El subte está en constante movimiento. Molinetes que giran, escaleras que suben y bajan, cuerpos que transitan de un lado al otro. En ese escenario cotidiano, donde el trabajo es silencioso y generalmente solitario, denunciar un abuso sexual se volvió causal de despido. Araceli Pintos lo hizo. Y a los días se quedó sin empleo.
Araceli tiene 27 años. Es mamá soltera, de dos hijas, y hasta hace poco trabajaba en el área de limpieza del subterráneo, concesionado a Emova S.A. por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todas las noches viajaba desde el sur del conurbano bonaerense hasta la estación Federico Lacroze de la Línea B, donde prestaba servicios desde las 23.30 a las 5.30 de la madrugada. Cuando la despidieron, ya llevaba trabajando cuatro de los seis meses “prueba” que exigía la empresa para quedar efectiva. Había esperado ocho años en la bolsa de trabajo para llegar a ese día.
Pero el acoso sexual permanente que sufrió por parte de un efectivo de la Policía de la Ciudad, y sobre todo que se animara a denunciarlo ante su supervisor, fue motivo suficiente para lo que siguió después, que no fue precisamente la protección de Emova ni del gobierno porteño, sino una secuencia de traslados, hostigamiento, aislamiento y, finalmente, despido.
En diálogo con Feminacida, Araceli cuenta que al principio lo ocultó, no dijo nada: “Pensaba que al policía se le iba a pasar y que iba a dejar de molestarme, porque yo no le contestaba, no le daba ningún motivo. Pero los días pasaban y cada vez era peor”. Cuando se animó a denunciar el acoso que sufría, la trasladaron a la estación Constitución de la línea C, “hasta que un día no me dejaron entrar, sin telegrama de despido, ni nada. Sólo me decían que yo ya no pertenecía a la empresa”. Días después, Emova formalizó el despido.
Andrea Forgueras, una de las abogadas que sigue el caso de Araceli, enfatiza que “Emova tomó la salida más fácil y cruel, porque en vez de poner la atención en el policía y el superior, que le daba órdenes de trabajo, abusándose de su poder, prefirió despedirla en el período de prueba, sin tomar medidas para con los responsables de los hechos que Araceli denunció una y otra vez. Por otro lado, Emova con su actitud encubrió los hechos que están siendo tratados por la justicia”.
Es que la empresa concesionaria del subte no solo no garantizó condiciones para denunciar sin miedo, como establece la ley, sino que protegió con impunidad al agente que abusó de Araceli, negándose a brindar su nombre, y despidiéndola a ella. Mientras la jerarquía y el uniforme actuaron como escudo, la precariedad laboral actuó como castigo.
“Cuando intentamos hacer la denuncia ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, dijeron que no podían tomarla porque Araceli estaba despedida. El Estado no puede desentenderse. Lo que corresponde es que el Poder Judicial avance contra los perpetradores y, al mismo tiempo, que Araceli sea reincorporada a su puesto, porque ingresó de manera genuina”, cuenta Forgueras a este medio.
El precedente que busca sentar Emova, sin embargo, es otro. En un contexto donde el gobierno de Javier Milei se propone avanzar con una reforma laboral que legaliza la precariedad y arrasa con derechos elementales, la empresa apunta a instalar que denunciar violencia laboral o de género puede costar el trabajo. Ese mensaje no está dirigido solamente a Araceli. Es, al mismo tiempo, un intento de disciplinar al conjunto de las trabajadoras. Una advertencia silenciosa: “Si querés conservar el laburo, te la tenés que aguantar. Quieren que mis compañeras, que todas las que pasaron algo como yo, se callen”, dice Araceli con indignación.
En los últimos días, la denuncia de Araceli tomó forma institucional. En la Cámara de Diputados de la Nación y en la Legislatura porteña se presentaron proyectos de repudio al accionar de Emova S.A. y de acompañamiento al reclamo de reincorporación, impulsados por las diputadas Myriam Bregman y Andrea D’Atri. Allí se señaló el carácter ilegal y discriminatorio del despido, y se exigió lo elemental: reincorporación inmediata y fin de las represalias.
“Araceli fue presionada a soportar y a callar como condición para conservar su trabajo y aspirar a la efectivización”, remarca Agustina Chávez, delegada de la línea D. Para ella, “la respuesta de Emova no sorprende. Es la misma empresa que venimos denunciando por exponernos a trabajadores y usuarios al asbesto, un material cancerígeno. A Emova le interesan sus ganancias, pero no la integridad de quienes trabajamos o viajamos en el tren”, enfatiza.
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Junto a Araceli, Agustina y otras trabajadoras del subterráneo, activistas del movimiento de mujeres recorrieron el subte en estos días para visibilizar esta trama, que va mucho más allá de un caso individual. También la primera Asamblea LGTTBIQ de Parque Lezama, donde las disidencias sexuales porteñas organizan las movilizaciones de febrero, por el orgullo y contra la reforma laboral, sumó su solidaridad.
La campaña por la reincorporación de Araceli también incluye medidas de protesta que vienen impulsando trabajadoras y trabajadores de las diversas líneas del subte, con aperturas de molinetes, un comité de apoyo y un petitorio para sumar adhesiones de organizaciones, personalidades y referentes sociales. El reclamo es concreto y no admite eufemismos: reincorporación inmediata, fin de las represalias y garantías reales para denunciar violencia laboral y de género sin miedo.
—Hacé click acá para firmar el petitorio por la reincorporación de Araceli Pintos a Emova—