El gobierno de Javier Milei busca modificar la ley que protege uno de los recursos naturales más valiosos y frágiles de nuestro país: la Ley de Glaciares. El proyecto fue enviado para tratarse en sesiones extraordinarias este mes y la modificación principal que busca el oficialismo es redefinir lo que es una zona periglaciar y así permitir el usufructo.
“Desde hace tiempo empresas mineras extranjeras vienen intentando explotar las zonas de glaciar con un lobby muy fuerte”, advierten desde la Asociación de Abogados/as Ambientalistas. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Qué son los glaciares y por qué es importante resguardarlos? ¿Están en riesgo las principales reservas de agua dulce de la Argentina?
En noviembre de 2025, el presidente Javier Milei preguntó en un Congreso de Economía Regional “¿dónde hay oportunidades de negocios en Argentina?”. La respuesta la dio en ese mismo discurso: en la minería.
Unas semanas después, el 15 de diciembre, envió al Congreso el proyecto para modificar la Ley N° 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, también conocida como “Ley de Glaciares”, una normativa sancionada en 2010 para proteger estos valiosos (y frágiles) recursos naturales, que establece un piso de presupuesto y la prohibición de actividades extractivas, como la explotación minera, en zonas de glaciares o periglaciares.
Bajo la premisa de “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental”, según expresaron en un comunicado de la Oficina del Presidente, ahora el gobierno busca flexibilizar el marco normativo vigente, otorgándole mayor poder a las provincias para que sean ellas las que decidan si un glaciar es de interés hídrico o no, es decir si es explotable o no.
“La modificación de esta ley busca permitir a los gobiernos provinciales saltear esta protección que garantiza la ley a nivel nacional y designar que un glaciar no es de interés hídrico”, explica la abogada Romina Araguas, integrante de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientales (AAdeAA).
Marina Parra, activista ambiental y Licenciada en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, especializada Ambiente y Desarrollo, puntualiza: “resulta, cuanto menos, problemático que la misma autoridad que busca autorizar una actividad —con el objetivo de promover ingresos económicos— sea la encargada de definir si el área en cuestión se encuentra protegida o no”. Y afirma: “La modificación de la Ley de Glaciares no se constituye como un hecho aislado, sino que forma parte de un intento de reforma estructural en materia de política ambiental”.
La iniciativa oficialista tuvo dictamen favorable de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El sector minero está ansioso porque salga, pero el ejecutivo decidió debatir primero la reforma laboral y aún no hay fecha cierta para su tratamiento. ¿En qué consisten los cambios que busca el gobierno en la Ley de Glaciares? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Qué es, en definitiva, lo que está en juego?
Ley de Glaciares: un piso mínimo de protección
La Ley de Glaciares actual tiene como fin establecer los presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambientes periglaciares. Al definirlos como bienes de carácter público, la norma busca “preservarlos como reservas estratégicas de agua”, “proteger la biodiversidad”, cuidarlos como “fuente de información científica” y “valorarlos como atractivo turístico”, según establece el texto de la ley.
“La Ley de Glaciares fue un logro colectivo producto de luchas históricas de comunidades locales afectadas por proyectos extractivistas principalmente mineros, organizaciones ambientales, equipos profesionales, institutos de investigación y sobre todo una gran red de asambleas ciudadanas”, cuenta Marina Parra.
Además, se creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), un organismo técnico de CONICET destinado a identificar, caracterizar y monitorear las masas de hielo presentes en el territorio nacional, generando información científica de calidad sobre esos ambientes claves.
¿Qué son los glaciares y por qué es importante protegerlos?
“Los glaciares y los ambientes periglaciares cumplen funciones ecosistémicas irremplazables”, explica Parra. “Son bienes estratégicos y escasos, reservas de agua dulce que contribuyen a la regulación de las cuencas y a la conservación de la biodiversidad, por lo tanto, al bienestar de las comunidades humanas y no humanas. El agua es la base de la vida tal como la conocemos”, añade la activista ambiental.
Los glaciares son masas de hielo perenne, blanco azulados y marrones, ubicados en diferentes ecosistemas, con diferentes formas, dimensión y estado de conservación, por los que corren cursos internos y superficiales de agua. Mezcla de la acumulación de hielo y nieve, fluyen lentamente por la fuerza de su propio peso.
Los ambientes periglaciares son aquellas áreas con suelos congelados, formas de hielo subterráneo presentes en pendientes, laderas rocosas, terrazas y geoformas, que muchas veces ni el ojo humano, ni las imágenes satelitales llegan a detectar, pero cumplen una función fundamental como reguladores hídricos.
“El ambiente periglacial es uno de los componentes más invisibilizados y, al mismo tiempo, más determinantes. Lejos de ser un espacio marginal, concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que no se ven en la superficie y que cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña”, argumentaron una veintena de organizaciones ambientales el documento “Sin agua no hay desarrollo posible: razones por las cuales la Ley de Glaciares no debe modificarse”. En el escrito, consideraron que “cualquier intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.
Según la Organización Meteorológica Mundial, el 70% del agua dulce del planeta está concentrado en forma de nieve o hielo y Argentina se encuentra entre los países con mayor cantidad y diversidad de glaciares del mundo. Por eso, en tiempos de cambio climático, sequía e incendios cada vez más frecuentes, defenderlos se convierte en una necesidad clave. Los datos del Atlas de Glaciares muestran que en nuestro país existen 16.968 cuerpos de hielo que ocupan una superficie de 8.484 km2 a lo largo de más de 5.000 km de extensión, desde Jujuy a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Doce provincias tienen glaciares en su territorio: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Los glaciares, en riesgo
El intento por voltear la Ley de Glaciares no es nuevo. “Desde su sanción, empresas extranjeras mineras vienen intentando explotar las zonas de glaciar. Y vienen haciendo un lobby muy fuerte”, advirtió Romina Araguas, abogada de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA).
Uno de esos intentos fue protagonizado por la Barrick Gold, una de las una de las mayores empresas mineras del mundo especializada en la extracción de oro y cobre, que pidió en el Juzgado Federal de San Juan la nulidad y la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, pero en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de la minera y declaró por unanimidad que la normativa es plenamente constitucional.
Para la activista Marina Parra, la intencionalidad detrás de esta nueva arremetida a la ley, ahora por parte del Gobierno Nacional, está clara: “flexibilizar la protección ambiental nacional vigente de ecosistemas estratégicos como los glaciares —en tanto reservas hídricas y reguladores hidrológicos—, con el objetivo de habilitar y expandir la actividad minera sin un enfoque estratégico que contemple la redistribución de la riqueza generada”. “Para implementar el RIGI necesitan adecuar el marco normativo de modo de hacerse de los recursos que se encuentran especialmente en los ambientes que protege la ley de glaciares”, agrega.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, aseguran que esta discusión en el Congreso es inconstitucional. “Franquea todos los tratados internacionales a los que Argentina adhirió, como la Convención de Escazú, donde se garantiza que en todas las cuestiones ambientales, el Estado debe garantizar la participación y el debate”, explica la abogada Araguas.
“La eliminación de la tutela de la Ley, pone en serio riesgo las reservas de agua dulce de las que dependen las cuencas de la mayoría de nuestro país”, alerta. Actualmente, explica Araguas, “hay cinco o seis proyectos que están frenados con la ley de glaciares, pero se habla de más de 200 proyectos mineros que estarían por aprobarse, que sin lugar a dudas romperían estos ecosistemas, dejando sin agua a gran parte de nuestro país”.