Dos hechos, aparentemente inconexos, tienen un mismo hilo conductor. La cabeza del fotógrafo Pablo Grillo herida por un disparo calculado de la Gendarmería, el 12 de marzo; y el llanto al aire de la periodista Julia Mengolini, el 17 de junio, que —lejos estuvo de ser sólo una reacción emocional— fue el blanco perfecto para una maquinaria de hostigamiento que se activa desde cuentas anónimas y oficialistas. El hilo conductor: las burlas, amenazas, escarnios y ataques que conforman una "guerra" planificada desde la Casa Rosada donde lo que se castiga no es una opinión, sino la disidencia.
En la Argentina de Milei, dejar al borde de la muerte a un fotorreportero o hacer sufrir a una periodista se transforma en trofeo digital. Esta crónica arranca ahí, pero no termina ahí: reconstruye, con hechos, fuentes y testimonios, cómo se organiza la violencia contra la prensa en tiempos de “sicarios con credencial”.
La frase no fue dicha al pasar. Fue escrita y publicada por el presidente de la Nación. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, posteó Javier Milei en su cuenta oficial de X. Luego repitió que los comunicadores son “sicarios con credencial”. No fue una broma, aunque quiso simularlo.
Un día después, el director de El Destape, Roberto Navarro, fue brutalmente golpeado en la vía pública. El fotógrafo de Tiempo Argentino, Antonio Becerra, fue intimidado por el principal asesor del gobierno, Santiago Caputo, en un acto público. El fotorreportero Pablo Grillo fue herido de un disparo en la cabeza el 12 de marzo en Plaza Congreso, mientras registraba la represión a una manifestación de jubilados. Salvó su vida gracias a la atención de los médicos del Hospital Ramos Mejía. Para identificar al gendarme que disparó, fue clave el trabajo de otros reporteros que documentaron los hechos que la ministra Patricia Bullrich quiso ocultar. Pocos días después, Milei lanzó desde un programa de streaming: “¿Tenés ahí los nombres de los que tengo que meter en cana?”. Al día siguiente denunció penalmente por calumnias e injurias a tres periodistas.
En sus primeros 14 meses de gestión, Milei pronunció más de mil insultos, descalificaciones y ataques contra periodistas, opositores y economistas críticos. Un promedio de 2,3 agravios diarios, según un informe de Chequeado.
En esta nota, el entramado sistemático de agresiones contra la prensa bajo el gobierno de Javier Milei y las voces de referentes y especialistas −como Miriam Lewin, Claudia Acuña, Agustín Lecchi y Christian Castillo−, que revelan que no se trata de episodios aislados, sino de una estrategia decidida contra la libertad de expresión.
Discursos que estigmatizan
Argentina atraviesa una de las etapas más restrictivas para la libertad de expresión desde el fin de la última dictadura. Más de 200 casos de violencia contra la prensa fueron registrados por el Observatorio Palabra Democrática, con un 69% cometidos por funcionarios. Según FOPEA, el propio Milei figura en 56 de esos episodios.
Miriam Lewin, exdefensora del Público, analiza que el discurso estigmatizante del oficialismo “es una incitación concreta a la violencia, que cumple con todos los criterios del test de Rabat”, una prueba de umbral sobre discursos de odio elaborada por Naciones Unidas. Además, alerta que esos ataques públicos son discursos de odio con capacidad real de traducirse en hechos violentos, como el ataque contra Roberto Navarro o el disparo a Pablo Grillo. “Todo esto se combina con la precarización laboral y da lugar a la autocensura. Es una degradación de la calidad informativa y un golpe al derecho ciudadano de acceder a información confiable”, dice en diálogo con Feminacida.
Por su parte, Christian Castillo, sociólogo, diputado del PTS/Frente de Izquierda e integrante de la Comisión de Libertad de Expresión en el Congreso, advierte que es un ataque general a la libertad de expresión y a la libertad de prensa: “Se ataca desde el aparato de gobierno y eso después tiene su correlación en agresiones reales y concretas”.
Pero el hostigamiento también se traslada a los tribunales. En mayo, el presidente denunció a varios periodistas por supuestas “calumnias”, “falsa imputación” e “injurias”. El uso de estas figuras penales -eliminadas en 2009 para expresiones sobre asuntos de interés público- es parte de una estrategia orientada a intimidar y silenciar voces críticas, como sostienen desde Amnistía Internacional.
Asimismo, el gobierno impulsa campañas de desprestigio con trolls, cuentas anónimas y recursos públicos. Desde su experiencia como periodista y fundadora de la cooperativa lavaca, Claudia Acuña explica a Feminacida que existe un “método sistemático replicado globalmente para callar voces disidentes”. Para ella, “quieren convertir al periodismo en un perro faldero del poder”.
¡Están reprimiendo a periodistas!
Desde el inicio de su gestión, el gobierno implementó un enfoque punitivo con su Protocolo “antiprotesta” (Resolución 943/2023), que autoriza a las fuerzas de seguridad a intervenir sin orden judicial en manifestaciones, y a usar balas de goma y gases lacrimógenos.
“El protocolo antipiquetes es inconstitucional: afecta el derecho a protestar y viola el ejercicio periodístico”, denuncia Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Según datos del gremio y de Amnistía Internacional, en 2024 más de 50 periodistas fueron heridos por balas de goma, gases y golpes y al menos dos fueron detenidos. Nuevamente, salta a la vista que son hechos sistemáticos, no excepcionales.
“Cuando se ataca a periodistas en protestas, se vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir información”, afirma Lewin. Para ella, el mensaje es claro: “Violencia estatal y censura convergen para generar autocensura”. Lecchi lo sintetiza con crudeza: “No quieren que registremos ni las represiones ni los negociados. Nos atacan para que no haya pruebas”.
Estos hechos, sumados al clima de hostigamiento institucional, configuran un escenario de riesgo para la libertad de expresión y el derecho a informar.
Precarización, censura y violencia estructural
En mayo de 2025, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires publicó una encuesta sobre la "situación socioeconómica de trabajadoras y trabajadores de prensa del AMBA". El informe arroja que el 70% está por debajo de la línea de pobreza y solo el 5% se sostiene con un único trabajo. El 55% tiene dos o más empleos, y un 40% sumó tareas fuera del periodismo.
“El periodista hoy es un trabajador que no llega a fin de mes”, enfatiza Lecchi y subraya: “Lo que intenta este gobierno es que ese trabajador se calle por miedo o por hambre”. Para el referente de SiPreBA, el vaciamiento de medios y la desprotección laboral son parte de una estrategia deliberada para erosionar el derecho social a la comunicación.
Otro dato que aporta la encuesta ilustra sobre las consecuencias de estos ataques: el 86,3% de los periodistas consultados considera que la libertad de expresión empeoró en los últimos 16 meses. El 27% de ellos, de hecho, sufrió agresiones por ejercer la profesión: un 33% fue reprimido, un 20% atacado por funcionarios y un 78% recibió violencia digital.
Para Myriam Lewin, este entramado de agresiones no es casual: "La autocensura como supervivencia empobrece la información y vulnera el derecho a estar informados”.
Hablemos del hostigamiento en la calle digital
El informe “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, de la colectiva Periodistas Argentinas, documenta una ofensiva digital sistemática, especialmente contra mujeres periodistas, organizada y amplificada desde cuentas oficiales o afines al gobierno. En numerosos casos, estos ataques no sólo se traducen en violencia simbólica y amenazas, sino también en inhibición profesional, renuncias, despidos y silenciamiento forzado.
“No se trata de insultos espontáneos, sino de una artillería planificada. Por cinco dólares se contratan miles de cuentas para atacar, pero se necesita mucho más para resistirlo”, sostiene Claudia Acuña. La fundadora de MU agrega que este tipo de campañas “no son sólo para silenciar a una periodista: buscan enviar un mensaje a todas las demás”.
Entre los casos documentados, se destacan los de Luciana Peker, que dejó el país a fines de 2023 tras una campaña de difamación por su militancia feminista; Marina Abiuso, exeditora de género de TN, quien renunció a sus cargos tras recibir amenazas. Romina Manguel fue atacada por el propio presidente tras una entrevista. A Delfina Celichini la amenazaron por identificar a un troll oficialista.También fueron hostigadas María O'Donnell, Silvia Mercado, Jésica Bossi, Ángela Lerena, Julia Mengolini, entre otras.
Según el informe de SiPreBA, crece la violencia simbólica y caen las voces diversas. El objetivo es consolidar un ecosistema mediático más homogéneo, hostil y patriarcal, explican desde Periodistas Argentinas. “Nos designaron como blanco porque nuestras voces importan”, agrega Acuña, y retruca: “Ser atacadas no nos convierte en víctimas, sino en protagonistas”.
El desmantelamiento de medios públicos: un ataque al derecho a la comunicación y a la información
Desde febrero de 2024, el gobierno de Javier Milei intervino por Decreto la agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública, Canal Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Diputados TV y otras señales estatales. El resultado fue inmediato: despidos masivos, recortes presupuestarios y paralización de contenidos, según informaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“Es una política sistemática contra la comunicación. No es solo ajuste: es censura y desguace”, afirma Agustín Lecchi, mientras que Claudia Acuña suma otra capa: “Es una ofensiva contra la memoria y el federalismo informativo”.
El vaciamiento alcanzó a TV Pública y Radio Nacional: salarios congelados, programas levantados y prohibición de contenidos de género, diversidad y derechos humanos (SiPreBA). Encuentro y Paka Paka fueron reducidos a repeticiones, sin recursos ni personal, y su sede fue trasladada de la ex ESMA a oficinas de Télam sin equipamiento.
El ataque también incluyó la intervención de la Defensoría del Público, la parálisis del INCAA y la desactivación de delegaciones del ENACOM. El FOMECA quedó desfinanciado, afectando medios comunitarios e indígenas. También se congelaron fondos a medios universitarios y medios alternativos, como El Grito del Sur, sufrieron intentos de desalojo en el Espacio para la Memoria Virrey Cevallos, con el argumento de “ocupación ilegal” y “financiamiento estatal”.
“No es una suma de decisiones sueltas. Es un plan de disciplinamiento”, afirma Acuña. Para Lecchi, “la libertad de expresión no existe sin condiciones materiales para ejercerla”. “El Estado se retira como garante del derecho a la comunicación y empuja a los medios a la lógica de mercado o al cierre. Eso no es libertad: es censura estructural", remarca.
El Ejecutivo también emitió el Decreto 780/2024, que restringe la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública: permite rechazar pedidos por "mala fe", sancionar a quienes los repiten y ocultar datos por hasta diez años. Un verdadero silencio de Estado, con dificultades particularmente para el acceso a gasto público, contratos y convenios estatales (IJNet).
Según Chequeado, el gobierno actual es el que más pedidos de acceso a la información pública recibió. Y el que más incumplió. La Secretaría de Medios, dirigida por Manuel Adorni, tiene un 66% de incumplimiento. La información no solo se niega: se concentra y manipula.
La pauta oficial, obligación del Estado para garantizar acceso a información pública, fue eliminada para medios críticos, y se direccionó a medios alineados, como Clarín y La Nación, mientras que políticas como la Asignación Universal por Hijo fueron reducidas. Para Myriam Lewin, redunda en “falta de transparencia y publicidad engañosa”. Por su parte, Claudia Acuña advierte: “Ya no se trata de difundir políticas públicas, sino de financiar ataques a voces críticas con recursos del Estado”. Su observación es elocuente: la Secretaría de Comunicación contrató 123 personas en los primeros tres meses del gobierno, mientras se aplicaba el “ajuste” en otras áreas.
El manejo controversial tanto de los medios estatales como de la pauta publicitaria oficial no es exclusivo del gobierno de La Libertad Avanza. La dictadura misma usó esos recursos millonarios para su propaganda genocida y, con mayores o menores niveles de “apertura”, todos los gobiernos constitucionales los tomaron como una extensión de sus oficinas de prensa, dando por demás aire y financiamiento a las voces afines y marginando, ridiculizando y hasta censurando las disidencias.
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Un indicador global del deterioro
Desde que asumió Milei, Argentina cayó del puesto 40 al 87 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF): uno de los desplomes más rápidos y pronunciados a nivel global, sobre un total de 180 países. Según el informe, el mandatario “estigmatizó a los periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política”.
El resultado está a la vista: junto a los cientos de despidos y al ahogo a la producción cultural, también el acceso a la información está siendo cuestionado. En las movilizaciones, las y los trabajadores de prensa ya no sólo usan cámaras y micrófonos, sino también cascos, antiparras, credenciales visibles que no siempre consiguen el resultado buscado. ¿Qué es todo esto sino el paso previo a la censura?
La frase de Milei no fue un exabrupto. Fue una advertencia: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”. Desde entonces, no faltaron las razones para no callarse. Porque el silencio -como se ve en cada testimonio, cada despido, cada bala- no es neutro: es parte del plan.
Foto de portada: SiPreBA
