Diez de la mañana de un miércoles de junio en el microcentro porteño. La estación de Tribunales de la línea D se encuentra atiborrada como siempre, pero más. Entre bufandas y efervescencia popular se abre al paso lento de la escalera mecánica la imagen un cielo celeste que poco a poco empieza a fundirse entre pasacalles y pancartas, “trapos” y globos, remeras, pilusos, cartulinas y carteles, todos con distintas consignas. “Argentina con Cristina”, “Misiones con Cristina”, “Carlos Paz con Cristina”, La Pampa, La Matanza, Río Negro, Santa Cruz, Salta, Chaco, Formosa. “Cristina Libre”, “Cristina inocente”, “Coraje y amor por la patria es Cristina” y “Amor con amor se paga”.
La marcha está convocada para las 14 de ese mismo día, pero desde temprano el clima social anticipa algo, aún para el más cascarrabias de los antiperonistas que se encuentre ahí cerca por rutina o por casualidad.
La misma imagen se repite en San José 1111. Allí, en el barrio de Constitución, en lo alto de ese departamento antiguo convertido en fortaleza espera ella. Un bastión construido al calor laborioso de un pueblo que cuida, recubierta en un escudo de pancartas con consignas: “En tu gobierno conocí la dignidad”, “gracias a vos se jubiló mi mamá”, “los maestros supimos vivir bien”, “gracias a vos el hospital público me curó del cáncer”, “trabajadores de Arsat presentes y agradecidos”, “gracias a la universidad que vos construiste pude estudiar”. Como un museo vivo y en primera persona se despliegan los motivos, casi todos atravesados por políticas específicas. No hay sólo slogans vacíos, hay una reivindicación a un modelo de país.
Se cumplieron dos semanas desde que personalmente paso casi todos los días por Matheu, la sede central del PJ Nacional o por Constitución, el departamento donde Cristina Kirchner transcurre su prisión domiciliaria. Voy por trabajo, en medio del trajín natural de una vida posmoderna y acalorada. Cuando llego siempre invade la emoción ajena, ebullece del asfalto caliente como un leviatán de esos tantos y tantas. Una fortaleza sumergida en olor a choripán y parlantes con folklore o rock argentino, entre asambleas barriales e intervenciones artísticas. Un festival de encuentros donde la gente se sorprende y abraza, se saluda con nostalgia. Hay mucho de eso, de abrazos viejos, pero renovados en la sombra de una crisis institucional que golpea a la democracia.
La Corte Suprema falló y condenó a prisión a la mayor referente de la oposición en Argentina sin una sola prueba que la vincule al delito. Un tratamiento express de una corte con sólo tres integrantes. Una casa plagada de irregularidades en el debido proceso y sobrada de justificativos para observar la falta de imparcialidad de jueces que compartían fines de semana con "El Poder Real", los que más desesperados están por la “alteración del orden público” tras la definición en la condena. Ahí, en medio de la tormenta republicana, el encuentro con otros indignados, azorados, dolidos y preocupados se resignifica. Crece la grieta, pero también se agiganta la convicción.
Luego de entonar la marcha y el himno nacional argentino, la plaza está colmada; también las diagonales que la conectan con las arterias de mayor circulación peatonal y vehicular. El mismo escenario se repite en distintas provincias del país. Casi un millón de personas se sumergen en un silencio atento para escuchar un mensaje que sale de altoparlantes a la vieja usanza. No hay imagen, hay imaginación. Habla Cristina Fernández de Kirchner y todos, hasta los que la odian, hacen silencio para escucharla. Una certeza se hace innegable en ese preciso momento: la capacidad de movilización del peronismo no tiene equivalentes en el sistema político partidario argentino del presente. No es sólo un despliegue organizativo, es la manifestación concreta de una identidad popular construida en décadas de historia compartida. Una historia que es imposible narrar sin hablar de proscripción.
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Un fallo político y no jurídico: el peronismo tiene ese “no sé qué” llamado modelo de país
La sentencia de la Corte no es simplemente una decisión jurídica: es un fallo político. Los tres miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti (presidente del máximo Tribunal), Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificaron el pasado martes 10 de junio la condena contra Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien fuera dos veces presidenta y una vez vicepresidenta de la Nación, entre otros cargos electivos y, a la vez, actualmente presidenta del Partido Justicialista, principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei.
La Corte ratificó y profundizó la estrategia del lawfare en el país al condenar a Cristina en la conocida “causa Vialidad” (CFP 5848/2016) por el delito de administración fraudulenta a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, imponen un decomiso de unos 84.000 millones de pesos.
En los hechos, esta condena significa su proscripción de por vida para postularse en elecciones libres a cualquier cargo y para ejercer cualquier cargo estatal, representando una pena extendida de cuestionable constitucionalidad”, explican los profesionales del Observatorio del Lawfare, quienes estudian las guerras políticas por vía judicial mediática con intereses económicos, políticos y geopolíticos que se dan en simultáneo hace más de una década en Sudamérica: “Se caracteriza por el abuso de prisiones preventivas, delaciones premiadas y veredictos antes del debido proceso judicial, mediante acoso y desmoralización a través de medios de comunicación. Incluye allanamientos de locales políticos y hogares de militantes, persecución y amenaza a familiares, situaciones de exilio y refugio político, manipulación y propagación de miedo en los involucrados en determinados procesos políticos (lawfare)”.
El lawfare opera “desde arriba” del poder ejecutivo y el poder legislativo, opera mediante el poder judicial con la colaboración del poder mediático que construye relatos y arma la narrativa de las causas que luego llegan a la justicia. El lawfare facilita la concentración de facultades y poder para jueces corrompibles rompiendo con el equilibrio entre poderes que garantiza el funcionamiento de la democracia como la supimos conocer del 83´en adelante. Esté acontecimiento es, quizá con un sólo antecedente que es el intento de magnicidio previo a Cristina, la mayor síntesis de esa erosión del sistema republicano totalmente atravesado y perjudicado por el poder económico concentrado.
¿Ese poder económico del que hablas está aquí con nosotros?
La causa "Vialidad" dejó al descubierto una trama de relaciones personales, políticas y sociales que comprometen la imparcialidad del proceso judicial. A medida que se conocieron detalles sobre los jueces y fiscales que intervinieron las sospechas sobre el carácter político del juicio se consolidaron en hechos concretos: vínculos directos con Mauricio Macri.
La imagen más escandalosa apareció en 2022: en ella, se ve al fiscal Diego Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu -ambos protagonistas centrales del juicio- jugando al fútbol en la quinta “Los Abrojos”, propiedad de Mauricio Macri. No se trató de un evento casual. Luciani y Giménez Uriburu integraban un equipo informal, llamado irónicamente “Liverpool”, compuesto por jueces, fiscales, funcionarios del gobierno de Cambiemos y empresarios vinculados al expresidente.
Esa cercanía no era inocua: el fiscal y el juez estaban encargados de juzgar a la principal referente opositora a Macri. Y lo hacían mientras compartían canchas, partidos, encuentros privados. La imparcialidad, principio básico del debido proceso, no estuvo presente en ningún momento.
Rodrigo Giménez Uriburu no sólo jugó en Los Abrojos: como juez del Tribunal Oral Federal N°2, fue uno de los que firmó la condena. Su presencia en la quinta de Macri mientras tramitaba la causa fue revelada por el portal El Destape y generó una ola de críticas desde organismos de derechos humanos, juristas y sectores académicos. A pesar de la evidencia, nunca se apartó del caso.
Jorge Gorini, otro de los jueces del tribunal, no apareció en las fotos pero también fue vinculado con círculos afines al macrismo. Participó en cursos y actividades de cooperación judicial organizadas por la Embajada de Estados Unidos, donde se fortalecieron redes con fiscales y jueces alineados con el discurso de "combate a la corrupción", una narrativa muy utilizada para justificar la persecución judicial de líderes populares en América Latina.
El tercer juez, Andrés Basso, fue el menos expuesto públicamente, pero acompañó sin disidencias el fallo y el rechazo de las recusaciones. Nunca cuestionó los vínculos personales de sus colegas ni propuso apartarse para preservar la transparencia del proceso.
A esta cadena de decisiones se suma Julián Ercolini, el juez federal que instruyó originalmente la causa. Ercolini fue el responsable de procesar a CFK en la etapa inicial y tiene un historial llamativo: sobreseyó o archivó numerosas causas contra Mauricio Macri y su entorno, mientras avanzaba con velocidad sobre exfuncionarios kirchneristas. Su nombre también apareció en los chats filtrados del escándalo de Lago Escondido, donde se revelaron viajes secretos y encuentros entre jueces, empresarios del Grupo Clarín y funcionarios del gobierno de Cambiemos. Su cercanía con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -operador judicial macrista hoy prófugo de la justicia- fue señalada por múltiples fuentes del Poder Judicial.
Cristina Kirchner, el espejo dañado de Lula y el lawfare
Este fenómeno, que busca eliminar a los líderes populares a través de procesos judiciales manipulados y viciados no es exclusivo de la Argentina: lo sufrió Lula Da Silva en Brasil, condenado por un tribunal sin pruebas firmes y luego absuelto; también Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y más recientemente Pedro Castillo en Perú.
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En todos los casos se repite el patrón: líderes que impulsaron procesos de redistribución, fortalecimiento del Estado y autonomía regional, procesos de industrialización y creación de límites jurídicos para el desarrollo de monopolios, así como posicionamientos independentistas al colonialismo contemporáneo de la deuda externa financiada principalmente por Estados Unidos. Todos ellos devinieron judicializados, proscritos y excluidos de la competencia electoral. A veces, mediante sentencias exprés; otras, a través de golpes parlamentarios o fake news judiciales amplificadas por medios concentrados.
El objetivo siempre es el mismo: por algo el presidente del JP Morgan, uno de los bancos estadounidenses más importantes, inauguró su discurso en la conferencia anual de la Cámara de Comercios de los Estados Unidos en Argentina lamentándose por el fracaso en la ejecución del proyecto de ley denominado “ficha limpia”, el cual buscaba impedir que políticos condenados en segunda instancia puedan llegar a cargos públicos (lástima que no hacía referencia a violadores, genocidas o terroristas, sólo a la situación en la que particularmente se encontraba Cristina Fernández de Kirchner antes del fallo de la Corte).
Sí, las empresas estadounidenses radicadas en Argentina pedían la expulsión de Cristina de la contienda política electoral, de la forma que sea aunque la misma implicara desoír la Constitución Nacional.
A pesar de las bombas y los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos…
El cinismo es parte del ejercicio del poder; la humillación, una herramienta valiosa para desacreditar y deshumanizar al enemigo. Lo saben bien los “periodistas” contratados de los medios más masivos de comunicación del país que, días previos a la definición de la domiciliaria, gozaban afilando sus colmillos detrás de sus escritorios observando imágenes de calabozos, imaginando a la expresidenta “tocar el pianito” con dos esposas dentro de la celda.
Durante la semana del fallo y la posterior notificación de la condena, aquel canto histórico propio del peronismo que hace honor a la resistencia cobraba otro color y se entonaba inclusive con un poco más de fuerza. “A pesar de las bombas y los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos… no nos han vencido”. En la marea se mezclan generaciones, hay dirigentes que se acercan a jóvenes y regalan pequeños prendedores con la figura de la flor “no me olvides”, aquella insignia peronista durante la proscripción que comenzó en el 55 y duró 18 años; donde decir la palabra “Perón” implicaba detención, tortura y hasta fusilamiento. En la previa a lo que después desembocaría en un proceso más crudento de desaparición forzada y tortura sistemática por parte del Estado en el período 76 a 83, los peronistas se colgaban un “no me olvides” de la solapa del saco para identificarse a lo lejos, una señal silenciosa de resistencia inteligente y organizada.
Setenta años después, la condena a Cristina Kirchner se determinó en la misma semana en la que allá por 1955 el Ejército Argentino comenzaba el golpe de Estado a Perón, entonces presidente electo por el voto popular. Ese acontecimiento marcó el inicio de la proscripción del peronismo en el siglo XX. Las similitudes no son casuales: cuando el voto popular incomoda la maximización de ganancias del poder económico concentrado, se recurre a otras formas de disciplinamiento.
Setenta años después, la historia se repite otra vez y también en formato de tragedia. Ante la degradación de la democracia no está sólo en juego el futuro político de Cristina Kirchner, sino la construcción de un modelo de país específico. El derecho a una justicia imparcial, ajena a presiones políticas, mediáticas o empresariales, es un principio básico del Estado de derecho. Cuando ese derecho se viola sistemáticamente, la democracia deja de ser plena, como cada miércoles de represión de jubilados. Como cada requisa ilegítima realizada por la Policía Federal comandada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Hoy, en pleno siglo XXI, el poder ya no necesita tanques ni golpes militares o bombas en Plaza de Mayo. Le basta con un expediente, unas firmas y una condena.
Diseño de portada: Taiel Dallochio
