En el Día de la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia, testimonios desde Chaco hasta Buenos Aires dan cuenta de lo que significaba el Plan ENIA: asesorías en escuelas, confianza y acompañamiento para decidir. Hoy, tras el desguace de la política, miles de adolescentes quedaron sin esa red.
En el departamento Güemes, al norte de Chaco, una adolescente de 17 años recuerda lo que para ella fue la asesoría del Plan ENIA: “Me ayudó con todos mis problemas. Cada vez que me sentía mal, el asesor estaba ahí para escucharme y aconsejarme. Por eso creo que es necesario que sigan existiendo. Nos dan fortaleza para enfrentar cualquier situación y para poder tomar buenas decisiones”.
Su voz podría ser la de miles de chicas y chicos en todo el país. Durante casi seis años, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) funcionó como un puente entre adolescentes y equipos de salud, con presencia en 12 provincias. Hoy, en el Día de la Prevención del Embarazo No Planificado en la Adolescencia, ese entramado de acompañamiento quedó desarticulado.
Desde su creación en 2017, el ENIA logró reducir en un 50% los embarazos adolescentes en el país y evitó casi 94 mil casos no intencionales, gracias a su enfoque interseccional. Su alcance territorial era inédito: equipos de salud en las escuelas, acceso a anticonceptivos de larga duración y fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI). Pero con la llegada del gobierno de Javier Milei, a fines de 2023, el Plan comenzó a desmantelarse: se recortaron presupuestos, se discontinuaron los equipos territoriales y muchas asesorías escolares que funcionaban como espacios de escucha desaparecieron. A mediados de 2024, más de 600 trabajadores no tuvieron renovación de contrato. “Ya no podemos ir todas las semanas a las escuelas. Vamos cuando se puede. Nos duele, porque los adolescentes ya no tienen garantizados ciertos derechos como el acceso a la información clara, científica y oportuna. Hoy es una cuestión de azar que un profesional los trate como se merece”, relató a Feminacida Adriana Moix, asesora del Plan y trabajadora de centros de salud. “Hoy el sistema de salud está explotado y hacemos lo que podemos”, completó.
Durante el funcionamiento del Plan, más de 249 mil adolescentes accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración y se capacitaron más de 23 mil profesionales de la salud y 20 mil docentes. Pero no todo está expreso en los números: “Pedir una toallita en la escuela era una catástrofe, pero con ellos todo eso era mucho más fácil”, recordó Sara, una joven a quien el Plan la atravesó hace poco más de dos años, cuando estaba en 4to y 5to año de la secundaria. “Recuerdo a una amiga, que necesitaba un test de embarazo y en ese momento para nosotras eso era lo peor que te puede pasar. Sin embargo, ellos se lo facilitaron”, compartió también. “Algunos chicos sólo se acercaban a charlar”, contó Sara. Aunque muchos otros, se acercaban a “pedir ayuda”.
ESI SÍ
Casi el 80% de los niños y niñas que denunciaron abuso sexual, lo hicieron después de tener una clase de ESI, según el Ministerio Público Tutelar Porteño.
Sin embargo, después de noviembre de 2024, el gobierno nacional eliminó ciertos contenidos de la ESI al calificarlos de “adoctrinamiento” y redujo el financiamiento del programa. En paralelo, dio de baja materiales que ya estaban distribuidos en las escuelas y en la Ciudad de Buenos Aires para “revisión”. El resultado fue un escenario fragmentado: mientras trece provincias decidieron sostener los programas y los equipos que los elaboran, en otras la aplicación quedó debilitada o suspendida.
“Éramos un grupo de obstetras, psicólogas, médicas, personas capacitadas para sacar dudas y asesorar sobre ESI, como situaciones de abuso, acoso o acceso a los métodos anticonceptivos”, detalló la exasesora Moix, quien hace un mes declaró en un juicio por abuso sexual que se había detectado gracias al Plan ENIA. La víctima, con ataques de pánico, pudo ser atendida en “turnos protegidos” -disponibles en urgencias- y logró hablar luego de un taller escolar.
El Plan no sólo incorporaba personal médico, sino que también capacitaba docentes. Tal fue la experiencia de Ayelén Campot, docente de secundaria en el partido bonaerense de Morón. En sus palabras, “la capacitación trabajaba primero la salida del adultocentrismo: que un adolescente que decide tener un hijo no debe ser castigado ni tratado como adulto inmediatamente”. Campot explicó que la formación no solo brindaba herramientas para hablar de anticoncepción y derechos sexuales, sino que también instruía a lxs docentes sobre cómo acompañar a estudiantes embarazadas o en situaciones de vulnerabilidad: “Teníamos docentes referentes que nos venían a consultar y una facilitadora del Plan, psicóloga o asistente social, que asesoraba tanto a docentes como a estudiantes”.
La docente también destacó cómo el plan impactó directamente en la reducción de embarazos adolescentes y en la garantía de derechos: “Se vio la baja de la tasa de embarazo adolescente en un año y medio o dos; la caída fue abismal desde que se implementó el Plan”. Sin embargo, advirtió que este avance se vio afectado: la desaparición de facilitadores, la burocracia para acceder a turnos médicos y la falta de anticonceptivos gratuitos volvieron a dificultar el acompañamiento de estudiantes.
Sistema de salud desbordado
El vaciamiento del Plan ENIA coincidió con un sistema de salud pública que hoy funciona al límite. “Cada vez más gente que antes tenía obra social ahora se atiende en el sector público. Eso hace que los turnos se demore”, explicó Carla Alpire, promotora de salud en el barrio Padre Carlos Mugica. A ese aumento de la demanda se suman también lxs adolescentes que antes encontraban en las asesorías escolares un espacio de escucha. Sin embargo, la situación en Buenos Aires mantiene algunos recursos y servicios que en las provincias no.
Para aportar una visión federal sobre las consecuencias del desguace del mencionado Plan, Feminacida consultó también a Romina Bernardis, exasesora en Salud Integral en Entre Ríos, quien señaló: “Teníamos en la escuela un caso de un niño de 12 años que trabajaba toda la noche recolectando cartón y llegaba a la escuela sin dormir. Él no prestaba atención; gritaba mucho. Pero no era un problema de conducta, era una historia de vida. El refugio del ENIA sirvió para contenerlo y acompañarlo sin estigmatizarlo”.
Bernardis contó que con su equipo trabajaron mucho en “la deserción escolar, el derecho a la educación y a la salud”, y en informarle a lxs adolescentes que podían acceder a una consulta médica a partir de los 13 años, de elegir un método anticonceptivo, pedir una pastilla anticonceptiva de emergencia sin receta o simplemente charlar: “Las asesoras no éramos docentes ni directivos, por lo que eramos otro tipo de vínculo para ellos. Sin embargo, nada quedó de eso”.
En Chaco, el impacto fue todavía más evidente y la salida buscada pasó al terreno legislativo. Liliana Ensisa, excoordinadora del Plan ENIA en la provincia, relató que junto a otrxs referentes llevaron a la Legislatura un anteproyecto de ley para sostener las asesorías a nivel provincial: “La mayoría de diputados la votó, pero el gobernador Leandro Zdero la vetó completamente”. Esa decisión, además, estuvo acompañada de un fuerte hostigamiento político e ideológico: “En la comisión de Salud nos acusaron de generar mayor cantidad de abortos con nuestras intervenciones, cuando las adolescentes son justamente quienes menos acceden a la práctica”.
“Hoy, sin esa presencia en las escuelas y con un sistema de salud saturado, los adolescentes quedaron sin un lugar donde sentirse escuchados y acompañados. Es una lucha que continúa”, cerró Ensisa.
Estado desarticulado
La dimensión del vaciamiento se entiende mejor al mirar la experiencia de quienes coordinaron equipos en las provincias. “El Plan ENIA significó la posibilidad de articular educación, salud y protección de derechos en un mismo territorio. Hoy volvimos a la fragmentación, a la desarticulación del Estado, así liso y claramente”, advirtió Lucy Grimalt, excoordinadora provincial en Entre Ríos. En esa provincia, 70 profesionales especializados quedaron afuera y las redes que habían logrado instalarse en escuelas, clubes y hospitales se desarmaron de un día para otro.
El retroceso es todavía más grave si se considera lo que estaba en juego. “El embarazo en la adolescencia vulnera derechos, impacta en las oportunidades educativas y laborales y reproduce el ciclo intergeneracional de la pobreza”, mencionó Valeria Isla, investigadora del CEDES. La especialista subrayó que el Plan no solo había avanzado en acceso a anticonceptivos y asesorías, sino también en la detección temprana de abusos y embarazos forzados: “Fortaleció las respuestas institucionales frente al abuso sexual en la adolescencia como parte de una estrategia integral”. El desafío ahora, concluyó Isla, es recuperar esa experiencia probada y sostener políticas públicas más allá de los cambios de gestión: “Está documentado que cuando hay inversión sostenida, equipos capacitados y presencia territorial, las desigualdades estructurales pueden reducirse en poco tiempo”.
