Belén, docente de la UBA, es protagonista de una discusión con estudiantes militantes del partido La Libertad Avanza y es grabada por uno de sus estudiantes. Al instante, ese material es difundido y viralizado por las redes sociales. Las consecuencias no fueron leves: trolls y militantes del oficialismo se encargaron de publicar información personal en la red social X. Desde sus datos académicos hasta los nombres de algunos integrantes de su familia. Su domicilio fue republicado masivamente por cuentas de tal manera, que recibió amenazas y persecuciones virtuales y presenciales.
De forma sistemática, Julia Mengolini es atacada por su trabajo periodístico. Fue considerada como un blanco "digno" para atacarla con comentarios agresivos, con contenidos sexuales creados con inteligencia artificial e incluso se han llegado a viralizar datos privados sobre su persona. Como si fuese menor, el presidente se ha encargado de decir y reproducir públicamente agravios, no solo a ella como voz crítica al gobierno, sino ante cualquier persona mediática que se anime a desmantelar la desidia de estos tiempos. Lo mismo ocurrió recientemente con María O'Donnell, periodista de Urbana Play, que es acusada de recibir pauta por parte de la provincia de Buenos Aires. Su nombre, como el de las otras compañeras, han sido puntapié para crear insultos tratándolas de “pauteras” y “chorras”. Ambas fueron tendencia en X.
Es un odio que también se expande a otros sectores que se encuentran en lucha como la salud pública. Leandro Crisso, médico residente del Hospital Garrahan, fue parte de un cruce con la diputada Lilia Lemoine y recibió una oleada de hetears y un amedrentamiento a través de amenazas e intimidaciones. Llegaron a meterse con su trayectoria laboral tratándolo de “ñoqui”.
La violencia escala y recrudece. Si anteriormente la discusión política era valorada por los argumentos, la militancia, el diálogo y el respeto hacia la investidura presidencial —con sus formas protocolares de enunciar un discurso y demás recursos—, las redes sociales nos proponen una dinámica mucho más abreviada, caracterizada por la máxima subjetividad y la proliferación de discursos de odio. No es que la violencia está de moda, porque la práctica de la difamación de falsas noticias o del escrache a quienes piensan distinto siempre fue criticado en el terreno público y político.
Lo que ocurre es que hay una legitimación sobre estas prácticas, ni más ni menos avaladas y perpetradas por el Estado mismo. Durante el siglo XX fueron varios los momentos en que los sectores de inteligencia y persecución del aparato estatal y judicial se han encargado de perseguir, torturar y desaparecer a personas, incluso estando en democracia. Estas formas, aun con todas las batallas que se han dado sobre Derechos Humanos, persisten concretadas en el plano físico, pero también digital.
"Ojo con comprar la idea que el gobierno vende de que esto es “un vuelto” por algo que yo hice. Porque de ahí al 'algo habrán hecho' hay un paso", escribió Mengolini en la Revista Anfibia luego de la operación contra ella y su hermano. ¿Qué formas tiene el embate hacia la participación democrática en estos tiempos? Si bien tensionamos el rol del Estado, ¿por qué ya la violencia no es solamente vertical sino también horizontal, con quien tenemos al lado? ¿Quiénes son?
Sin embargo, esto no se da de manera casual y espontánea. En una observación más fina: los ataques contra artistas, periodistas y demás usuarios en el territorio digital están pensados y planificados en complicidad con la masividad de trolls, operadores mediáticos y los agentes con cargos públicos destinados a difundir utilizando una voz de autoridad. No se toman medidas para prevenir estas violencias, sino que, como en épocas anteriores, son acciones que pertenecen a un plan sistemático de persecución, ajustes y de créditos para avalar el deporte de pegar como herramienta militante.
Este 17 de julio se publicó en el boletín oficial el Decreto 383/2025 que, en uno de sus artículos, legitima a la Policía Federal la vigilancia cibernética con el objetivo de prevenir delitos y atentados contra la sociedad civil. Si bien es una mecanismo que emerge durante el macrismo, la legalización por parte del Estado marca una nueva forma de comprender a la otredad como un sospecho delictivo. ¿Novedoso? Para nada. No hace falta ser experto en el tema para entender que los actos de vigilancia no ponen el ojo en donde deberían ponerlo, sino que apuntan a militantes y usuarios participantes de la actividad política.
Esto despertó una serie de posicionamientos por parte de organismos de defensa y protección de los Derechos Humanos, como CELS Argentina, que este martes denunciaron penalmente a la Secretaría de Inteligencia del Estado por tener acciones concretas de recopilación y sistematización hacia militantes políticas y organizaciones sociales concretando en tareas de seguimiento y represión.
No hay nada de todo este artículo que no se haya dicho. Desde comienzos de este gobierno —no por una cuestión ideológica—, el SiPreBA vienen realizando relevamientos sobre los ataques a la prensa, los medios alternativos vienen defendiendo estos espacios desde la resistencia, y las organizaciones continúan en una lucha territorial para sostener los derechos día a día. Pero sí es necesario identificar y caracterizar —cosa que no es lo mismo que escrachar— a quienes están del otro lado y cometen, sin piedad ni diálogo posible, la deshumanización hacia el otro.
Aunque pareciera ser que las respuestas son insultos vacíos, el discurso dominante de quienes están del otro lado de la pantalla, mayormente oficiales al gobierno actual, se apoya en un léxico técnico y económico que milita una supuesta eficiencia en la competencia del mercado que busca despolitizar para presentarlo como una obviedad del sentido común. “Hay que domarlos”, “el curro de los Derechos Humanos”, “con la tuya”. Tanto Javier Milei, como sus afiliados al estilo El gordo Dan, representan la figura del varón que “sabe”, que “explica” y que “corrige”. Que sabe manejar el dinero y que pretende un orden estructural en la vida con un rechazo a la vulnerabilidad propia de la experiencia humana.
Porque lo que se pone en tensión, desde el territorio digital, es cuál es el sentido y la lectura que le damos a este contexto. No atacan puntualmente a Julia Mengolini por ser adherente a un proyecto kirchnerista, sino por lo que representa en su rol profesional y ético. Lo mismo con los trabajadores de la salud o la educación pública.
Lo curioso de esto, y tal vez algo que ayude a ampliar una lectura más crítica, es el avance sobre el manejo de la esfera pública en el plano digital por sobre lo que pueda ocurrir de manera presencial. De hecho, hasta no hace mucho existía una cuenta de X llamada Ministerio de Doxeo, con un logo idéntico al diseño oficial. Este usuario, anónimo hasta entonces, se encargaba de difundir información privada e íntima sobre personas puntuales. Esta cuenta fue dada de baja y se llegó a conocer quién la manejaba: un joven chaqueño militante de LLA.
Es necesario ponerle nombre a lo que pasa, enunciarlo y exponerlo en la discusión social y en la justicia. Lo que lleva a pensar que el abordaje más complejo se trata en esa idea ficticia de autosuficiencia y manipulación sobre el otro, aun desde la horizontalidad, que anula la dimensión relacional de toda vida en sociedad, descree en lo constitutivo del colectivo a través de lo común, de la conexión con los diversos actores, tiempos y espacios que este gobierno pretende fragmentar. Por eso, entre tantos motivos y por fuera de ser un partido medianamente nuevo, no hay un anclaje en la movilización social ni popular.
Seguramente la salida también cueste, pero no son disputas que se anulan luego de unas elecciones. Va mas allá de unos resultados. Es cultural y performativo: las ideas que antes estaban sepultadas hoy se vuelven normalizadas y llevan a acciones de daño y deshumanización. ¿Estamos dispuestos a tolerar nuevamente el algo habrán hecho? ¿Se puede reconstruir el consenso? ¿Qué estamos dispuestos a tolerar en democracia? ¿Todo vale?
Diseño de portada: Taiel Dallochio
