El caso de Pablo Ghisoni puso las “denuncias falsas” en agenda. Con proyectos de ley que avanzan en el Congreso y un discurso oficial que demoniza a quienes denuncian, crece la amenaza de silencio: “Nadie te va a creer”. Mientras tanto, las cifras muestran que se trata de un fenómeno pequeño: lo que abunda, en realidad, es la impunidad.
¿Por qué las “denuncias falsas” se pusieron en agenda? Se insiste con la idea de que están en aumento, pero no hay estadísticas que lo respalden. Y alcanza con que un caso se mediatice para abrir la puerta a proyectos de ley que apuntan a disciplinar a mujeres e infancias.
En las últimas semanas se viralizó el caso de Pablo Ghisoni, el médico que pasó casi diez años preso tras ser denunciado por su ex pareja de haber abusado de sus dos hijos. Durante ese tiempo no pudo verlos y recién este año, tras la absolución y el testimonio en el que su hijo declaró haber sido obligado por su madre a mentir, logró volver a tener contacto con ellos. Su historia, atravesada por pericias cuestionadas y un proceso judicial irregular, se convirtió en combustible para quienes buscan instalar la idea de que las denuncias falsas son una problemática en crecimiento, aunque las cifras digan lo contrario.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), representan apenas el 1% a nivel internacional; y en Argentina, el número es todavía menor: 0,3%. Sin embargo, desde el oficialismo se insiste en legislar sobre un fenómeno ínfimo, mientras otras problemáticas se vuelven cada vez más urgentes. Los abusos sexuales en la infancia, que en más del 89% de los casos ocurren dentro del ámbito intrafamiliar, siguen siendo invisibilizados.
Un fantasma útil: del cine a la política
La figura de la mujer que miente no es nueva. La cultura popular y masiva se encargó de reproducirla durante décadas. Si bien no es un fenómeno emergente, sí hay una tendencia reciente a potenciar ese posicionamiento. En la reciente película Homo Argentum, Guillermo Francella interpreta -entre otros personajes- a un político que queda durante unos minutos detenido en un ascensor con una mujer. Ella lo reconoce como figura pública y lo amenaza: si no le da dinero, lo denunciará falsamente por abuso. La escena funciona como guiño, como broma compartida con el espectador, como si volviéramos a tolerar que está bien reírnos de estos asuntos.
¿Qué podíamos esperar de Francella? Desde ya. Pero se vuelve interesante también pensar en por qué aparece este tipo de escena ahora. ¿Hace ruido? ¿Genera risa al final, cuando él “la ve venir”, y nos damos cuenta que la escena fue todo producto de su imaginación?
Lo certero: instala en el sentido común que las mujeres son capaces de inventar, manipular, exagerar. Ese mismo guion es el que se reactualiza hoy en la política también. “Lo que se intenta hacer ahí es, de algún modo, descreer de la palabra de las mujeres, querer hacerlas quedar como mentirosas, despechadas. Tiene que ver con un intento de disciplinamiento, de sometimiento”, dijo la diputada nacional Mónica Macha a Feminacida.
¿Por qué estamos hablando de denuncias falsas?
Cada 9 de septiembre se conmemora el llamado “Día Internacional contra las Falsas Denuncias”, una efeméride creada en 2018 en homenaje a Simon Warr, un profesor y locutor británico que murió poco después de ser absuelto tras pasar años preso por una acusación de abuso que resultó infundada.
En Argentina, la fecha fue tomada por sectores conservadores como bandera para impulsar jornadas en el Congreso y dar legitimidad a iniciativas legislativas. Una de las caras más visibles de esa campaña es la de Andrea Guacci, esposa de Diego Guacci, ex entrenador de la Selección Femenina Sub 17 y Sub 15 acusado de acoso sexual. Tras su investigación, Guacci fue absuelto por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), pero alega haber perdido todos sus trabajos y haber tenido que detener su carrera a raíz de esto. Desde entonces, Andrea encabeza el Frente de Mujeres Argentinas contra las falsas denuncias, un espacio que articula su lucha personal con la presión política para agravar las penas por este delito.
Además de esta agrupación puntual, también existen profesionales que hicieron de ese nicho su carrera: hay abogados y abogadas que se especializan en estas cuestiones y que defienden a -sobre todo- varones de las “denuncias falsas” con motivo de género y en relación al abuso sexual en las infancias.
La avanzada legislativa
En el Congreso, el oficialismo impulsa dos proyectos que apuntan directamente en esa dirección. El primero, presentado por la senadora Carolina Losada, ya tiene dictamen de comisión con el respaldo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Plantea aumentar las penas por denuncias falsas en casos de violencia de género y abuso sexual.
El segundo, de la diputada libertaria Lilia Lemoine, busca sancionar incluso a quienes difundan una denuncia antes de que haya sentencia firme, con penas de dos a cuatro años de prisión. En los hechos, implicaría criminalizar a periodistas, medios y organizaciones sociales que acompañen denuncias públicas.
Para Melisa García, presidenta de ABOFEM, el riesgo es evidente: “Puntualmente ya existe y está legislado en el Código Penal lo que es la falsa denuncia. Es un ensañamiento directo hacia las mujeres, hacia las niñeces y hacia las diversidades. Es nuevamente volver a esta idea de colocarnos en un lugar de mentirosas, de que nos queremos beneficiar. Esta idea arcaica histórica de que somos locas, histéricas, de que la mujer miente”.
Los procesos judiciales en Argentina ya son, de por sí, revictimizantes y adultocéntricos: denuncias que boyan en fiscalías, interrogatorios que se repiten hasta el hartazgo en centros de atención a víctimas, policías que desalientan con un “no hay mucho que hacer”. Quien cree que las denuncias falsas son un mal de época de mujeres despechadas nunca se sentó en esos pasillos.
García agrega: “Sistemáticamente estos proyectos violan los derechos constitucionales de niñas, niños y adolescentes no solamente en su autodeterminación, en ser oídos en un proceso judicial, en ser oídos acorde a su real maduración y su proceso evolutivo independientemente de su edad. Vuelven nuevamente a criminalizar a mujeres que atraviesan procesos judiciales de la forma que sea, ya sea acompañando a sus hijos, ya sea porque denuncien por sí mismas, por una cuestión vivida o una situación de violencia de género específica. El objetivo es desacreditar, desalentar y seguir persiguiendo a las mujeres”.
Te recomendamos leer: Abuso Sexual en la Infancia: herramientas para detectar y acompañar
Efectos inmediatos: miedo y silencio
El impacto de estos discursos no se queda en lo jurídico: atraviesa la vida cotidiana de quienes se animan a denunciar. “La amenaza de que si vos no lográs probar lo que estás denunciando, la que está en riesgo de ser denunciada sos vos, lógicamente va a tener un efecto arrasador”, advierte Yama Corin, madre protectora e integrante de la Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en la Infancia.
Macha lo refuerza: “Este tipo de discursos de falsas denuncias genera que los propios niños, niñas y adolescentes no se sientan habilitados para decir lo que les está pasando”. Es un cartel enorme que dice: ‘Nadie te va a creer’.
El viejo fantasma del falso SAP
Hablar de denuncias falsas es volver a la lógica del Síndrome de Alienación Parental (SAP), ese concepto sin aval científico que acusaba a las madres de manipular a sus hijes contra los padres. “Plantea una lógica en la cual las mujeres mentimos al denunciar y les llenamos la cabeza a nuestros hijos e hijas para que digan que fueron víctimas de una situación de abuso que en realidad no vivieron”, explica Yama Corin.
Y agrega: “Hablar de SAP y de denuncias falsas es la misma lógica, la misma fuente. Es una pelea política para que la sociedad vuelva a descreer de las mujeres que denuncian violencia y dejando, por supuesto, en esa lógica a los niños y niñas sin defensa.”.
Organización y resistencia
El ataque no se limita al Congreso, sino que se pone en juego en la disputa de sentidos. “Este contexto es un riesgo enorme para las niñeces y adolescencias”, afirma Macha. “No hay políticas públicas en educación, ni en salud. No tenemos Ministerio de Mujeres y Diversidades que también contaba con políticas públicas para acompañar a las madres en sus denuncias. Y el discurso presidencial es absolutamente demoledor, plagado de metáforas pedófilas y violentas. Porque claramente una mirada sobre lo social se construye con políticas públicas y se construye también desde lo discursivo, desde el lenguaje, desde lo simbólico”.
Corin coincide: “Lo que está en juego es una batalla cultural. Se busca volver a instalar que las mujeres mienten, que los varones son perseguidos injustamente. La defensa de la familia nuclear y patriarcal se antepone incluso a la protección de niñas y niños. Va más allá del ataque directo hacia las madres protectoras o hacia quienes denunciamos las situaciones de abuso sino que van por todo. Lo que vienen a hacer es un cambio de sentido”.
Ante este panorama, la organización colectiva se vuelve imprescindible. Hace cuatro años, madres protectoras, sobrevivientes y profesionales conformaron la Mesa Nacional contra los Abusos Sexuales en las Infancias. Desde allí impulsan proyectos como la incorporación de la violencia vicaria en la Ley 26.485, la imprescriptibilidad de los delitos sexuales y la derogación del impedimento de contacto.
A fines de agosto se llevó adelante una asamblea autoconvocada donde madres protectoras, medios de comunicación, sindicatos, feminismos y fuerzas políticas se reunieron para articular próximos pasos en relación al creciente tratamiento mediático y legislativo de las “denuncias falsas”. En septiembre se realizará una asamblea amplia para seguir debatiendo la problemática y tejer redes entre todos los espacios.
Las denuncias falsas son mínimas, pero el fantasma que se construye alrededor de ellas es enorme. No se trata de números, sino de disciplinamiento. Se trata de sembrar miedo y silencio, de garantizar la impunidad en los hogares donde ocurren la mayoría de los abusos.
En un país donde de cada mil casos de abuso sexual infantil solo uno llega a condena, el problema no son las denuncias falsas. El problema es otro: un sistema judicial patriarcal, proyectos de ley que criminalizan a las denunciantes, discursos de odio que deslegitiman nuestras palabras. Frente a eso, la respuesta sigue siendo la misma: organización, memoria y lucha. “Ellos reconocen nuestra fuerza más que nosotras mismas, muchas veces, por eso nos atacan”, concluye Yama.
