¿Cómo cambió el trabajo de las abogadas feministas en defensa del aborto a partir de la Ley 27.610? A cinco años de la histórica aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, la abogada Marina Gudiño, integrante de la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), analiza el pasado y el presente de la organización en las luchas por el aborto, los desafíos del contexto actual, y el caso de Paola Ortiz como ícono del reclamo por la liberación de las presas por emergencias obstétricas. Además, el rol de la justicia y la necesidad de volver a poner en agenda un tema central: la reforma judicial feminista.
Corre el año 2016. Desde el 2014 Belén (nombre ficticio), una joven tucumana de 25 años, está presa condenada por emergencia obstétrica: cayó una madrugada en el hospital con dolor de panza y amaneció esposada en la camilla. Soledad Deza, quien por entonces coordinaba el área legal de Católicas por el Derecho a Decidir, tomó conocimiento del caso y asumió la defensa técnica legal de Belén. Los feminismos se hicieron eco de la historia y las calles se cubrieron de movilizaciones masivas en reclamo por la liberación de Belén. En 2017, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán finalmente dictaminó la absolución y finalmente, recuperó la libertad.
Impulsadas por la experiencia de acompañamiento a Belén, movilizadas por los albores de las luchas por el aborto legal y los agites de la Marea Verde, en 2017 se creó la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
“El objetivo era acompañar el acceso a abortos legales por las causales previstas en el Código Penal, fundamentalmente dentro del sistema de salud pública”, cuenta Marina Gudiño, una de sus integrantes. “La Guardia se constituyó desde el inicio como un espacio federal, integrado por abogadas matriculadas en distintas jurisdicciones, lo que permitió una respuesta territorial y articulada”, añade.
La Guardia fue el fruto de un proceso largo que inició en 2003, la primera vez que desde Católicas por el Derecho a Decidir convocaron a una abogada feminista. Buscaban involucrarse como organización en la defensa legal de la Ley 25.673 -la norma sancionada en octubre del 2002 que creaba el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable-, que estaba siendo atacada por los sectores conservadores en la justicia cordobesa.
Desde entonces, CDD participó activamente en la defensa de las políticas públicas de salud sexual desde diferentes instancias legales y, tras la consolidación de la Guardia de Abogadas Feministas, también una nueva forma de ejercer el derecho: los litigios feministas.
-¿En qué consisten los litigios feministas? ¿Cómo fueron construyéndose a lo largo de estos años?
Marina Gudiño: A través de estos litigios buscamos incidir en las instituciones, modificar prácticas estatales, generar precedentes judiciales, impactar en políticas públicas y promover cambios sociales y culturales más amplios. Los litigios feministas parten siempre de una mirada con perspectiva de género, de derechos humanos e interseccional. No se trata únicamente de aplicar normas, sino de disputar sentidos dentro de un sistema judicial históricamente patriarcal, clasista y excluyente, y de utilizar el derecho como una herramienta para transformar esas estructuras.
Cuando el aborto aún no era derecho por ley
Antes de la sanción de la Ley 27.610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, la Guardia de Abogadas Feministas llevaban adelante una labor de hormiga: destrabar, caso por caso, las barreras que imponían los servicios de salud. “Esto implicaba acompañar a mujeres y personas con capacidad de gestar, presentar notas, dialogar con hospitales, articular con profesionales de la salud dispuestos a garantizar, hacer pedagogía jurídica y desarmar el lenguaje técnico que excluye”, recuerda Marina.
-¿Cómo era su trabajo antes de la sanción de la Ley de IVE?
M.G.: La Guardia tuvo un rol central en destrabar barreras de acceso mediante el microlitigio y el litigio administrativo, y también en aquellos casos en los que el derecho al aborto legal se judicializaba. Trabajábamos con el marco normativo vigente: el fallo FAL de la CSJ (2012) , la ley de derechos del paciente, los tratados internacionales y la jurisprudencia regional. Muchas herramientas legales existían, pero eran desconocidas o deliberadamente ignoradas. También cuestionábamos la relación médico-paciente hegemónica, poniendo en el centro la autonomía de las personas y una concepción amplia del derecho a la salud.
Después de la marea
“Después de la sanción de la Ley, además de defenderla frente a los ataques judiciales, el rol de la Guardia se orientó fuertemente a la incidencia y la capacitación”, cuenta Marina. Trabajaron en articulación con diferentes áreas de estados provinciales y municipales, colegios de abogados, poderes judiciales de provincias y, mientras existió, con la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de Nación y donde resolvieron numerosos casos de acceso por vías institucionales entre 2021 y 2023.
Sin embargo, con la asunción de Javier Milei en el gobierno nacional, el derecho al aborto quedó librado a las provincias. El ajuste y el desmantelamiento de políticas de género y de salud, volvió a complejizar el escenario.
-¿Cómo cambió la labor de la Guardia a partir de la Ley 27.610?
M.G.: La falta de insumos, la reducción de servicios y la sobrecarga del personal de salud impactan directamente en el acceso. En este contexto, la Guardia volvió a acompañar caso por caso y además intervenir frente a situaciones de criminalización, como ocurre en los casos de emergencias obstétricas, a veces de manera directa como en el caso de Paola Ortiz.
-¿Hay barreras legales que persisten en el acceso al aborto?
M.G.: Desde la sanción de la Ley 27.610 no existen barreras legales para el aborto. Es una ley de orden público, de aplicación obligatoria en todo el país, que no requiere adhesión provincial y que está respaldada por tratados internacionales y otras normas vigentes. Lo que sí persiste —y se profundiza en un contexto de ajuste, recorte de políticas públicas, discursos de odio y desinformación— son barreras materiales y estructurales: falta de personal, falta de servicios, falta de insumos. El Estado nacional dejó de enviar medicación a las provincias, obligando a los gobiernos locales a asumir esa responsabilidad, lo que genera enormes desigualdades territoriales.
Frente a este escenario, fortalecieron las articulaciones con equipos de salud que garantizas, organizaciones, redes como profesionales por el derecho a decidir y socorristas. “En el aborto, el tiempo es un factor clave, por lo que la respuesta debe ser rápida y eficaz. Informamos sobre derechos, derivamos a centros de salud, exigimos el cumplimiento de la ley y, cuando es necesario, buscamos alternativas para garantizar el acceso”, asegura la abogada.
Paola Ortiz y el reclamo por su libertad
Paola Ortiz es una mujer cordobesa que está presa desde hace 13 años con cadena perpetua por atravesar una emergencia obstétrica. Fue condenada en un juicio repleto de irregularidades, como la ausencia de pruebas contundentes, en un proceso cargado de prejuicios criminalizantes y con falta total de perspectiva de género.
-El caso de Paola visibiliza que la justicia sigue siendo patriarcal. ¿Puede decirse que hay presas por abortar en Argentina?
M.G.: Después de la Ley 27.610 es muy difícil que haya mujeres presas “por abortar”, pero sí sabemos que existen mujeres como Paola, privadas de libertad por emergencias obstétricas. Es difícil saber cuántas son, porque los registros penitenciarios sólo consignan el tipo penal —homicidio, abandono de persona— y no las circunstancias reales. Son mujeres que cumplen condenas en soledad, invisibilizadas y olvidadas. El caso de Paola Ortiz visibiliza claramente que la justicia sigue siendo patriarcal, pero también profundamente clasista. En su condena se utilizaron estereotipos como el de “mala madre”, una categoría que recae casi exclusivamente sobre mujeres pobres, vulneradas y sin redes de contención. Nunca se tuvo en cuenta el contexto de violencia, soledad y emergencia que atravesó Paola. Fue considerada culpable desde el primer momento, aun sin pruebas. Este tipo de trato no suele aplicarse a mujeres de otros sectores socioeconómicos.
Actualmente, se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revise la sentencia que mantiene a Paola presa desde hace 13 años. “Su caso es una injusticia individual, pero también un símbolo de una práctica estructural del sistema judicial”, asegura Gudiño.
“Debemos seguir hablando de una reforma judicial feminista”
Las historias como las de Paola o Belén, abren preguntas: ¿Qué papel juega el poder judicial en la criminalización de las mujeres que atraviesan emergencias obstétricas, como un aborto espontáneo o un parto en avalancha? ¿Es posible transformar el poder judicial?
“En un contexto de retrocesos generalizados, donde se ponen en cuestión derechos humanos básicos, pensar críticamente el sistema judicial es una tarea urgente e ineludible”, afirma la abogada feminista, Marina Gudiño.
-¿Podemos seguir hablando/pensado en una reforma judicial feminista?
M.G.: No solo podemos, sino que debemos seguir hablando de una reforma judicial feminista. Garantizar la laicidad del Estado y fortalecer una mirada feminista y de derechos humanos en la justicia son condiciones indispensables para una democracia real. En Argentina, la democratización de la justicia debe ser un eje central: quiénes ocupan los cargos, cómo llegan, cómo se forman y cómo se evalúan. La capacitación debe ser permanente, los concursos transparentes y reales, y la Corte Suprema de Justicia debe tener mujeres. No es admisible que el máximo tribunal del país siga reproduciendo una composición excluyente y ajena a la diversidad social. Pero también es importante decirlo con claridad: quienes más tienen para decir sobre la justicia no son quienes integran el sistema judicial o ejercen el derecho, sino quienes sostienen los territorios, acompañan situaciones de vulnerabilidad y construyen organización popular.
Para la activista de Católicas por el Derecho a Decidir, en la Argentina de hoy no solo están en juego los derechos de las mujeres y las disidencias, sino también los derechos laborales, ambientales, de niños, niñas y adolescentes, de personas con discapacidad, de jubilados y jubiladas. “El ajuste ha puesto en cuestión las bases mismas del Estado de derecho”, asegura.
-¿Qué desafíos les presenta este contexto político a las abogadas feministas?
M.G.: Las abogadas feministas, como las feministas en general, somos hoy un blanco directo de ataque del actual gobierno. En este contexto, uno de los principales desafíos es seguir utilizando las herramientas jurídicas para defender los derechos conquistados, al mismo tiempo que exigimos el restablecimiento de políticas públicas desmanteladas, como el Plan ENIA y los programas de acceso a la justicia.
Pero “nada de esto puede hacerse en soledad”, cierra Marina. La clave para los feminismos en este escenario de hostilidad sigue siendo la apuesta por la articulación, el trabajo colectivo y la construcción de alianzas. “Sostenemos la convicción de que el derecho, en manos feministas, sigue siendo una herramienta poderosa para desmantelar estructuras de poder, disputar sentidos y transformar un sistema judicial históricamente cerrado y ajeno a las demandas sociales”, concluye.
―Este artículo fue producido en alianza con Católicas por el Derecho a Decidir―
