Bajo el discurso de "limitar el intervencionismo estatal", legisladores de extrema derecha presentaron un proyecto para restringir la Ley de identidad de género en Argentina. Detrás de esa narrativa, se esconde una agenda de control sobre los cuerpos que busca negar a las personas travestis y trans el acceso pleno a derechos. En paralelo, resurgen y se naturalizan en distintos ámbitos las prácticas de “conversión de la homosexualidad”, que reproducen violencias psicológicas, simbólicas y religiosas, perpetuadas por los mismos sectores que militan las políticas del oficialismo.
En julio de 2025, un grupo de diputados alineados con el oficialismo libertario y el PRO presentó un proyecto para modificar la Ley de identidad de género. Lilia Lemoine (LLA), Gerardo Milman (PRO) y Carlos Zapata (LLA) -este último también conocido por haber participado de la visita a genocidas en Ezeiza. Los libertarios buscan que los tratamientos de adecuación corporal queden fuera de la cobertura del sistema público de salud y de las obras sociales, violando la voluntad de la Ley original.
La iniciativa tuvo su antesala en febrero de esté mismo año con la divulgación de un decreto donde desde el Poder Ejecutivo nacional (luego de una divulgación sistemática de fakenews sobre el alcance de los tratamientos en infancias trans) se pretendía que los procesos de hormonización se permitiera a partir de los 18 años de edad. En la actualidad, se habilitan a partir de los 16 años y con autorización de los tutores en base a un proceso integral de evaluación de parte del equipo médico, porque a esta edad en Argentina se obtiene la mayoría de edad para fines específicos como el voto y la toma de decisiones sobre el propio cuerpo: “Los jóvenes a esta edad son penalmente imputables, pueden obtener la licencia para ciclomotores y realizar trámites como el cambio de DNI de identidad de género sin autorización parental. También pueden trabajar con limitaciones en la jornada laboral”.
La iniciativa nunca llegó a puerto seguro, visto que en Argentina la Constitución Nacional prohíbe la modificación de leyes sancionadas por el Congreso mediante Decretos de Necesidad y Urgencia. Sin embargo, la ofensiva no cesó: la campaña perpetuada por La Libertad Avanza de desprestigio, demonización y deshumanización hacia las personas de la comunidad LGTBIQNB+ es sistemática y profunda.
En su primer año de gestión, Javier Milei avanzó en un desmantelamiento sistemático de la agenda de género: eliminó la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en la administración pública, disolvió áreas clave como la Subsecretaría de Violencia de Género y el Comité de Lucha contra la Trata, recortó en un 78% el financiamiento del Plan ENIA y dejó sin presupuesto programas como Acompañar y la Línea 144. Además, eliminó el Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata y restringió derechos de personas trans en contextos de encierro. Sin olvidar que comparó a la homosexualidad con la pedofilia en Davos, frente al poder económico mas poderoso del mundo. Estas medidas apuntan, en los hechos, a erosionar el alcance de leyes feministas centrales como la IVE, la Ley de Protección Integral a las Mujeres, la Ley contra la Trata o la de Educación Sexual Integral.
Entre varias de las explicaciones sobre los motivos se encuentra la alianza internacional que tiene la ultraderecha libertaria con otros grandes referentes de la “batalla cultural” contra la “ideología de género” a nivel mundial. Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, entre otros. Estos sectores trabajan en consonancia con las narrativas religiosas del conservadurismo cristiano más estricto, cuyos valores se encuentran profundamente asociados a la perpetuidad de la familia tradicional, heterosexual y cisgénero.
Entre los sectores que pujan por el lobby de la batalla cultural, La Libertad Avanza consolida sus vínculos con distintas religiones como el catolicismo ultra conservador y el judaísmo ortodoxo, pero en particular, no se puede hablar del triunfo de Milei sin pensar en su vínculo con las iglesias evangélicas. Un aliado silencioso pero muy estratégico, con una presencia en constante crecimiento durante los últimos veinte años en la región y en Argentina. A medida que avanza el gobierno la y casi dos meses de las elecciones legislativas, la ofensiva reaccionaria ante los derechos adquiridos de los feminismos preocupa porque la renovación de 129 diputados nacionales y 24 senadores está en juego.
En un escenario optimista para el oficialismo de cara a las próximas elecciones, la Libertad Avanza podría dar un salto significativo en el Congreso: pasar de sus actuales 39 bancas a entre 71 y 94 diputados, y de 6 a entre 14 y 20 senadores. Aunque seguiría sin alcanzar el quórum propio, el oficialismo se consolidaría como la fuerza más influyente del parlamento y reforzaría de manera decisiva su capacidad de negociación legislativa a partir de diciembre de 2025.
Donde no llega el Estado, Dios todo lo ve
Un estudio del Conicet en 2019 registró que el 15,3% de la población argentina profesa la fe evangélica. Son más de siete millones de personas. En 2008, la cifra era del 9%, en once años la cantidad de evangélicos en Argentina creció un 70%. ACIERA, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas, calcula que hoy el 20% de los ciudadanos son evangélicos en nuestro país.
Los guiños del gobierno de Javier Milei al sector son permanentes: en campaña y en el gobierno desplegó gestos de acercamiento al evangelismo. ACIERA comenta en su web tener presencia en más de 15 mil iglesias en todo el país, principalmente en el conurbano bonaerense y muchas otras en provincias del norte. El entonces gobierno en campaña no sólo Incorporó consignas afines a la agenda cultural evangélica como la oposición al aborto, el rechazo a la ESI y al lenguaje inclusivo sino que abrió espacios en las listas de La Libertad Avanza para pastores y militantes evangélicos.
De hecho, la diputada nacional de La Libertad Avanza por Córdoba, María Celeste Ponce, compartió en sus redes sociales su bautismo evangélico en el río Jordán, el mismo donde, según la tradición cristiana, fue bautizado Jesús. Celeste es popular por sus declaraciones vinculadas a la agenda cultural: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del código penal”. También ha dicho que “el feminismo es inmundo” y “sólo representa la hipocresía”.
Nadia Márquez, diputada nacional por Neuquén y encargada de realizar la primera edición de la "Derecha Fest" en su provincia es otra cristiana evangélica que se define como “pro vida” y quien se ha manifestado en múltiples oportunidades en contra de la existencia de la Ley de identidad de género en Argentina. Nadia, además, ha presentado proyectos de solidaridad con Donald Trump y para expresar el “apoyo a la defensa total del Estado de Israel”.
La explicación política para el entramado de alianzas de Milei con el mundo evangélico esconde una manera de abordar la presencia en espacios que para La Libertad Avanza resultan desconocidos: la territorialidad en barrios populares, la militancia y el sostén emocional y psicológico para familias que el Estado olvida. En Argentina, la libertad de credo está garantizada por la Constitución Nacional, que asegura a todos los habitantes la libertad de profesar y difundir su culto, así como el derecho de los extranjeros a ejercerlo libremente. El problema no es la fe, ni la tradición, o los terceros espacios de convivencia comunitaria que encuentran cientos de argentinos para canalizar sus emociones con otros. El problema aparece cuando los políticos quieren imponer su fe individual como política de Estado.
En los últimos días de julio, el Gobierno avanzó con el decreto 486/2025, que otorga personalidad jurídica propia a las iglesias evangélicas. La medida, que pasó casi inadvertida fuera del ámbito religioso, representa un cambio histórico: hasta ahora, para la Justicia las iglesias evangélicas eran equiparables a un club de barrio o una asociación vecinal, obligadas a presentar balances anuales como cualquier otra entidad. A partir del decreto, las iglesias evangélicas quedan eximidas de rendir sus cuentas, en condiciones similares a la Iglesia Católica. La medida se conoció días después de que Milei inaugurara en Chaco un templo de la Iglesia evangélica Portal del Cielo, cuyo pastor Jorge Ledesma se hizo viral en las redes sociales tras confesar que “un milagro le convirtió 100 mil pesos en 100 mil dólares”.
Las iglesias evangélicas suelen financiarse exclusivamente de aportantes individuales que entregan efectivo en cada servicio religioso, la nueva normativa abre una etapa de mayor discrecionalidad y menor control estatal. El mismo templo fue denunciado por abuso sexual en la infancia en 2009, y la condena fue confirmada por la Justicia chaqueña en 2021. Se trata de una demanda civil por daños realizada por la familia de un niño abusado por un “guía espiritual” de esa congregación. El abusador había sido condenado a 10 años de prisión en la causa penal.
Vaciar, estigmatizar, odiar, discriminar, eliminar. Repetir en loop
Mientras a diario acostumbramos a ver en boca de funcionarios libertarios agresiones contra cualquier identidad que no se ajuste a su esquema estético, moral y religioso, detrás se instala la idea de que “el Estado no debería estar obligado a garantizar ni promover políticas de diversidad”. En la práctica, esto implicaría un fuerte retroceso en materia de derechos humanos mediante la reinstalación de la patologización de las identidades travestis, trans y no binarias.
“Lo que intentan es no solamente desfinanciar, sino también clausurar un proceso de logro de derechos que hemos tenido en estos años, como comunidad que se plantea en el marco de la diversidad sexual, que intenta ir más allá de los binarismos y del biologicismo y poder entonces abrazar a todas las identidades de género”, explica la diputada nacional Mónica Macha y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y agrega: “Cuando presentan las modificaciones en la Ley de identidad de género para imposibilitar que las personas puedan hacer sus tratamientos de hormonización, lo que está intentando es volver a una sociedad conservadora, a una sociedad que no pueda vivir libremente sus deseos y sus identidades, y que en definitiva lo que está buscando es retrotraer a nuestra sociedad y a nuestra cultura a un concepto de familia y vínculos familiares sostenidos en el abuso, en la violencia y sostenido también en que muchas personas no puedan expresar libremente sus identidades”.
Mientras se escribe esta nota, ya está siendo vulnerado el acceso a tratamientos de hormonización en todo el territorio argentino. Pacientes y profesionales denuncian una crisis en el acceso a hormonas para personas trans, que afecta tanto al estradiol (oral y en gel) como a la testosterona (inyectable y en gel) y a antiandrógenos como espironolactona y acetato de ciproterona. En paralelo, las cirugías de afirmación de género -incluyendo aumentos mamarios, mastectomías y vaginoplastias- que ya eran escasas en el sistema público, prácticamente han dejado de ofrecerse por falta de recursos. El Hospital Durand notificó recientemente a sus pacientes que “el equipo no cuenta más con prestaciones quirúrgicas”.
En diciembre de 2024, el ministro de Desregulación Federico Sturzennegger publicó orgulloso los números que reflejaban el desguace del gasto público atravesado por la motosierra: un cuarto de los recortes que aplicó Federico Sturzenegger fueron en áreas de género y diversidad.
El proyecto para vaciar la Ley de identidad de género no aparece en soledad: es parte de una avanzada cultural que busca reinstalar jerarquías en torno a qué cuerpos y qué identidades merecen reconocimiento. El argumento de “reducir el gasto público” o de “neutralidad estatal” encubre, en realidad, la idea de que no todos los ciudadanos deben tener el mismo acceso a los derechos básicos a la hora de definir su identidad. La salud es un derecho garantizado por la Constitución Argentina y en las identidades travestis, trans y no binarias, la hormonización es parte de los procedimientos médicos que componen a la salud integral de los individuos.
Mientras tanto, fuera del Congreso, las organizaciones que defienden la diversidad advierten sobre otro fenómeno preocupante: el resurgimiento de las llamadas “terapias de conversión”. Bajo la identidad de programas religiosos, actividades educativas o incluso intervenciones de profesionales de la salud mental, estas prácticas -prohibidas en múltiples países por su carácter violento- buscan forzar a las personas LGBT+ a modificar su orientación sexual o identidad de género.
Una investigación de la Asociación de Familias Diversas de Argentina (AFDA) reveló que la mayoría de las personas sobrevivientes de estas prácticas sufrieron múltiples violencias: la psicológica fue la más extendida, seguida por la simbólica y la religiosa. El patrón común es el intento de disciplinamiento, mediante la manipulación emocional, la desvalorización y el uso coercitivo de la religión para justificar la represión de identidades y orientaciones disidentes. La encuesta incluyó a 839 personas que se identificaron como parte de la comunidad LGBTI+.
“Los datos revelan que la principal vía por la cual las personas llegaron a estos espacios fue a través de la recomendación directa de quienes propusieron las prácticas, como familiares, amistades o líderes religiosos, concentrando el 45,9% de las respuestas. También se destacan las actividades o líderes religiosos como canal de acceso relevante (39,8%), y en menor medida, recomendaciones provenientes del entorno familiar (16,3%) y personal (11,2%)”, cita el informe.
Lejos de ser hechos aislados, estas prácticas han logrado camuflarse en escuelas, espacios comunitarios y hasta ámbitos académicos, muchas veces con el aval implícito de sectores políticos que buscan relativizar el alcance de los derechos adquiridos en los últimos cuarenta años. La conjunción entre proyectos legislativos restrictivos y la expansión de estas terapias ilegítimas revela un mismo hilo conductor: el control de los cuerpos y la negación de la diversidad ya no como expresión de un fanatismo sectario y religioso, sino como política de estado con una presencia cada vez más fuerte en distintos espacios de representación.
