas.
Con todo lo expuesto, queda claro que las estadísticas no muestran un aumento generalizado del delito juvenil. Aunque las infancias y adolescencias atraviesan conflictos complejos, los datos tampoco indican que la solución sea más encierro sin garantizar sus derechos básicos. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei impulsa esta reforma en el marco de una declarada “batalla cultural” que no tiene evidencia, como ya ocurrió con debates como la eliminación de la figura de femicidio, el endurecimiento de penas por “denuncias falsas” en ámbitos de género y familia. El sistema punitivo no resolvió la violencia con gente adulta, y nada indica que funcione mejor con chicos.
