Hoy el Senado inicia un debate crucial sobre el proyecto de "Modernización Laboral" impulsado por el Gobierno. Bajo una retórica de actualización y fomento del empleo, el texto enviado por el Poder Ejecutivo propone cambios profundos que, lejos de resolver los problemas estructurales de la Argentina, amenazan con profundizar la brecha de género y la inestabilidad de las personas trabajadoras. Con Patricia Bullrich como principal defensora, los principales focos están en: extender la jornada laboral habilitada, afectar el pago de horas extras y las indemnizaciones, debilitar las huelgas y asambleas, y afectar los períodos de vacaciones.
Al parecer, el oficialismo tiene los votos para que la reforma laboral se apruebe —con modificaciones— en el Senado y restará ver qué sucede en la Cámara de Diputados. ¿Cómo leer esta propuesta cuando el "futuro" que dibuja ignora a quienes sostienen la vida hoy? ¿Qué pilares debería tener una reforma que realmente sea innovadora?
Con aportes de: Mónica Macha, senadora provincial de Fuerza Patria; Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS; y Lucía Cirmi Obón, economista y parte del proyecto “Futuros Mejores”.
El proyecto de "Modernización Laboral" se presenta como una respuesta necesaria para reducir la informalidad y dinamizar el mercado de trabajo, pero en un análisis exhaustivo de su letra no tan chica es fácil identificar que, en realidad, la intención es bastante distinta: más bien se trata de un traslado del riesgo empresarial hacia las espaldas de las personas trabajadoras. Al proponer la implementación del fondo de cese laboral y la reducción y cuotificación de las indemnizaciones, el Gobierno no está fomentando la contratación, sino facilitando y abaratando el despido. En una Argentina que atraviesa una crisis de consumo y cierres de fábricas y empresas (21.046 según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo a octubre de 2025), este "incentivo" se traduce en una mayor inestabilidad para las personas y generaliza la precariedad del sector informal hacia todo el empleo registrado.
Las medidas —en general y si las pensamos en términos proporcionales— afectarán a toda la población porque están construidas para empeorar la formalidad. Esto se debe a que la participación de las mujeres (aproximadamente 46-47 por ciento) es notablemente inferior en este sector con mayores derechos garantizados, en comparación con los varones (aproximadamente del 66 por ciento). En este sentido, en diálogo exclusivo con Feminacida, Lucía de la Vega, coordinadora de la agenda transversal feminista del CELS, advierte que el proyecto "plantea modernización, pero no tiene nada de moderno; lo que hace es generalizar la precariedad para todos y todas, arrastrando las condiciones del sector informal a todos los trabajadores".
En un contexto donde en el segundo trimestre de 2025 el empleo no registrado en la Argentina trepó al 43,2% (4 de cada 10 trabajadores lo hacen en la informalidad), según un reporte elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) —dependiente de la UBA y el CONICET—, las principales alarmas se encienden con las siguientes medidas:
Salarios: Los empleadores podrán pagar la totalidad de los salarios en otra moneda o de otra forma (por ejemplo, alimentos u otros bienes y servicios, vivienda). Además, se permite abonar por billeteras virtuales (guiño a Galperín).
La creación de los bancos de horas: donde se reemplaza el pago de horas extras por tiempo de descanso. Si un día te quedás trabajando de más, la empresa ya no te lo paga con un recargo salarial, sino que te "devuelve" esas horas dándote permiso para entrar más tarde o salir antes otro día. Esto le da a la empresa el control total sobre tu tiempo, eliminando ese ingreso extra que hoy muchas personas necesitan para llegar a fin de mes.
Vacaciones fraccionadas: El descanso anual deja de ser un bloque de tiempo garantizado para convertirse en algo fraccionado. Las empresas podrán dividir tus vacaciones en tramos de apenas 7 días y otorgarlas en cualquier momento del año. Esto rompe con la posibilidad de planificar un viaje o simplemente descansar en familia, ya que se pierde la sintonía con el calendario escolar y la temporada de verano.
Más despidos e indemnizaciones en cuotas: El proyecto introduce el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema donde las empresas ponen plata todos los meses (el 3% de tu sueldo) para cubrir futuras indemnizaciones. Lo problemático de esto es que, a cambio de este aporte, las empresas dejan de pagar otros impuestos patronales al Estado, lo que significa que el sector público termina financiando el costo de que te echen. Además, la reforma achica la cuenta de la indemnización al sacar del cálculo el aguinaldo, premios y bonos, haciendo que despedir sea mucho más barato para el empleador y que se pueda pagar hasta en 12 cuotas. Y si es más barato y fácil despedir… Saquen sus propias conclusiones.
Desarticulación de los sindicatos y los convenios colectivos de trabajo: Hoy, si un convenio colectivo se vence, sigue valiendo hasta que se firme uno nuevo (se prorroga). Con esta reforma libertaria, además de derribar muchísimos estatutos de trabajo, se pone fin a la ultractividad sindical. Es decir, si el convenio se vence y no hay acuerdo, los trabajadores quedan sin protección. Además, se prioriza que cada empresa negocie por su cuenta en lugar de respetar los pisos mínimos de toda la actividad, lo que te obliga a discutir condiciones mano a mano con tu jefe, perdiendo el respaldo de la negociación colectiva. Es decir, sos vos contra tu empleador.
Chau paro, chau huelga: Hacer huelga va a ser mucho más difícil porque se amplía la lista de trabajos (desde la educación hasta la logística) que ahora se consideran "esencial" o "trascendental", obligando a que trabaje entre el 50% y el 75% del personal aunque haya paro. Por otro lado, las asambleas de trabajadores ahora requieren permiso del jefe para el lugar y el horario, y el tiempo que estés ahí no te lo pagan, lo que vacía de poder la organización en el lugar de trabajo.
Las trabajadoras y trabajadores de aplicaciones siguen en la informalidad: El proyecto establece que quienes trabajan en aplicaciones (delivery, transporte, etc.) no tienen una relación de dependencia con las empresas, sino que son "trabajadores independientes" (monotributistas). Al sellar esta categoría por ley, se anula cualquier posibilidad de que la Justicia reconozca el vínculo laboral, lo que tiene consecuencias directas en la vida diaria.
El costo de esta reforma lo pagamos nosotras
Si bien la reforma nos afectará a todes, el impacto no será igual para quienes mayormente encarnan las tareas de cuidado y la informalidad. Uno de los mayores retrocesos se encuentra en la gestión del tiempo y la disponibilidad. El aumento de la carga horaria, la introducción de "bancos de horas" y la facultad otorgada a los empleadores para decidir sobre el esquema de vacaciones ignoran por completo la organización de la vida.
Esta supuesta flexibilidad es, en realidad, una herramienta de incertidumbre que no solo llevará a más trabajadores a la informalidad, sino que impactará directamente en las mujeres (las que sostienen el cuidado). “Una reforma que modernice debería recortar la jornada laboral, para incluirnos. Porque en un contexto donde somos las mujeres las que cubrimos las tareas de cuidado, es muy difícil trabajar más horas”, afirma en una entrevista con Feminacida la senadora provincial de Fuerza Patria, Mónica Macha.
La pérdida de previsibilidad sobre la propia jornada expulsa del sistema a quienes gestionan las tareas domésticas y de crianza, profundizando una brecha de género que ya es estructural. Las mujeres dedican 6 horas y 31 minutos diarios a tareas de cuidado no remuneradas, mientras que los varones dedican 3 horas y 40 minutos, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Se legisla para un trabajador ideal que no tiene personas a cargo, invisibilizando que el mercado solo funciona porque hay alguien, mayoritariamente una mujer, sosteniendo la vida fuera de la oficina.
Por otro lado, todas las mujeres sabemos muy bien qué se siente cuando hay que ir a debatir un aumento salarial con un jefe varón. La desprotección nos pone en una situación de vulnerabilidad extrema. Con esta reforma, al priorizar la negociación individual por sobre los acuerdos gremiales, esa asimetría de poder se vuelve la norma. Además, al eliminar los pisos salariales por actividad, nos quita la única herramienta de justicia que teníamos y nos obliga a negociar nuestra subsistencia desde la fragilidad absoluta.
En último lugar, no podemos perder de vista que las mujeres en edad fértil enfrentan significativas barreras en el mercado laboral, caracterizadas por una menor participación, brechas salariales y alta informalidad. La maternidad suele penalizar la trayectoria laboral, con un impacto negativo en los ingresos y el acceso a puestos jerárquicos. En este sentido, De la Vega señala un vacío alarmante en el Proyecto de Milei: "No aparece ningún tipo de sanción si el empleador despide a una mujer embarazada". Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la proporción de mujeres de 25 a 44 años con hijos en el hogar que transitan desde la ocupación a la inactividad es 18 veces mayor a la de sus pares varones. El texto diluye toda sanción, lo que en la práctica deja a las trabajadoras gestantes nuevamente en una situación de aún mayor vulnerabilidad.
¿Qué sería una modernización? Una reforma laboral el términos transfeministas
Una reforma que mire al futuro no puede basarse en la quita de protecciones, sino en la adaptación de los derechos a las nuevas realidades sin perder su esencia protectora. El proyecto actual decide ignorar las configuraciones del trabajo en plataformas para negar derechos de forma explícita. Al establecer que quienes prestan servicios en aplicaciones "no son trabajadores" e invisibilizar la relación laboral existente, el Estado renuncia a proteger a un sector, donde las mujeres representan el 33% de la fuerza laboral. Esta desprotección se agrava con la falta de auditoría sobre los algoritmos, que no son neutrales: reproducen sesgos que penalizan a quienes no pueden estar disponibles las 24 horas por tener que sostener el cuidado en sus hogares. "Al no detenerlos eso va a tener un impacto de género concreto", comenta a Feminacida la economista Lucía Cirmi Obón, parte del proyecto “Futuros Mejores”.
Hay un punto, sin embargo, en el que el Gobierno ha logrado un triunfo estratégico: virar el debate exclusivamente hacia los términos de su propio proyecto. Se ha instalado la idea de que la única opción frente a este modelo es esta reforma regresiva, invisibilizando otras propuestas —como las de bloques peronistas— que incluyen avances reales en materia de derechos, como la ampliación de licencias por maternidad y paternidad —un punto que de la lengua para afuera le preocupa al Gobierno y de las acciones hacia adentro, no.
Una modernización no debería buscar "abaratar" el trabajo, sino reconocer las condiciones materiales en las que se sostiene la vida. Para que la participación laboral sea real, el cuidado no puede ser un "problema privado" de las mujeres y diversidades. Debe haber políticas que premien a las empresas que fomenten el equilibrio entre vida laboral y familiar para todos los géneros. En este sentido, tanto Lucía de La Vega del CELS, como Mónica Macha, proponen la idea de pensar en sistemas de cuidado donde el Estado y, sobre todo, el mercado tengan una corresponsabilidad para garantizarlo. “Que tenga una red de cuidados institucional, para que cuando la mujer sale a trabajar sus hijos estén bien cuidados”, concluye Macha.
Y si bien sabemos que en materia de igualdad Milei es detractor, un proyecto moderno es uno que permita institucionalizar y garantizar el cumplimiento del cupo en el sector público y generar incentivos reales para la inclusión en el sector privado, atacando la exclusión estructural.
Por otro lado, debería reconocer como trabajo formal las tareas de quienes sostienen comedores, merenderos y redes de cuidado en los barrios. En lugar de flexibilizar, crear mecanismos de registración simplificada que garantice el fortalecimiento del sector de trabajadoras de casa particulares en ejercicio de pleno derecho, dado que es el sector más feminizado y precarizado. Cirmi advierte que —en el proyecto libertario— para este sector "se incluye más flexibilización, que no es lo que se necesita porque no es un problema de costos, sino un problema de percepción de riesgos". El Estado, según sostiene la economista, debería ser más inteligente y "exigirle al country o a los consorcios que sean responsables solidarios en la registración de esas personas".
Una modernización debería incluir el derecho a la desconexión, donde se garantice que el teletrabajo no se convierta en una jornada de 24 horas. Que los "bancos de horas" o esquemas flexibles sean decididos por las trabajadoras que asumen tareas de cuidado, para que la vida familiar y laboral sean compatibles. O que exista una reforma con "licencias igualitarias para la diversidad de familias que incluyan a las monotributistas", como concluye Cirmi.
Y por último, se debería rediscutir la reducción de horas de trabajo sin reducción salarial para redistribuir el tiempo de vida y el tiempo de trabajo de una forma más feliz. Porque legislar para el siglo XXI requiere valentía para enfrentar los desafíos de la automatización y la precariedad, pero con la brújula puesta en la dignidad humana.