Profesionales de la salud garantes de derechos y activistas feministas celebraron el 1° Congreso de Salud Sexual Integral y Aborto Seguro en la Universidad de Buenos Aires, un encuentro entre la ciencia, la política del cuidado y el activismo feminista. Tras el evento, Ana Morillo, coordinadora del Área de Salud de Católicas por el Derecho a Decidir, analiza: ¿Qué pasa con los derechos sexuales en la Argentina de Milei? ¿Hablar de derechos sexuales es hablar de justicia social? ¿Cómo se tejen las redes de cuidado que sostienen lo conseguido?
Desde el año 2003, Ana Morillo trabaja en el sistema de salud pública. Es licenciada en Trabajo Social, feminista, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, de la Red de profesionales por el derecho a Decidir y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ana partió desde Córdoba: fue una de las 400 profesionales garantes de derechos que viajaron desde todas las provincias del país para participar del 1° Congreso de Salud Sexual Integral y Aborto Seguro de América Latina, celebrado el 26 y 27 de septiembre pasado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
“Más allá de un congreso científico, fue un acto de militancia, un activismo presente, una renovación del compromiso por garantizar los derechos sexuales: seguimos adelante a pesar del contexto”, asegura.
—¿Qué significa hablar de derechos sexuales y (no) reproductivos hoy? ¿Cómo se enlazan con la justicia social y la democracia?
—Hablar de derechos sexuales y no reproductivos significa hablar y pensar sobre los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos a vivir una sexualidad plena, libre, con acceso a información para decisiones autónomas de nuestras vidas. Está intrínsecamente vinculada a la justicia social y la democracia. Primero, porque los pensamos en el marco de los derechos humanos. Sin dudas son derechos que requieren de un aspecto fundamental: la autonomía y la libertad, nos permite en una democracia plural una participación plena. Pero además, porque en términos de justicia social implica pensar la reducción de las desigualdades que existen en nuestra sociedad. También porque pensamos que el Estado es responsable de garantizar los derechos en el sistema de salud, la atención en los servicios para la promoción, prevención y atención de la salud sexual.
El 1° Congreso de Salud Sexual fue organizado por la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, “una Red que nació en el 2015 al calor de la Campaña, un espacio plural, amplio, federal, que pensó también las estrategias de acceso al aborto cuando no teníamos la ley que tenemos hoy: de allí la red de profesionales, socorristas, cátedras de aborto, docentes, estrategias concretas”, sostiene Ana.
El activismo tuvo su primer congreso, con el objetivo abrir diálogos sobre el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, las prácticas profesionales de los equipos de salud, debatir temas que atraviesan la práctica del aborto y analizar los desafíos que presenta el escenario actual.
Los derechos sexuales en la Argentina de Milei
Argentina, se sabe, es un país que tiene una legislación de vanguardia en materia de derechos sexuales. La Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, por nombrar sólo algunas de las normas alcanzadas al calor de las luchas feministas que permitieron lograr un piso de derechos. El gobierno libertario, a fuerza de ajuste, intenta socavarlos.
—¿Cuál es la situación de la Argentina en términos de acceso a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos?
—Los derechos están vigentes. Las leyes están vigentes. Lo que sucede es que al no haber insumos principalmente para el aborto, pero tampoco de métodos anticonceptivos, crece la desigualdad. El derecho no está garantizado en algunos lugares. Se realiza la atención pero no se entrega la medicación como establece la ley. Estamos con dificultades pese a los enormes esfuerzos de las mujeres, de los equipos de salud que garantizan derechos y de los gobiernos locales que en algún sentido están dando respuesta.
Los datos la respaldan. El informe También es por vos, de Amnistía Internacional, asegura que entre 2024 y 2025 hubo una reducción del 81 % en la provisión de métodos anticonceptivos y tests de embarazos y un aumento de casos de obstrucción de interrupciones voluntarias y legales del embarazo. El caso más representativo del ajuste tal vez sea el cierre del Plan ENIA, un programa que había logrado reducir hasta en un 50% el embarazo forzado en niñas y adolescentes y que hoy se encuentra totalmente desmantelado. Aunque hay proyectos de ley en el Congreso para darle continuidad, no han registrado avances.
En cuanto al acceso al aborto, ha sido dispar a los largo y ancho del país. En algunas provincias, las y los profesionales de la salud que dan acceso a IVE/ILE son sólo el 2% del total de efectores públicos, según datos del último informe del Proyecto Mirar. En otras, la proporción es 7 a 9 de cada 10 de las instituciones públicas. Según la a Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto), publicada en el informe, 8 de cada 10 personas accedieron dentro del plazo fijado por ley, aunque casi la mitad tuvo que pagar parte de los servicios. El 47% pagó algún gasto relacionado con el servicio, variando según el tipo de cobertura médica. La ecografía fue el gasto más frecuente: un 58% pagó esta práctica.
“En el Congreso se trabajó mucho sobre AMEU en el primer nivel de atención, que todavía sigue siendo una materia pendiente para implementarse como primera opción para la interrupción del embarazo”, cuenta Ana.
El activismo de CDD, presente en el Congreso
Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), junto con compañeras de Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja compartieron distintas experiencias en el marco del proyecto Rodando Derechos, como el acompañamiento al trabajo de consultorios para adolescencias en Santiago del Estero, las capacitaciones a profesionales de la salud y los equipos móviles. A través de este programa, presente en ocho provincias del norte y centro de Argentina, en alianza con los distintos niveles y áreas del Estado, las Universidades y las organizaciones sociales, desde Católicas por el Derecho a Decidir buscan ampliar y mejorar la calidad de la atención de los servicios de salud pública a la salud sexual reproductiva y no reproductiva.
También, el Congreso fue un lugar donde exponer los monitoreos sociales. Uno de ellos fue el “Monitoreo sociocultural y lingüístico de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Derechos Sexuales y Reproductivos en pueblos indígenas y poblaciones campesinas en Argentina”, donde aportan datos reveladores, como que el 84,1% de las mujeres indígenas o campesinas que solicitaron una interrupción voluntaria del embarazo no recibió el procedimiento dentro del plazo legal establecido.
El 1° Congreso de Salud Sexual de América Latina reunió voces de Argentina, Brasil, México, Uruguay, Ecuador y otros países de la región entre mesas, conferencias, talleres y muestras artísticas. Tras el encuentro cargado de debates, de contrucción feminista colectiva, Ana concluye: “Este congreso ha sido un abrazo, un empujón para seguir adelante”.
―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―
