Mientras planificaba qué escribir, la Corte Suprema de Justicia confirmaba la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa "Vialidad". Lo hizo de manera unánime y sin siquiera abrir una instancia de debate sobre los planteos de su defensa. Más que un fallo jurídico, el pronunciamiento del máximo tribunal amigo de los grandes conglomerados de poder estableció una estrategia de castigo político donde la sentencia se convierte en el instrumento para cerrar el paso a quien encarna la máxima figura opositora de Milei.
Esta proscripción no puede verse sólo como una jugada del lawfare. Hay algo más profundo y estructural: lo que se castiga no es únicamente el poder político de Cristina, sino el hecho de que ese poder haya sido ejercido por una mujer. Una mujer que no pidió permiso, que no se subordinó a las formas patriarcales de hacer política, que no buscó la aprobación de los medios ni de las corporaciones, y que gobernó bajo sus propios términos. Una mujer que, además, sigue generando amor y odio de una manera binaria y con una intensidad que ningún varón político genera hoy en Argentina.
A Cristina se le exige una pureza extrema, un ejemplo de mujer propio del conservadurismo que ningún otro dirigente varón ha tenido que demostrar. Mientras tanto, figuras como Mauricio Macri (que a pesar de estar procesado, es bien tratado por los grandes medios hegemónicos) circulan sin mayores sobresaltos. La vara no es la misma. Tampoco lo es la cobertura mediática, ni la presión social, ni las lecturas judiciales. La selectividad del aparato judicial se expresa no sólo en términos ideológicos, sino también en clave de género.
El argumento de la causa "Vialidad” parece tener menos que ver con lo supuestamente chequeado en los expedientes que con la necesidad de esa narrativa punitivista: Cristina tenía que pagar. No importaba si era con una condena, con un atentado fallido, con la censura de su voz o con la imposibilidad de ser elegida por su pueblo. Era menester borrarla. Pero, como ella misma dijo: “Soy una fusilada que vive”. Y eso, para muchos, sigue siendo insoportable.
El mensaje es específico y disciplinador: una mujer que llega a la cima del poder político no debe sostenerse íntegra. No se le perdona haber atravesado el techo de cristal, haber gobernado un país, haber desafiado el códice del poder masculino. En las democracias post 2020´s, el castigo a las mujeres no solo adopta la forma brutal de la violencia física, adopta formas institucionales, judiciales, simbólicas. El lawfare es la herramienta más funcional: no solo busca desplazar, sino deslegitimar.
Si además interpela intereses económicos, desafía a los conglomerados financieros y mediáticos, lidera multitudes movilizadas (inclusive autoconvocadas) y se niega a arrodillarse ante el Poder Judicial (alta estructura netamente patriarcal), el castigo se multiplica en demasía. Porque no basta con impedirle competir, hay que disciplinarla también, convertirla en un ejemplo castigado para que ninguna otra ose imitarla. La proscripción se vuelve así un mensaje pedagógico hacia el resto de las mujeres y hacia cualquier proyecto popular que intente recuperar nuestra soberanía.
Cristina no solo desafió intereses económicos durante sus gobiernos, sino que además construyó poder político desde una centralidad con perspectiva de género que alteró las lógicas tradicionales del liderazgo. No fue esposa decorativa ni delegada de un patriarca. Fue jefa de Estado, estratega política, arquitecta de políticas de redistribución y empoderamiento social. Por eso el castigo excede lo judicial: es un castigo a la osadía de haber gobernado con autoridad propia, de haber sido mujer en el lugar donde históricamente solo gobernaron hombres. Y de haberlo hecho sin pedir permiso ni perdón.
Desde la sede del PJ, rodeada de militantes y de funcionarios que se han acercado a ella a pesar de los desencuentros, Cristina respondió con firmeza. No negó los hechos porque en realidad nunca se probó que fueran delitos ejecutados por ella, pero sí señaló con claridad la maniobra política detrás del fallo. “Agregaron el cepo al voto popular”, dijo, y sinceramente tuvo razón. La democracia se vuelve más débil cuando los tribunales deciden por encima de las urnas.
En un país donde las desigualdades de género son todavía estructurales, la condena a Cristina no puede analizarse sin esa lente. Su proscripción es también la señal de que el poder sigue teniendo un techo de cristal, reforzado por jueces que van a jugar al fútbol con Macri. Y que cuando una mujer osa romperlo, no le espera el reconocimiento, le espera la persecución.
Pero como enseñó la historia argentina, las proscripciones suelen ser el principio de una nueva etapa. Cristina no será candidata, pero sigue siendo una referencia ineludible para millones. Y su figura, lejos de borrarse, sigue marcando el pulso de una disputa mucho más amplia: la del sentido de la democracia, del poder y de quiénes pueden ejercerlo sin pedir permiso.
Diseño de portada: Taiel Dallochio
